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Caí, otro caso de Transfemicidio en Misiones

# content
Caí fue encontrada, y posteriormente internada en grave estado en el hospital Samic de Iguazú, donde finalmente murió el miércoles 8/4. La autopsia concluyó que murió a causa de una fractura de cráneo. Además, el examen forense determinó que esa lesión fue provocada por un golpe efectuado con un objeto contundente. Caí también presentaba múltiples heridas en el rostro, y se descartaron lesiones compatibles con abuso sexual. La alevosía de las heridas da cuenta de la saña y el odio de los asesinos.

Organizaciones sociales, de derechos humanos y del colectivo de diversidades y disidencias lgbttiq+ reclamaron justicia por la muerte de Caí y realizaron una marcha el día sábado 11/4  por las calles de Puerto Iguazú para exigir celeridad y justicia por este nuevo caso de transfemicidio.

El odio y la violencia estructural en la región

Son muchas las capas de abandono y violencias ejercidas por el sistema, en el caso de Caí, todas están a la vista. Claudia Gabriela Gómez “Caí” nació con un nombre de varón en Encarnación Paraguay, una ciudad declarada provida y profamilia por sus sucesivos mandatarios, ciudad que la expulsó por su orientación sexual e identidad de género. Llegó a Posadas siendo muy pequeña, a los 11 años, cuando huyó de su casa familiar tras la muerte de su madre. Una de las principales demandas de la comunidad LGBTTIQ+ refiere a la necesidad de que existan refugios en las ciudades, para que las personas expulsadas de su familia y sus comunidades de origen -por su inclinación sexual o identitaria- puedan tener un techo seguro sin caer en situación de calle.

Caí, era migrante paraguaya, trans, y pobre; los capítulos que siguen a este drama son también bastante conocidos: la prostitución, la calle y los consumos problemáticos. Un círculo en el que muy pocas mujeres Travesti/trans sobreviven, por eso a las travas de más de 45 años las proclamamos “sobrevivientes”. No exageramos, es literal. La expectativa de vida de las personas travestis /trans oscila entre los 35 y 40 años. Por esto decimos que con las personas travestis/trans, se comete un verdadero genocidio silencioso. Caí se fue a vivir a Puerto Iguazú en 2022. Se instaló en una casita muy precaria en Fortín Mbororé y sus compañeras quisieron rescatarla varias veces. Su familia en Encarnación negó el contacto a quienes se dispusieron para gestionar ayuda y los datos personales, y con ello también se le negó la documentación necesaria para recibir ayudas institucionales. Lejos de estigmatizar, es necesario dimensionar las historias de vida, a la par de las estadísticas. El caso de Caí no es un caso aislado. Según el IPEC la fuente de ingresos del 41% de la población travesti trans en Misiones es la prostitución, al haber discriminación en trabajos formales, muchas veces se ven forzadxs a hacerlo. Por esto también hay otro reclamo vigente del colectivo lgbttiq+ que se escucha en cada marcha del orgullo, que se refiere al cupo laboral travesti trans, con becas de formación y capacitaciones mediantes para acceder a oportunidades de empleo registrado. Caí pasó a formar parte de una larga lista de nombres, que vamos a seguir gritando como víctimas de un sistema que margina todo cuerpo fuera de la norma, pobre y migrante. Un estado que sólo aparece para violentar y criminalizar, y cuando dice que va a ayudar, impone formas burocráticas de acceso a esos escasos “beneficios”, que son un muro infranqueable para personas como Caí.

Los consumos problemáticos en Fortín Mbororé son una forma de aniquilamiento

Cada vez que aparece un titular de alguna persona originaria cometiendo un delito sea la cultura que fuera (guaraní, mapuche, qom) salen a relucir los comentarios - y titulares-  racistas de siempre. El racismo queda muy a mano, en la superficie del pensamiento, simplifica el juicio, es tan brutal como fácil. Fue tradición del Estado Argentino y sus sociedades a lo largo de la historia, borrar todo rastro ancestral, pueblos aniquilados a veces a punta de fusiles y otras desde el desprecio y la marginación absoluta. Hoy podemos decir que una forma de aniquilación muy visible en Misiones ha sido la entrada de estupefacientes como “la pedra” a las comunidades rurales, y a los barrios pobres en general. Las comunidades y barrios pobres de Misiones, ahora enfrentan los estragos de esta sustancia que viene acompañada de toda clase de miserias y mafias, desde la distribución del estupefaciente, robos perpetrados con violencia, hasta el proxenetismo de niñas y niñxs menores. Este fue el caso de Fortín Mbororé, un tekoa donde esto sucede hace muchos años, a la vista gorda de todxs y ninguna autoridad, ni comunitaria (cacique- mburuvicha) o municipal (intendente) debería quedarse de brazos cruzados al ver como crecen estos flagelos, a menos que sean cómplices.

Comprendemos que una vez que entra la pedra a una comunidad -sea guaraní o juruá (blanca o mestiza)-, esta se comienza a resquebrajar, rompiendo todo pacto de convivencia y cuidado mutuo, borrando las identidades hasta dejar seres anestesiados y sumergidos en un pozo de violencia y abandono. Se siembra un gran interrogante sobre el liderazgo de Silvino Moreira, cacique de Mbororé desde hace muchos años. Sobre Moreira, se escuchan denuncias informales de vecinos que en caminos y pasillos lo acusan como pieza clave de estos entramados turbios, pero dentro de la aldea nadie puede señalarlo. Lo que sí sabemos es que nadie entra, ni habita un terreno de Mbororé sin su consentimiento. Así como entró la pedra, también entró Caí, entraron otros blancos y también iglesias evangelistas que nada tienen que ver con la cultura mbya. Moreira conocía muy bien la situación de Caí, y autorizó que se instale allí aún en la situación en la que estaba. De hecho, uno de sus hijos, conocido por el apodo “Chana” fue detenido como sospechoso por este crimen, tras averiguaciones de la policía.

También era de Mbororé Juana Maciel, una joven de 23 años que sufría violencia de género por parte de Ismael Centurión, su ex pareja, a sabiendas de las autoridades, pero las denuncias no fueron formalizadas. La violencia escaló a un femicidio cometido con crueldad extrema. Del Intendente de Iguazú, Claudio Filippa con feroz antecedente de violencia de género tampoco esperamos mucho, sólo podemos seguir denunciando la cadena de complicidades. El Estado y las autoridades son responsables de este crimen de odio al igual que los asesinos.

El gobierno renovador lleva más de dos décadas marginando deliberadamente a cientos de comunidades originarias, Fortín Mbororé es sólo el botón de muestra de cómo aniquilar una comunidad. El misionerismo que ostentan desde el gobierno es tan hipócrita que el único registro de nuestra ancestralidad guaraní es una estatua de acero de un Andresito Guazurarí ficticio que se erige frente a Posadas, mira desde arriba y con desprecio a las familias originarias que sobreviven acampando en las plazas y terrenos baldíos, expulsadas de sus comunidades en busca de comida y acceso a algo tan básico como el agua potable.

En octubre del 2025 decenas de caciques y sus familias han tenido que unirse en manifestaciones en Posadas, representando a sus comunidades, para reclamar agua potable, escuelas interculturales, titularidad de los terrenos, caminos transitables, entre otras demandas; sin tener respuestas concretas aún de las autoridades provinciales. Hoy exigen que la autoridad deje de ser jurua o blanca, y sea un consejo asambleario de caciques quienes organicen los recursos destinados a las comunidades para salir de la marginalidad en la que se encuentran, propuesta que fue rotundamente “ninguneada”.

Los pastores evangelistas a cargo de la salud pública

El gobierno de Passalacqua derivó la atención de adicciones y consumos problemáticos a las iglesias evangélicas. Roberto Padilla, referente del sector evangelista dentro del Frente Renovador, fue nombrado como titular de la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas de Misiones en abril de 2025. Ya hace algunos años se ven convenios del Estado provincial con Fundación Filippos para contener a personas en situación de calle y con consumos problemáticos. Que tengan ese tinte ideológico las propias políticas de Estado, hace que, por ejemplo, la población trans se sienta excluida y discriminada en los diferentes centros de atención. Además de la falta concreta de centros de atención para adicciones en la provincia; y por ende la falta de acceso a tratamientos para esta población vulnerable; en una nota del periódico Primera Edición, el mismo Padilla lo reconoce: “en la provincia faltan espacios de desintoxicación prolongada y que hoy el consumo es una problemática en continuo cambio: llega cada vez más temprano, se presenta de forma combinada y, en muchos casos, sin redes familiares que acompañen”.

Por último, en memoria de Caí y por las sobrevivientes Travestis/Trans, hay que entender que si la justicia llega ahora, ya llegó tarde; llegará sobre el cuerpo inerte de una víctima más del odio y mil veces condenada. Nos sumamos a exigir celeridad en la investigación y justa condena para quienes perpetraron este crimen atroz, pero no cambia nada si no se comienza a implementar de manera urgente políticas de educación, inclusión y salud pública laicas, tanto para todos los tekoa mbya guaraní como para las personas travestis- trans en situación de calle y consumos problemáticos, refugios y propuestas concretas de contención alimentaria y sanitaria sin discriminación por identidad de género, cultura y nacionalidad y sin requerir numerosos trámites burocráticos.

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Caí, otro caso de Transfemicidio en Misiones

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Caí fue encontrada, y posteriormente internada en grave estado en el hospital Samic de Iguazú, donde finalmente murió el miércoles 8/4. La autopsia concluyó que murió a causa de una fractura de cráneo. Además, el examen forense determinó que esa lesión fue provocada por un golpe efectuado con un objeto contundente. Caí también presentaba múltiples heridas en el rostro, y se descartaron lesiones compatibles con abuso sexual. La alevosía de las heridas da cuenta de la saña y el odio de los asesinos.

Organizaciones sociales, de derechos humanos y del colectivo de diversidades y disidencias lgbttiq+ reclamaron justicia por la muerte de Caí y realizaron una marcha el día sábado 11/4  por las calles de Puerto Iguazú para exigir celeridad y justicia por este nuevo caso de transfemicidio.

El odio y la violencia estructural en la región

Son muchas las capas de abandono y violencias ejercidas por el sistema, en el caso de Caí, todas están a la vista. Claudia Gabriela Gómez “Caí” nació con un nombre de varón en Encarnación Paraguay, una ciudad declarada provida y profamilia por sus sucesivos mandatarios, ciudad que la expulsó por su orientación sexual e identidad de género. Llegó a Posadas siendo muy pequeña, a los 11 años, cuando huyó de su casa familiar tras la muerte de su madre. Una de las principales demandas de la comunidad LGBTTIQ+ refiere a la necesidad de que existan refugios en las ciudades, para que las personas expulsadas de su familia y sus comunidades de origen -por su inclinación sexual o identitaria- puedan tener un techo seguro sin caer en situación de calle.

Caí, era migrante paraguaya, trans, y pobre; los capítulos que siguen a este drama son también bastante conocidos: la prostitución, la calle y los consumos problemáticos. Un círculo en el que muy pocas mujeres Travesti/trans sobreviven, por eso a las travas de más de 45 años las proclamamos “sobrevivientes”. No exageramos, es literal. La expectativa de vida de las personas travestis /trans oscila entre los 35 y 40 años. Por esto decimos que con las personas travestis/trans, se comete un verdadero genocidio silencioso. Caí se fue a vivir a Puerto Iguazú en 2022. Se instaló en una casita muy precaria en Fortín Mbororé y sus compañeras quisieron rescatarla varias veces. Su familia en Encarnación negó el contacto a quienes se dispusieron para gestionar ayuda y los datos personales, y con ello también se le negó la documentación necesaria para recibir ayudas institucionales. Lejos de estigmatizar, es necesario dimensionar las historias de vida, a la par de las estadísticas. El caso de Caí no es un caso aislado. Según el IPEC la fuente de ingresos del 41% de la población travesti trans en Misiones es la prostitución, al haber discriminación en trabajos formales, muchas veces se ven forzadxs a hacerlo. Por esto también hay otro reclamo vigente del colectivo lgbttiq+ que se escucha en cada marcha del orgullo, que se refiere al cupo laboral travesti trans, con becas de formación y capacitaciones mediantes para acceder a oportunidades de empleo registrado. Caí pasó a formar parte de una larga lista de nombres, que vamos a seguir gritando como víctimas de un sistema que margina todo cuerpo fuera de la norma, pobre y migrante. Un estado que sólo aparece para violentar y criminalizar, y cuando dice que va a ayudar, impone formas burocráticas de acceso a esos escasos “beneficios”, que son un muro infranqueable para personas como Caí.

Los consumos problemáticos en Fortín Mbororé son una forma de aniquilamiento

Cada vez que aparece un titular de alguna persona originaria cometiendo un delito sea la cultura que fuera (guaraní, mapuche, qom) salen a relucir los comentarios - y titulares-  racistas de siempre. El racismo queda muy a mano, en la superficie del pensamiento, simplifica el juicio, es tan brutal como fácil. Fue tradición del Estado Argentino y sus sociedades a lo largo de la historia, borrar todo rastro ancestral, pueblos aniquilados a veces a punta de fusiles y otras desde el desprecio y la marginación absoluta. Hoy podemos decir que una forma de aniquilación muy visible en Misiones ha sido la entrada de estupefacientes como “la pedra” a las comunidades rurales, y a los barrios pobres en general. Las comunidades y barrios pobres de Misiones, ahora enfrentan los estragos de esta sustancia que viene acompañada de toda clase de miserias y mafias, desde la distribución del estupefaciente, robos perpetrados con violencia, hasta el proxenetismo de niñas y niñxs menores. Este fue el caso de Fortín Mbororé, un tekoa donde esto sucede hace muchos años, a la vista gorda de todxs y ninguna autoridad, ni comunitaria (cacique- mburuvicha) o municipal (intendente) debería quedarse de brazos cruzados al ver como crecen estos flagelos, a menos que sean cómplices.

Comprendemos que una vez que entra la pedra a una comunidad -sea guaraní o juruá (blanca o mestiza)-, esta se comienza a resquebrajar, rompiendo todo pacto de convivencia y cuidado mutuo, borrando las identidades hasta dejar seres anestesiados y sumergidos en un pozo de violencia y abandono. Se siembra un gran interrogante sobre el liderazgo de Silvino Moreira, cacique de Mbororé desde hace muchos años. Sobre Moreira, se escuchan denuncias informales de vecinos que en caminos y pasillos lo acusan como pieza clave de estos entramados turbios, pero dentro de la aldea nadie puede señalarlo. Lo que sí sabemos es que nadie entra, ni habita un terreno de Mbororé sin su consentimiento. Así como entró la pedra, también entró Caí, entraron otros blancos y también iglesias evangelistas que nada tienen que ver con la cultura mbya. Moreira conocía muy bien la situación de Caí, y autorizó que se instale allí aún en la situación en la que estaba. De hecho, uno de sus hijos, conocido por el apodo “Chana” fue detenido como sospechoso por este crimen, tras averiguaciones de la policía.

También era de Mbororé Juana Maciel, una joven de 23 años que sufría violencia de género por parte de Ismael Centurión, su ex pareja, a sabiendas de las autoridades, pero las denuncias no fueron formalizadas. La violencia escaló a un femicidio cometido con crueldad extrema. Del Intendente de Iguazú, Claudio Filippa con feroz antecedente de violencia de género tampoco esperamos mucho, sólo podemos seguir denunciando la cadena de complicidades. El Estado y las autoridades son responsables de este crimen de odio al igual que los asesinos.

El gobierno renovador lleva más de dos décadas marginando deliberadamente a cientos de comunidades originarias, Fortín Mbororé es sólo el botón de muestra de cómo aniquilar una comunidad. El misionerismo que ostentan desde el gobierno es tan hipócrita que el único registro de nuestra ancestralidad guaraní es una estatua de acero de un Andresito Guazurarí ficticio que se erige frente a Posadas, mira desde arriba y con desprecio a las familias originarias que sobreviven acampando en las plazas y terrenos baldíos, expulsadas de sus comunidades en busca de comida y acceso a algo tan básico como el agua potable.

En octubre del 2025 decenas de caciques y sus familias han tenido que unirse en manifestaciones en Posadas, representando a sus comunidades, para reclamar agua potable, escuelas interculturales, titularidad de los terrenos, caminos transitables, entre otras demandas; sin tener respuestas concretas aún de las autoridades provinciales. Hoy exigen que la autoridad deje de ser jurua o blanca, y sea un consejo asambleario de caciques quienes organicen los recursos destinados a las comunidades para salir de la marginalidad en la que se encuentran, propuesta que fue rotundamente “ninguneada”.

Los pastores evangelistas a cargo de la salud pública

El gobierno de Passalacqua derivó la atención de adicciones y consumos problemáticos a las iglesias evangélicas. Roberto Padilla, referente del sector evangelista dentro del Frente Renovador, fue nombrado como titular de la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas de Misiones en abril de 2025. Ya hace algunos años se ven convenios del Estado provincial con Fundación Filippos para contener a personas en situación de calle y con consumos problemáticos. Que tengan ese tinte ideológico las propias políticas de Estado, hace que, por ejemplo, la población trans se sienta excluida y discriminada en los diferentes centros de atención. Además de la falta concreta de centros de atención para adicciones en la provincia; y por ende la falta de acceso a tratamientos para esta población vulnerable; en una nota del periódico Primera Edición, el mismo Padilla lo reconoce: “en la provincia faltan espacios de desintoxicación prolongada y que hoy el consumo es una problemática en continuo cambio: llega cada vez más temprano, se presenta de forma combinada y, en muchos casos, sin redes familiares que acompañen”.

Por último, en memoria de Caí y por las sobrevivientes Travestis/Trans, hay que entender que si la justicia llega ahora, ya llegó tarde; llegará sobre el cuerpo inerte de una víctima más del odio y mil veces condenada. Nos sumamos a exigir celeridad en la investigación y justa condena para quienes perpetraron este crimen atroz, pero no cambia nada si no se comienza a implementar de manera urgente políticas de educación, inclusión y salud pública laicas, tanto para todos los tekoa mbya guaraní como para las personas travestis- trans en situación de calle y consumos problemáticos, refugios y propuestas concretas de contención alimentaria y sanitaria sin discriminación por identidad de género, cultura y nacionalidad y sin requerir numerosos trámites burocráticos.