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discapacidad // El escándalo de las pensiones por discapacidad desnuda la crueldad y la corrupción

# content
Un calvario en San Ignacio

La semana pasada, San Ignacio fue escenario de un hecho tan brutal como inédito. Cinco personas con discapacidad se descompensaron y una mujer sufrió un accidente cerebrovascular en plena auditoría de pensiones. Los testimonios estremecen: largas filas desde las cinco de la mañana, beneficiarios trasladados en ambulancias o en brazos, calor insoportable y ausencia total de médicos.

“Es una vergüenza, jamás visto en la provincia. No había profesionales, solo jóvenes militantes de La Libertad Avanza que reconocían estar contratados para el operativo. La gente venía nerviosa, desesperada”, relató un testigo.

Los certificados entregados carecían de validez: estaban firmados con sellos falsificados de profesionales de Pergamino que desconocieron haber participado. La postal fue de humillación: ancianos desmayados, personas en sillas de ruedas expuestas al sol y familias angustiadas ante la amenaza de perder el único ingreso que sostiene sus vidas.

Desorganización y abandono en 25 de Mayo

El caos se repitió días después en la localidad de 25 de Mayo. Allí, beneficiarios de distintos municipios recibieron cartas documento para presentarse en una dirección inexistente. Tras horas de espera fueron derivados a un salón parroquial alquilado a último momento.

El intendente Omar Pedro Wdowin denunció que “levantaron y se fueron sin dar explicaciones, dejando a la gente en la calle”. Muchos regresaron a sus casas con constancias inválidas que fueron rechazadas en ANSES. Según relató, “era muy doloroso ver a personas con discapacidad paradas durante horas, descompensadas y sin asistencia”.

El caso expuso un patrón de irregularidades: médicos que no estaban presentes, certificados sin validez y la improvisación como norma. La complicidad del Gobierno provincial quedó en evidencia. A pesar de las denuncias, se limitó a acompañar los operativos, sin garantizar el cumplimiento de derechos básicos.

Auditorías fantasma en Bernardo de Irigoyen

El escándalo escaló cuando se suspendieron las auditorías previstas en Bernardo de Irigoyen. Desde la madrugada, cientos de personas hicieron cola en un hotel donde supuestamente se llevarían adelante las revisiones. Nadie informó que PAMI ni ANDIS habían reservado el espacio.

“Había gente durmiendo en el suelo, en sillas de ruedas y muletas. A última hora alguien pegó un cartel anunciando la suspensión, sin dar alternativas”, denunciaron desde el lugar. La postal fue de incertidumbre y abandono.

La escena sintetizó la crueldad de un gobierno que recorta sin medir consecuencias y de una provincia que tolera, cuando no avala, semejante atropello a su población más vulnerable.

El trasfondo: coimas, renuncias y negocios turbios

Estos hechos se desarrollan en paralelo al mayor escándalo de corrupción que enfrenta el gobierno de Javier Milei. La renuncia del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, destapó una trama de coimas ligadas a la droguería Suizo Argentina.

Audios filtrados revelan que los retornos millonarios se canalizaban hacia la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y su segundo, Eduardo “Lule” Menem. Spagnuolo, hoy con “temor por su vida”, estaría dispuesto a presentarse como arrepentido.

Mientras miles de discapacitados sufren la pérdida de pensiones, los funcionarios nacionales utilizaban la compra directa de medicamentos como fuente de enriquecimiento ilícito. Una postal obscena de ajuste y corrupción.

El golpe político: Congreso y Justicia

El Senado se prepara para rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, que restituye derechos hasta 2026. El voto mayoritario ya fue expresado en Diputados. Si se confirma, el gobierno sufrirá su derrota legislativa más grave desde que asumió.

En paralelo, la Justicia Federal investiga las denuncias por falsificación de firmas médicas y abandono de persona durante las auditorías. Organizaciones de la sociedad civil reclaman medidas cautelares para frenar las bajas.

Ajuste y complicidad

El gobierno libertario intenta transferir ANDIS al Ministerio de Salud, quitándole autarquía financiera y controlando sus compras. El trasfondo es claro: cerrar el grifo de la corrupción expuesta y consolidar el ajuste.

En Misiones, recién en las ultimas semanas el gobierno provincial comenzó a “despegarse” de esta situación, en vistas de un escándalo que ya es imposible de ocultar. Hasta el momento en que la olla se destapó, los diputados y senadores misioneros acompañaron todos los vetos y jugarretas legislativas que llevaron al desfinanciamiento de ANDIS, de las jubilaciones, del cierre de Vialidad Nacional y tantas otras medidas más. Pero, quizás por la cercanía electoral, o avizorando un panorama más oscuro, ahora el gobierno provincial comienza a cambiar su discurso y sus acciones. Puntualmente en estos días, el gobernador Passalacqua anunció que el gobierno de la provincia presentó una demanda en la justicia federal por la cuestión de las pensiones.

En este sentido, la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad denunció que las auditorías no se están realizando en lugares oficiales como hospitales o sedes administrativas, sino en espacios improvisados. Aquellos damnificados que quieran aportar pruebas o ser parte del amparo colectivo, el Consejo Provincial de Discapacidad habilitó el número de contacto 376 473 9338, donde se recibe documentación, denuncias y testimonios.

Una crueldad sin límites

En apenas semanas, las auditorías libertarias dejaron un tendal de dolor: personas descompensadas, un ACV en San Ignacio, certificados inválidos en 25 de Mayo, auditorías suspendidas en Irigoyen y familias enteras sumidas en la incertidumbre.

El ajuste se aplica sobre los sectores más indefensos. La complicidad provincial multiplica la tragedia. Mientras tanto, la casta libertaria hace negocios con la salud y la vida de los más vulnerables. El mensaje es brutal y claro: en la Argentina de Milei, la crueldad no tiene límites.

Foro Permanente de Discapacidad: la resistencia organizada

Este jueves 4 de septiembre, la Cámara de Senadores debatirá el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. En ese contexto, el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a movilizarse al Congreso y a replicar acciones en todo el país.

“Exigimos que la Justicia actúe con celeridad, que se esclarezcan los hechos y que todos los responsables sean juzgados. La sociedad merece respuestas claras, transparencia y un manejo responsable de los recursos públicos”, señalaron en un comunicado.

La salida de Spagnuolo de ANDIS tras la difusión de audios de corrupción puso bajo seria sospecha toda la gestión libertaria. Frente a este panorama, el Foro llamó a legisladores y legisladoras a ponerse “del lado de las personas con discapacidad, defendiendo sus derechos y logrando frenar el veto”.

La convocatoria será el jueves 4 de septiembre a las 11 horas en el Congreso de la Nación, con réplicas en diferentes provincias. El mensaje es contundente: la resistencia se organiza frente a un gobierno que, con crueldad y desidia, atenta contra la dignidad de los más vulnerables.

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El escándalo de las pensiones por discapacidad desnuda la crueldad y la corrupción

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Un calvario en San Ignacio

La semana pasada, San Ignacio fue escenario de un hecho tan brutal como inédito. Cinco personas con discapacidad se descompensaron y una mujer sufrió un accidente cerebrovascular en plena auditoría de pensiones. Los testimonios estremecen: largas filas desde las cinco de la mañana, beneficiarios trasladados en ambulancias o en brazos, calor insoportable y ausencia total de médicos.

“Es una vergüenza, jamás visto en la provincia. No había profesionales, solo jóvenes militantes de La Libertad Avanza que reconocían estar contratados para el operativo. La gente venía nerviosa, desesperada”, relató un testigo.

Los certificados entregados carecían de validez: estaban firmados con sellos falsificados de profesionales de Pergamino que desconocieron haber participado. La postal fue de humillación: ancianos desmayados, personas en sillas de ruedas expuestas al sol y familias angustiadas ante la amenaza de perder el único ingreso que sostiene sus vidas.

Desorganización y abandono en 25 de Mayo

El caos se repitió días después en la localidad de 25 de Mayo. Allí, beneficiarios de distintos municipios recibieron cartas documento para presentarse en una dirección inexistente. Tras horas de espera fueron derivados a un salón parroquial alquilado a último momento.

El intendente Omar Pedro Wdowin denunció que “levantaron y se fueron sin dar explicaciones, dejando a la gente en la calle”. Muchos regresaron a sus casas con constancias inválidas que fueron rechazadas en ANSES. Según relató, “era muy doloroso ver a personas con discapacidad paradas durante horas, descompensadas y sin asistencia”.

El caso expuso un patrón de irregularidades: médicos que no estaban presentes, certificados sin validez y la improvisación como norma. La complicidad del Gobierno provincial quedó en evidencia. A pesar de las denuncias, se limitó a acompañar los operativos, sin garantizar el cumplimiento de derechos básicos.

Auditorías fantasma en Bernardo de Irigoyen

El escándalo escaló cuando se suspendieron las auditorías previstas en Bernardo de Irigoyen. Desde la madrugada, cientos de personas hicieron cola en un hotel donde supuestamente se llevarían adelante las revisiones. Nadie informó que PAMI ni ANDIS habían reservado el espacio.

“Había gente durmiendo en el suelo, en sillas de ruedas y muletas. A última hora alguien pegó un cartel anunciando la suspensión, sin dar alternativas”, denunciaron desde el lugar. La postal fue de incertidumbre y abandono.

La escena sintetizó la crueldad de un gobierno que recorta sin medir consecuencias y de una provincia que tolera, cuando no avala, semejante atropello a su población más vulnerable.

El trasfondo: coimas, renuncias y negocios turbios

Estos hechos se desarrollan en paralelo al mayor escándalo de corrupción que enfrenta el gobierno de Javier Milei. La renuncia del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, destapó una trama de coimas ligadas a la droguería Suizo Argentina.

Audios filtrados revelan que los retornos millonarios se canalizaban hacia la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y su segundo, Eduardo “Lule” Menem. Spagnuolo, hoy con “temor por su vida”, estaría dispuesto a presentarse como arrepentido.

Mientras miles de discapacitados sufren la pérdida de pensiones, los funcionarios nacionales utilizaban la compra directa de medicamentos como fuente de enriquecimiento ilícito. Una postal obscena de ajuste y corrupción.

El golpe político: Congreso y Justicia

El Senado se prepara para rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, que restituye derechos hasta 2026. El voto mayoritario ya fue expresado en Diputados. Si se confirma, el gobierno sufrirá su derrota legislativa más grave desde que asumió.

En paralelo, la Justicia Federal investiga las denuncias por falsificación de firmas médicas y abandono de persona durante las auditorías. Organizaciones de la sociedad civil reclaman medidas cautelares para frenar las bajas.

Ajuste y complicidad

El gobierno libertario intenta transferir ANDIS al Ministerio de Salud, quitándole autarquía financiera y controlando sus compras. El trasfondo es claro: cerrar el grifo de la corrupción expuesta y consolidar el ajuste.

En Misiones, recién en las ultimas semanas el gobierno provincial comenzó a “despegarse” de esta situación, en vistas de un escándalo que ya es imposible de ocultar. Hasta el momento en que la olla se destapó, los diputados y senadores misioneros acompañaron todos los vetos y jugarretas legislativas que llevaron al desfinanciamiento de ANDIS, de las jubilaciones, del cierre de Vialidad Nacional y tantas otras medidas más. Pero, quizás por la cercanía electoral, o avizorando un panorama más oscuro, ahora el gobierno provincial comienza a cambiar su discurso y sus acciones. Puntualmente en estos días, el gobernador Passalacqua anunció que el gobierno de la provincia presentó una demanda en la justicia federal por la cuestión de las pensiones.

En este sentido, la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad denunció que las auditorías no se están realizando en lugares oficiales como hospitales o sedes administrativas, sino en espacios improvisados. Aquellos damnificados que quieran aportar pruebas o ser parte del amparo colectivo, el Consejo Provincial de Discapacidad habilitó el número de contacto 376 473 9338, donde se recibe documentación, denuncias y testimonios.

Una crueldad sin límites

En apenas semanas, las auditorías libertarias dejaron un tendal de dolor: personas descompensadas, un ACV en San Ignacio, certificados inválidos en 25 de Mayo, auditorías suspendidas en Irigoyen y familias enteras sumidas en la incertidumbre.

El ajuste se aplica sobre los sectores más indefensos. La complicidad provincial multiplica la tragedia. Mientras tanto, la casta libertaria hace negocios con la salud y la vida de los más vulnerables. El mensaje es brutal y claro: en la Argentina de Milei, la crueldad no tiene límites.

Foro Permanente de Discapacidad: la resistencia organizada

Este jueves 4 de septiembre, la Cámara de Senadores debatirá el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. En ese contexto, el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a movilizarse al Congreso y a replicar acciones en todo el país.

“Exigimos que la Justicia actúe con celeridad, que se esclarezcan los hechos y que todos los responsables sean juzgados. La sociedad merece respuestas claras, transparencia y un manejo responsable de los recursos públicos”, señalaron en un comunicado.

La salida de Spagnuolo de ANDIS tras la difusión de audios de corrupción puso bajo seria sospecha toda la gestión libertaria. Frente a este panorama, el Foro llamó a legisladores y legisladoras a ponerse “del lado de las personas con discapacidad, defendiendo sus derechos y logrando frenar el veto”.

La convocatoria será el jueves 4 de septiembre a las 11 horas en el Congreso de la Nación, con réplicas en diferentes provincias. El mensaje es contundente: la resistencia se organiza frente a un gobierno que, con crueldad y desidia, atenta contra la dignidad de los más vulnerables.

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