# summary
#28M Menstruar cuesta vida: ajuste, exclusión y desigualdad estructural

# content
La eliminación de programas como MenstruAr y los aumentos desmedidos en productos de gestión menstrual exponen cómo la economía también se escribe sobre los cuerpos: sin acceso, sin información y sin políticas, la menstruación sigue siendo una barrera para millones.

Como persona menstruante me propongo reflexionar acerca de ambas efemérides desde una mirada crítica que visibilice los sesgos en el abordaje de la salud de las mujeres, la perspectiva higienista y biologicista de la menstruación y la falta de perspectiva y de acción por la salud de otras identidades de género.

Salud menstrual

El 28 de mayo de 1987 se determinó como el “Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres” en el V Encuentro Internacional Mujeres y Salud, realizado en Costa Rica. Años después, el 28 de mayo de 2014, por iniciativa de la organización alemana “WASH United”, se propuso conmemorar el “Día Internacional de la Higiene Menstrual”. La elección de este día y número de mes, alude a los 28 días que dura en promedio el ciclo menstrual y a los 5 días promedio que dura la menstruación en cada ciclo. La Organización Mundial de la Salud propone utilizar esta fecha como una oportunidad para que los gobiernos adopten medidas que colaboren en la eliminación de barreras en el acceso a la información y a los productos para la gestión menstrual.

Asimismo, se pretende visibilizar y denunciar cómo se vulneran los derechos relativos al acceso a la salud. El objetivo es dar cuenta de que no sólo se trata de un asunto sanitario, sino también de una cuestión de salud integral, de equidad y de dignidad, motivo por el comenzó a adoptarse una nueva nomenclatura para esta fecha: Día Internacional de la Salud y la Dignidad Menstrual.

En esta línea, los cuerpos menstruantes que formamos parte de Mandioca, creemos que hay que empezar a analizar esta efeméride desde una perspectiva más inclusiva, integral y basada en derechos teniendo en cuenta que:

El ejercicio de derechos sexuales y (no) reproductivos continúa siendo obstaculizado por lógicas sexistas que sostienen y profundizan desigualdades estructurales en el acceso a la salud entre los géneros.

Referirnos a salud y dignidad menstrual, implica quitar el énfasis en la “higiene” ya que refuerza tabúes y estigmas asociados a la menstruación, perpetúa el enfoque biomédico en el abordaje de la cuestión y no abarca la complejidad que supone la justicia de género en el acceso a la salud.

Y por último, creemos que pensar el Día Internacional de la Salud y la Dignidad Menstrual es una oportunidad para poner el acento en la equidad para todas las personas que menstrúan que no son sólo mujeres cis. Las identidades trans, no binaries e intersex también menstrúan y enfrentan barreras específicas: discriminación en centros de salud, falta de información adaptada y prácticas institucionales que invisibilizan sus necesidades.

Ahora bien, corresponde señalar que la salud menstrual ha sido históricamente invisibilizada en las agendas de salud pública. La menstruación fue abordada en la educación, principalmente en su rasgo biológico y, en lo social, ha estado asociada a tabúes y estigmas culturales.

Si bien, hace algunos años, hablamos de la importancia de la menstruación como un componente central del derecho a la salud, especialmente desde una perspectiva de género y derechos humanos, la realidad es que continúa siendo urgente un abordaje que trascienda el enfoque individual que se le ha dado a la menstruación. Es clave, sobre todo en estos contextos, que se fortalezca la perspectiva pública, colectiva y política, donde se entienda la menstruación como un factor de desigualdad. El objetivo mundial continúa siendo trabajar sobre las concepciones sociales, políticas y culturales vinculadas a los géneros y las sexualidades, como factores condicionantes de las trayectorias laborales, escolares y de vida. También resulta clave pensar en la diversidad corporal y la discapacidad en el acceso a derechos como este.

Hoy volvemos a recordar que menstruar con dignidad es un derecho, no un privilegio.

En el mundo más de 500 millones de personas no tienen acceso adecuado a productos menstruales, agua segura o información clara. Por lo que este día es un llamado global a:

Eliminar el estigma.

Garantizar acceso a productos de gestión menstrual.

Promover políticas públicas que aseguren una menstruación segura, informada y libre.

Menstruar no es una elección

En Argentina, más de 12 millones de personas menstrúan, incluyendo niñas, adolescentes, mujeres, varones trans y personas no binaries. Esta cifra se mantiene relativamente estable, con cambios marginales debido a la evolución demográfica y las tendencias en la transición de género.

En Misiones, si bien escasea información acerca de la población menstruante, podemos inferir por datos del IPEC, que el 32,6% de la población total de Misiones son mujeres en edad menstruante (entre 10 y 54 años). Esta información es crucial para entender las necesidades específicas de este grupo demográfico en términos de salud, educación y políticas públicas. Los datos del IPEC, aunque no cruzan información ni realizan análisis, son esenciales para pensar la situación de las mujeres a nivel provincial en un contexto nacional donde la canasta menstrual subió más de 6.000% y Milei elimina programas de acceso.

Los recortes desde diciembre de 2024 son sistemáticos. Las políticas de igualdad de género en general, y las menstruales en particular, no están exentas, al contrario, el gobierno nacional se empecina en desconocer la brecha y las consecuencias económicas que acarrea, sobre todo en sectores pobres y vulnerables.

En medio de la crisis económica que transita la Argentina, la inflación sostenida y la falta de políticas públicas, la eliminación de MenstruAr profundiza la desigualdad económica y de género. ¿Por qué? se preguntarán quienes no lo hacen o sí pero con ciertos privilegios de clase.

Para responder, solo basta con atender el alto costo económico que representa la menstruación para mujeres, niñas, adolescentes, y personas menstruantes, sobre todo en sectores de menores ingresos, cuyo poder adquisitivo se ha achicado considerablemente desde que se implementa el modelo motosierra. Y que además, estas personas, suelen ser víctimas de mayores niveles de informalidad laboral, desempleo, y violencias.

A la eliminación del programa Menstruar, que garantizaba el acceso a productos de gestión menstrual, se suman los aumentos. Las toallitas aumentan de forma interanual un 81%, y no es nada nuevo decir que la falta de acceso a productos de gestión menstrual genera consecuencias a nivel económico, pero también social y, que, lejos de ser algo "ideológico", se trata de una cuestión de salud pública.

Según el informe de Ecofeminita, basado en datos recolectados mediante la plataforma Precios Claros, en marzo de 2025 en Argentina los costos anuales promedio son los siguientes: Toallitas: $78.356; Tampones: $100.562. Dichas cifras muestran un aumento interanual del 81% para las toallitas y del 56% para los tampones, y representan casi una tercera parte del salario mínimo, vital y móvil que es de $308.200.

El plan de ajuste del gobierno nacional contra las políticas sociales es lo único que avanza en el gobierno de Milei. En los últimos días la motosierra cayó sobre 13 programas que estaban orientados a prevenir la violencia de género, acompañar a las víctimas y reducir las desigualdades.

El primero en la lista de desmantelamientos fue MenstruAr, un programa que nació en 2022 desde el –ya cerrado- Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, y que tenía como objetivo principal garantizar el acceso a productos de gestión menstrual y condiciones sanitarias, así como promover la equidad, y reducir las desigualdades sociales y económicas asociadas a la menstruación. Los diferentes productos que integran la canasta de menstruación, como toallitas, tampones y copas menstruales se distribuían de manera gratuita, especialmente en contextos de vulnerabilidad social, entendiendo que la menstruación no debe ser un factor de exclusión, vergüenza o desventaja económica para las personas.

Para la eliminación de los programas mencionados, el argumento esgrimido por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona fue que se trataba de programas “ideológicos” que habían sido “creados por el kirchnerismo”. Particularmente sobre MenstruAr dijo que era un plan “insólito”, desconociendo a las 12 millones de personas que menstrúan en Argentina, y que, por el contrario a lo que sucede en el país, en el mundo cada vez más países distribuyen productos de higiene menstrual bajo una mirada de derechos humanos, salud pública e igualdad de género.

Desde una perspectiva de derechos humanos, podemos explicar que menstruar es costoso no solamente en términos económicos, sino también simbólicos, emocionales y sociales. Y que cuando hablamos de acceder a productos de gestión menstrual, no solo nos referimos a toallitas, copitas, tampones, sino también al acceso a agua potable, condiciones de higiene, espacios privados, educación sexual y tiempo.

En este sentido también podemos inferir, que la falta de justicia menstrual en los sectores más vulnerados el impacto es integral y afecta la educación, la salud, la autoestima, la autonomía y el ejercicio del placer.

En términos más concretos, la falta de acceso se puede traducir en vergüenza, ausentismo escolar o laboral, estigmatización, y en algunos casos una mayor probabilidad de enfermedades e infecciones genitales.

Aquellas personas que no pueden acceder a una gestión menstrual adecuada y segura dejan de ir a la escuela o al trabajo, abandonan actividades comunitarias, deportivas o recreativas. Y en algunos casos, pueden recurrir a alternativas perjudiciales para su salud. Otras se sienten en falta con su propio cuerpo, viven el ciclo como una carga o normalizan dolores. Todo este panorama además acarrea la postergación al cuidado, al (auto) conocimiento y a decisiones informadas, así como condena a las personas a tener menos oportunidades y espacios de desarrollo personal y profesional. Y cuando además se es una persona trans, no binarie o intersex que menstrua, la violencia y el abandono se profundizan por la invisibilidad estructural.

Mientras la menstruación siga envuelta en silencios y en pobrezas, y mientras los Estados retrocedan en políticas públicas que garanticen derechos, la desigualdad seguirá profundizándose. La falta de información y educación menstrual no solo impide conocer el propio cuerpo, sino que perpetúa estigmas, imposibilita el autocuidado y excluye de espacios de decisión, de salud y de dignidad a quienes menstrúan . Por eso, hablar de justicia menstrual es una urgencia que interpela a toda la sociedad. Que menstruar no sea un obstáculo. Que todas las personas que menstrúan lo hagan con libertad, conocimiento y sin barreras.

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#28M Menstruar cuesta vida: ajuste, exclusión y desigualdad estructural

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La eliminación de programas como MenstruAr y los aumentos desmedidos en productos de gestión menstrual exponen cómo la economía también se escribe sobre los cuerpos: sin acceso, sin información y sin políticas, la menstruación sigue siendo una barrera para millones.

Como persona menstruante me propongo reflexionar acerca de ambas efemérides desde una mirada crítica que visibilice los sesgos en el abordaje de la salud de las mujeres, la perspectiva higienista y biologicista de la menstruación y la falta de perspectiva y de acción por la salud de otras identidades de género.

Salud menstrual

El 28 de mayo de 1987 se determinó como el “Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres” en el V Encuentro Internacional Mujeres y Salud, realizado en Costa Rica. Años después, el 28 de mayo de 2014, por iniciativa de la organización alemana “WASH United”, se propuso conmemorar el “Día Internacional de la Higiene Menstrual”. La elección de este día y número de mes, alude a los 28 días que dura en promedio el ciclo menstrual y a los 5 días promedio que dura la menstruación en cada ciclo. La Organización Mundial de la Salud propone utilizar esta fecha como una oportunidad para que los gobiernos adopten medidas que colaboren en la eliminación de barreras en el acceso a la información y a los productos para la gestión menstrual.

Asimismo, se pretende visibilizar y denunciar cómo se vulneran los derechos relativos al acceso a la salud. El objetivo es dar cuenta de que no sólo se trata de un asunto sanitario, sino también de una cuestión de salud integral, de equidad y de dignidad, motivo por el comenzó a adoptarse una nueva nomenclatura para esta fecha: Día Internacional de la Salud y la Dignidad Menstrual.

En esta línea, los cuerpos menstruantes que formamos parte de Mandioca, creemos que hay que empezar a analizar esta efeméride desde una perspectiva más inclusiva, integral y basada en derechos teniendo en cuenta que:

El ejercicio de derechos sexuales y (no) reproductivos continúa siendo obstaculizado por lógicas sexistas que sostienen y profundizan desigualdades estructurales en el acceso a la salud entre los géneros.

Referirnos a salud y dignidad menstrual, implica quitar el énfasis en la “higiene” ya que refuerza tabúes y estigmas asociados a la menstruación, perpetúa el enfoque biomédico en el abordaje de la cuestión y no abarca la complejidad que supone la justicia de género en el acceso a la salud.

Y por último, creemos que pensar el Día Internacional de la Salud y la Dignidad Menstrual es una oportunidad para poner el acento en la equidad para todas las personas que menstrúan que no son sólo mujeres cis. Las identidades trans, no binaries e intersex también menstrúan y enfrentan barreras específicas: discriminación en centros de salud, falta de información adaptada y prácticas institucionales que invisibilizan sus necesidades.

Ahora bien, corresponde señalar que la salud menstrual ha sido históricamente invisibilizada en las agendas de salud pública. La menstruación fue abordada en la educación, principalmente en su rasgo biológico y, en lo social, ha estado asociada a tabúes y estigmas culturales.

Si bien, hace algunos años, hablamos de la importancia de la menstruación como un componente central del derecho a la salud, especialmente desde una perspectiva de género y derechos humanos, la realidad es que continúa siendo urgente un abordaje que trascienda el enfoque individual que se le ha dado a la menstruación. Es clave, sobre todo en estos contextos, que se fortalezca la perspectiva pública, colectiva y política, donde se entienda la menstruación como un factor de desigualdad. El objetivo mundial continúa siendo trabajar sobre las concepciones sociales, políticas y culturales vinculadas a los géneros y las sexualidades, como factores condicionantes de las trayectorias laborales, escolares y de vida. También resulta clave pensar en la diversidad corporal y la discapacidad en el acceso a derechos como este.

Hoy volvemos a recordar que menstruar con dignidad es un derecho, no un privilegio.

En el mundo más de 500 millones de personas no tienen acceso adecuado a productos menstruales, agua segura o información clara. Por lo que este día es un llamado global a:

Eliminar el estigma.

Garantizar acceso a productos de gestión menstrual.

Promover políticas públicas que aseguren una menstruación segura, informada y libre.

Menstruar no es una elección

En Argentina, más de 12 millones de personas menstrúan, incluyendo niñas, adolescentes, mujeres, varones trans y personas no binaries. Esta cifra se mantiene relativamente estable, con cambios marginales debido a la evolución demográfica y las tendencias en la transición de género.

En Misiones, si bien escasea información acerca de la población menstruante, podemos inferir por datos del IPEC, que el 32,6% de la población total de Misiones son mujeres en edad menstruante (entre 10 y 54 años). Esta información es crucial para entender las necesidades específicas de este grupo demográfico en términos de salud, educación y políticas públicas. Los datos del IPEC, aunque no cruzan información ni realizan análisis, son esenciales para pensar la situación de las mujeres a nivel provincial en un contexto nacional donde la canasta menstrual subió más de 6.000% y Milei elimina programas de acceso.

Los recortes desde diciembre de 2024 son sistemáticos. Las políticas de igualdad de género en general, y las menstruales en particular, no están exentas, al contrario, el gobierno nacional se empecina en desconocer la brecha y las consecuencias económicas que acarrea, sobre todo en sectores pobres y vulnerables.

En medio de la crisis económica que transita la Argentina, la inflación sostenida y la falta de políticas públicas, la eliminación de MenstruAr profundiza la desigualdad económica y de género. ¿Por qué? se preguntarán quienes no lo hacen o sí pero con ciertos privilegios de clase.

Para responder, solo basta con atender el alto costo económico que representa la menstruación para mujeres, niñas, adolescentes, y personas menstruantes, sobre todo en sectores de menores ingresos, cuyo poder adquisitivo se ha achicado considerablemente desde que se implementa el modelo motosierra. Y que además, estas personas, suelen ser víctimas de mayores niveles de informalidad laboral, desempleo, y violencias.

A la eliminación del programa Menstruar, que garantizaba el acceso a productos de gestión menstrual, se suman los aumentos. Las toallitas aumentan de forma interanual un 81%, y no es nada nuevo decir que la falta de acceso a productos de gestión menstrual genera consecuencias a nivel económico, pero también social y, que, lejos de ser algo "ideológico", se trata de una cuestión de salud pública.

Según el informe de Ecofeminita, basado en datos recolectados mediante la plataforma Precios Claros, en marzo de 2025 en Argentina los costos anuales promedio son los siguientes: Toallitas: $78.356; Tampones: $100.562. Dichas cifras muestran un aumento interanual del 81% para las toallitas y del 56% para los tampones, y representan casi una tercera parte del salario mínimo, vital y móvil que es de $308.200.

El plan de ajuste del gobierno nacional contra las políticas sociales es lo único que avanza en el gobierno de Milei. En los últimos días la motosierra cayó sobre 13 programas que estaban orientados a prevenir la violencia de género, acompañar a las víctimas y reducir las desigualdades.

El primero en la lista de desmantelamientos fue MenstruAr, un programa que nació en 2022 desde el –ya cerrado- Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, y que tenía como objetivo principal garantizar el acceso a productos de gestión menstrual y condiciones sanitarias, así como promover la equidad, y reducir las desigualdades sociales y económicas asociadas a la menstruación. Los diferentes productos que integran la canasta de menstruación, como toallitas, tampones y copas menstruales se distribuían de manera gratuita, especialmente en contextos de vulnerabilidad social, entendiendo que la menstruación no debe ser un factor de exclusión, vergüenza o desventaja económica para las personas.

Para la eliminación de los programas mencionados, el argumento esgrimido por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona fue que se trataba de programas “ideológicos” que habían sido “creados por el kirchnerismo”. Particularmente sobre MenstruAr dijo que era un plan “insólito”, desconociendo a las 12 millones de personas que menstrúan en Argentina, y que, por el contrario a lo que sucede en el país, en el mundo cada vez más países distribuyen productos de higiene menstrual bajo una mirada de derechos humanos, salud pública e igualdad de género.

Desde una perspectiva de derechos humanos, podemos explicar que menstruar es costoso no solamente en términos económicos, sino también simbólicos, emocionales y sociales. Y que cuando hablamos de acceder a productos de gestión menstrual, no solo nos referimos a toallitas, copitas, tampones, sino también al acceso a agua potable, condiciones de higiene, espacios privados, educación sexual y tiempo.

En este sentido también podemos inferir, que la falta de justicia menstrual en los sectores más vulnerados el impacto es integral y afecta la educación, la salud, la autoestima, la autonomía y el ejercicio del placer.

En términos más concretos, la falta de acceso se puede traducir en vergüenza, ausentismo escolar o laboral, estigmatización, y en algunos casos una mayor probabilidad de enfermedades e infecciones genitales.

Aquellas personas que no pueden acceder a una gestión menstrual adecuada y segura dejan de ir a la escuela o al trabajo, abandonan actividades comunitarias, deportivas o recreativas. Y en algunos casos, pueden recurrir a alternativas perjudiciales para su salud. Otras se sienten en falta con su propio cuerpo, viven el ciclo como una carga o normalizan dolores. Todo este panorama además acarrea la postergación al cuidado, al (auto) conocimiento y a decisiones informadas, así como condena a las personas a tener menos oportunidades y espacios de desarrollo personal y profesional. Y cuando además se es una persona trans, no binarie o intersex que menstrua, la violencia y el abandono se profundizan por la invisibilidad estructural.

Mientras la menstruación siga envuelta en silencios y en pobrezas, y mientras los Estados retrocedan en políticas públicas que garanticen derechos, la desigualdad seguirá profundizándose. La falta de información y educación menstrual no solo impide conocer el propio cuerpo, sino que perpetúa estigmas, imposibilita el autocuidado y excluye de espacios de decisión, de salud y de dignidad a quienes menstrúan . Por eso, hablar de justicia menstrual es una urgencia que interpela a toda la sociedad. Que menstruar no sea un obstáculo. Que todas las personas que menstrúan lo hagan con libertad, conocimiento y sin barreras.