# summary
Manifiesto ciudadano por el derecho al agua y la verdad financiera sobre SAMSA y el EPRAC

# content
gaslighting de SAMSA y el EPRAC

Por el simple hecho de estar parado encima de territorio misionero tenemos un derecho que no fue otorgado por ninguna empresa ni por ningún político: el derecho al agua del Acuífero Guaraní nos pertenece por su sola existencia. No es una concesión. No es una gracia. Es un derecho original, anterior a cualquier contrato de concesión, anterior a cualquier ley provincial. El agua sobre la cual estamos parados no es de SAMSA. No es del Estado. Es del pueblo. Y el pueblo la delegó para que sea administrada, no para que sea usada como máquina de extracción de dinero, como está sucediendo en la actualidad.

Esto ultimo lo decimos en vista de lo que viene sucediendo hace años, pero quizás, debido a la crisis económica actual, toma mas fuerza en las facturaciones de los últimos meses. El misionero promedio, que en medio de la noche se desvela, se hace un mate, saca las facturas, las pone sobre la mesa, compara con las de meses anteriores, suma, resta, hace cuentas en un cuadernito... y siente esa sensación de agobio en el pecho y en su fuero interior, al mirar la factura de SAMSA, que presenta consumos irrisorios (60, 80, 100 m3, es decir, 60 mil, 80 mil, 100 mil litros por mes) piensa lo siguiente:

"Yo no gastaba tanto de agua".

¿Cómo una persona hace para gastar 100m3 de agua?

Y el ciudadano misionero, el vecino, la familia, el jubilado, la pareja con un hijo, tiene razón. No gastaba tanto. No cambió nada en su casa. No hay pileta nueva. No hay más personas. No hay pérdida visible. No hay ningún motivo físico que explique por qué pasó de 13 metros cúbicos a 50, a 60, a 80. Entonces, ¿qué pasó? No pasó nada nuevo en su casa. Sus consumos, sus hábitos, son los mismos. Lo que pasó fue que la facturación se adulteró. ¿Cómo? Debido al aire que ingresa en las cañerías y que genera consumos apócrifos.

Puntualmente con SAMSA estamos padeciendo un fenómeno que en ingles se llama "gaslighting": esto consiste en hacer dudar a una persona sobre sus propias acciones. El ejemplo más clásico es el de los manipuladores, que al tener sometida a una persona, la hacen dudar de sus acciones, sus pensamientos y sus propios dichos. Otro ejemplo clásico es hacer creer a una persona, generalmente una mujer sometida por un hombre, que "está loca". Específicamente para nuestra situación podemos hablar de "gaslighting financiero" si es que existe tal categoría, ya que la empresa nos hace dudar de nuestra propia realidad, de nuestro propio consumo, de nuestra propia memoria. Terminamos creyendo que sí consumimos 50 metros cúbicos de agua y, por ende, tal vez si es culpa nuestra y no de SAMSA.

Pero nada mas alejado de la realidad. No estamos exagerando, no estamos locos, ni estamos equivocados. Lo que cambio no fue nuestro consumo, sino el dibujo de las facturas.

Estado de la situación

¿Cuál es la situación actual? Debido a las acciones llevadas a cabo por un grupo de vecinos de Itaembé Guazú, representados por el letrado Koncke, se logró un amparo en el cual se sumaron 15 personas con distintas situaciones: servicio de agua cortado, familias con hijos y sin suministro, familias con personas con discapacidad a cargo, sin agua; todas estas son cuestiones completamente ilegales teniendo en cuenta las leyes argentinas. Pero como bien responden los empleados del EPRAC cuando un vecino va a reclamar, "acá la ley nacional no aplica, señora". Pese a que el agua es un derecho humano, contemplado en la Constitución y en los tratados internacionales a los cuales la Argentina adhiere, para SAMSA y para el EPRAC, esto no es así.

Por suerte la jueza que tomó el amparo piensa distinto, es decir, piensa con la ley en la mano y ordenó a la empresa a reconectar el servicio, además de realizarle varios pedidos que tanto SAMSA y el EPRAC no contestaron, o bien lo hicieron fuera de los términos legales. SAMSA negó rotundamente todo: no están vulnerando ningún derecho, no le están cortando el agua a personas en situación de vulnerabilidad, no hay consumos apócrifos, no hay niños entre los integrantes de las viviendas en situación de corte, que haya una falla técnica responsabilidad de SAMSA, entre otras. Esto es una estrategia básica del derecho: negar todo para después sentarse a hilar fino. Para la empresa y para el EPRAC, todo funciona bien, se cobra bien, no hay aire, está bien dejar sin agua a una persona, no hay problema con cortarle el agua a un jubilado, a una persona con discapacidad o a una familia con hijos. Total normalidad, ya que, como bien informa el EPRAC, en Misiones las leyes nacionales y tratados internacionales no aplican.

El colmo. SAMSA niega hasta la vulneración al acceso al agua. ¡Si hay gente hasta que le sacan el medidor!

Pero SAMSA y el EPRAC, al pecar de vivos y de vivir al margen de la ley, se olvidaron que la Jueza les había pedido un informe técnico sobre la red. Y decimos se olvidaron, porque la Justicia tiene plazos, y este "informe" (que nuevamente niega todo) fue presentado fuera de término, por lo cual para la jueza, no fue presentado. Como el EPRAC ni SAMSA presentaron los papeles en término, las pruebas presentadas por el amparo tienen mayor fuerza ante la Justicia...como bien dice el dicho, "el que calla, otorga".

Preguntas ciudadanas

Actuando como ciudadanos activos y participes de una comunidad que vive en democracia, y, por ende, tiene derecho a protestar, a peticionar y a preguntar, los vecinos decidimos hacernos preguntas. Charlando con abogados estadistas, pensando como auditores de fraude económico, siendo defensores de la soberanía popular, llegamos a estas preguntas, las cuales, algunas tienen respuesta:

¿Cuánto paga SAMSA por cada litro de agua que extrae del Acuífero Guaraní? Respuesta: Cero. Entonces, ¿por qué el precio final es más caro que en provincias donde el agua se desaliniza, un proceso industrial costosísimo? Miremos algunas facturas, para tener ejemplos. Nadie diría que en Mendoza el agua sobra, como sucede en Misiones. ¿Por qué en Mendoza pagan 30 mil pesos de agua? ¿Será que, en realidad, la geografía nos miente y Mendoza esta repleta de agua y, por ende, es baratísima de obtener? Otro caso. Corrientes, provincia cercana, con una realidad hídrica similar a Misiones. ¿Qué pasa allí que el agua sale un tercio de lo que cuesta acá? Otro caso. Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, capital de Tierra del Fuego, la Antártida y las Malvinas, una ciudad que ni siquiera está dentro del continente y no está conectada al sistema eléctrico nacional, ¡seguro que ahí el agua es mas cara que en Misiones! ¿seguro? ¡No! ¿Qué beneficio real tiene el pueblo misionero de estar sentado sobre la reserva de agua dulce más importante del mundo, si paga el agua más cara del país?

Factua de agua y cloacas de Ushuaia. ¿Cómo puede ser que el agua allí sea más barata que en Posadas?

Otra pregunta en clave de la sobrefacturación y el gaslighting financiero que aplica SAMSA y el EPRAC. Si consideramos que son ciertos los consumos de 60, 80, 100, 200 metros cúbicos de muchas familias posadeñas, podemos llegar al siguiente razonamiento. Si se consumió más, entonces se produjo más agua. Si se produjo más, es porque SAMSA potabilizó más agua, por ende, su infraestructura de potabilización creció. ¡Pero sabemos que esto NO es así! La pregunta que surge, entonces, es, ¿dónde está el agua que dicen haber vendido? ¿Cuánta agua potable produjeron sus plantas en los últimos 12 meses? ¿Cuánta agua facturaron en el mismo período? El consumo eléctrico, ya que "vendieron más agua", debe haber aumentado, ya que bombearon más agua. ¿Cuánto aumentó ese consumo eléctrico? Si no aumentó, ¿cómo justifican haber bombeado más agua?

Ahora bien, nosotros somos simples ciudadanos y si bien en la vida democrática tenemos la suficiente fuerza como para poder cambiar las cosas, lo cierto es que existen organismos del Estado que deben hacer este trabajo. Pensemos en el EPRAC, que justamente debe controlar a SAMSA, hacerse las mismas preguntas que nos hacemos y buscar respuestas. Pero no lo hace. ¿Es el EPRAC cómplice, o es negligente. En los dos casos es grave, porque implica delito. Si es cómplice, es un delito gravísimo, si es negligente, no está cumpliendo sus funciones.

Misma situación con el Defensor del Pueblo. Imaginen la siguiente situación. Están en la calle, un policía camina a metros tuyos. De imprevisto, un ladrón se materializa y te roba el celular. El policía mira la situación y no hace nada. Cuando lo increpas, te dice "señor, primero tiene que hacer la denuncia". Sirva o no la analogía, así está operando el Defensor del Pueblo. Ve que hay robo en las facturas, pero no actúa de oficio, cuando lo lógico es que así actúe. Le pide a los usuarios que vayan uno a uno a llevar sus denuncias. ¿Por qué no actúa de oficio? ¿Es cómplice o negligente?

Plan de lucha

No nos alcanza con quejarnos. No sirve la frase repetida y cristalizada "todos son corruptos" sin mover un dedo. Como ciudadanos, como dueños de la soberanía, como participes activos de una sociedad, necesitamos un plan, una estructura y acciones para poder dar la pelea contra SAMSA. Algo de eso tenemos y lo queremos comunicar.

Compilación de evidencia estadística

Creemos, y estamos bastante seguros, que no se trata de casos aislados sino de una practica sistemática de la empresa. Para esto, como vecinos organizados, se nos ocurrió hacer algo que, ya que no lo realiza el EPRAC, lo haremos nosotros: crearemos un formulario online donde los usuarios van a poder cargar su consumo histórico de un año (12 meses). El objetivo es conseguir al menos 1000 usuarios o más que carguen esa información. Con esta data podremos armar una base de datos de consumo histórico y poder analizarla para ver en qué momento hay subidas estrepitosas de consumo para de esta forma demostrar estadísticamente que es imposible que miles de familias cambien sus hábitos de consumo al mismo tiempo sin una causa externa.

Iniciativa popular

Como ciudadanos plenos de derecho podemos pedir el recurso de iniciativa popular, el cual consiste en juntar un porcentaje de firmas de acuerdo al padrón electoral para una iniciativa en concreto. En nuestro caso, queremos que se termine la concesión con la prestataria SAMSA, ya que no cumple con el contrato de concesión y actúa más como una financiera que como una prestadora de servicios públicos. Para esto nos presentamos ante el HCD de Posadas para que nos briden las hojas foliadas y timbradas para comenzar a juntar firmas. Si se niega, iremos con el Poder Ejecutivo con el mismo pedido. Si se niega, iremos a la justicia electoral. Si se niega, iremos donde la justicia indique que hay que ir.

Amparos y auditorias

Rige en curso un amparo presentado por el abogado Koncke, avalado por la jueza Bagicalupi, el cual restituyó el servicio a 15 familias que tenían cortado el suministro de agua, pero que además, intimó al EPRAC y a SAMSA a que realicen los controles en distintos puntos de Itaembé Guazú para corroborar el estado de la red en relación a la presión de agua. Si la presión del agua es baja, entra aire en la cañería. Si entra aire, hace girar el medidor, generando un consumo apócrifo. Si el consumo es apócrifo, entonces la factura es nula de nulidad total. Si es nula, entonces, todas las otras facturas anteriores se pueden poner en duda. Al momento de publicarse esto, ni SAMSA ni el EPRAC han respondido al pedido de la jueza. Si se corrobora fehacientemente que hay aire en las cañerías, esto podría desencadenar una infinidad de demandas a la empresa.

Control ciudadano del EPRAC

El EPRAC se financia con las facturas de SAMSA. A grosso modo, si hay 106 mil usuarios de SAMSA, y si todos esos usuarios consumen el mínimo (que no sucede), el EPRAC estaría recibiendo, números mas, números menos, unos 120 millones de pesos al mes. Si al EPRAC lo financiamos de nuestros bolsillos, ¿por qué no podemos ser nosotros quienes decidan a su directorio? Si el EPRAC es cómplice o negligente, ¿por qué no somos los ciudadanos quienes podamos echar a sus directivos y vocales? ¿Por qué el EPRAC tampoco actúa de oficio?

La billetera del laburante no es zona liberada

Usted, vecino de Posadas, ciudadano de Misiones, soberano de esta tierra, tiene derecho a saber. Tiene derecho a exigir. Tiene derecho a que los números cierren. Tiene derecho a que el agua que corre por su cañería sea real y no una ficción en una boleta. No deje que lo anestesien. No deje que lo duerman. No deje que le hagan dudar de su propia realidad.

Despiértese en medio de la noche, sí. Pero esta vez no para hacerse un mate y sufrir en silencio. Esta vez para juntar sus boletas, sumar sus números, hablar con sus vecinos, y construir la evidencia que va a hacer temblar este sistema de abuso. No podemos seguir permitiendo que la empresa y los organismos del estado que la deben controlar, hagan de nuestras billeteras una zona liberada para el robo a cara descubierta.

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Manifiesto ciudadano por el derecho al agua y la verdad financiera sobre SAMSA y el EPRAC

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gaslighting de SAMSA y el EPRAC

Por el simple hecho de estar parado encima de territorio misionero tenemos un derecho que no fue otorgado por ninguna empresa ni por ningún político: el derecho al agua del Acuífero Guaraní nos pertenece por su sola existencia. No es una concesión. No es una gracia. Es un derecho original, anterior a cualquier contrato de concesión, anterior a cualquier ley provincial. El agua sobre la cual estamos parados no es de SAMSA. No es del Estado. Es del pueblo. Y el pueblo la delegó para que sea administrada, no para que sea usada como máquina de extracción de dinero, como está sucediendo en la actualidad.

Esto ultimo lo decimos en vista de lo que viene sucediendo hace años, pero quizás, debido a la crisis económica actual, toma mas fuerza en las facturaciones de los últimos meses. El misionero promedio, que en medio de la noche se desvela, se hace un mate, saca las facturas, las pone sobre la mesa, compara con las de meses anteriores, suma, resta, hace cuentas en un cuadernito... y siente esa sensación de agobio en el pecho y en su fuero interior, al mirar la factura de SAMSA, que presenta consumos irrisorios (60, 80, 100 m3, es decir, 60 mil, 80 mil, 100 mil litros por mes) piensa lo siguiente:

"Yo no gastaba tanto de agua".

¿Cómo una persona hace para gastar 100m3 de agua?

Y el ciudadano misionero, el vecino, la familia, el jubilado, la pareja con un hijo, tiene razón. No gastaba tanto. No cambió nada en su casa. No hay pileta nueva. No hay más personas. No hay pérdida visible. No hay ningún motivo físico que explique por qué pasó de 13 metros cúbicos a 50, a 60, a 80. Entonces, ¿qué pasó? No pasó nada nuevo en su casa. Sus consumos, sus hábitos, son los mismos. Lo que pasó fue que la facturación se adulteró. ¿Cómo? Debido al aire que ingresa en las cañerías y que genera consumos apócrifos.

Puntualmente con SAMSA estamos padeciendo un fenómeno que en ingles se llama "gaslighting": esto consiste en hacer dudar a una persona sobre sus propias acciones. El ejemplo más clásico es el de los manipuladores, que al tener sometida a una persona, la hacen dudar de sus acciones, sus pensamientos y sus propios dichos. Otro ejemplo clásico es hacer creer a una persona, generalmente una mujer sometida por un hombre, que "está loca". Específicamente para nuestra situación podemos hablar de "gaslighting financiero" si es que existe tal categoría, ya que la empresa nos hace dudar de nuestra propia realidad, de nuestro propio consumo, de nuestra propia memoria. Terminamos creyendo que sí consumimos 50 metros cúbicos de agua y, por ende, tal vez si es culpa nuestra y no de SAMSA.

Pero nada mas alejado de la realidad. No estamos exagerando, no estamos locos, ni estamos equivocados. Lo que cambio no fue nuestro consumo, sino el dibujo de las facturas.

Estado de la situación

¿Cuál es la situación actual? Debido a las acciones llevadas a cabo por un grupo de vecinos de Itaembé Guazú, representados por el letrado Koncke, se logró un amparo en el cual se sumaron 15 personas con distintas situaciones: servicio de agua cortado, familias con hijos y sin suministro, familias con personas con discapacidad a cargo, sin agua; todas estas son cuestiones completamente ilegales teniendo en cuenta las leyes argentinas. Pero como bien responden los empleados del EPRAC cuando un vecino va a reclamar, "acá la ley nacional no aplica, señora". Pese a que el agua es un derecho humano, contemplado en la Constitución y en los tratados internacionales a los cuales la Argentina adhiere, para SAMSA y para el EPRAC, esto no es así.

Por suerte la jueza que tomó el amparo piensa distinto, es decir, piensa con la ley en la mano y ordenó a la empresa a reconectar el servicio, además de realizarle varios pedidos que tanto SAMSA y el EPRAC no contestaron, o bien lo hicieron fuera de los términos legales. SAMSA negó rotundamente todo: no están vulnerando ningún derecho, no le están cortando el agua a personas en situación de vulnerabilidad, no hay consumos apócrifos, no hay niños entre los integrantes de las viviendas en situación de corte, que haya una falla técnica responsabilidad de SAMSA, entre otras. Esto es una estrategia básica del derecho: negar todo para después sentarse a hilar fino. Para la empresa y para el EPRAC, todo funciona bien, se cobra bien, no hay aire, está bien dejar sin agua a una persona, no hay problema con cortarle el agua a un jubilado, a una persona con discapacidad o a una familia con hijos. Total normalidad, ya que, como bien informa el EPRAC, en Misiones las leyes nacionales y tratados internacionales no aplican.

El colmo. SAMSA niega hasta la vulneración al acceso al agua. ¡Si hay gente hasta que le sacan el medidor!

Pero SAMSA y el EPRAC, al pecar de vivos y de vivir al margen de la ley, se olvidaron que la Jueza les había pedido un informe técnico sobre la red. Y decimos se olvidaron, porque la Justicia tiene plazos, y este "informe" (que nuevamente niega todo) fue presentado fuera de término, por lo cual para la jueza, no fue presentado. Como el EPRAC ni SAMSA presentaron los papeles en término, las pruebas presentadas por el amparo tienen mayor fuerza ante la Justicia...como bien dice el dicho, "el que calla, otorga".

Preguntas ciudadanas

Actuando como ciudadanos activos y participes de una comunidad que vive en democracia, y, por ende, tiene derecho a protestar, a peticionar y a preguntar, los vecinos decidimos hacernos preguntas. Charlando con abogados estadistas, pensando como auditores de fraude económico, siendo defensores de la soberanía popular, llegamos a estas preguntas, las cuales, algunas tienen respuesta:

¿Cuánto paga SAMSA por cada litro de agua que extrae del Acuífero Guaraní? Respuesta: Cero. Entonces, ¿por qué el precio final es más caro que en provincias donde el agua se desaliniza, un proceso industrial costosísimo? Miremos algunas facturas, para tener ejemplos. Nadie diría que en Mendoza el agua sobra, como sucede en Misiones. ¿Por qué en Mendoza pagan 30 mil pesos de agua? ¿Será que, en realidad, la geografía nos miente y Mendoza esta repleta de agua y, por ende, es baratísima de obtener? Otro caso. Corrientes, provincia cercana, con una realidad hídrica similar a Misiones. ¿Qué pasa allí que el agua sale un tercio de lo que cuesta acá? Otro caso. Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, capital de Tierra del Fuego, la Antártida y las Malvinas, una ciudad que ni siquiera está dentro del continente y no está conectada al sistema eléctrico nacional, ¡seguro que ahí el agua es mas cara que en Misiones! ¿seguro? ¡No! ¿Qué beneficio real tiene el pueblo misionero de estar sentado sobre la reserva de agua dulce más importante del mundo, si paga el agua más cara del país?

Factua de agua y cloacas de Ushuaia. ¿Cómo puede ser que el agua allí sea más barata que en Posadas?

Otra pregunta en clave de la sobrefacturación y el gaslighting financiero que aplica SAMSA y el EPRAC. Si consideramos que son ciertos los consumos de 60, 80, 100, 200 metros cúbicos de muchas familias posadeñas, podemos llegar al siguiente razonamiento. Si se consumió más, entonces se produjo más agua. Si se produjo más, es porque SAMSA potabilizó más agua, por ende, su infraestructura de potabilización creció. ¡Pero sabemos que esto NO es así! La pregunta que surge, entonces, es, ¿dónde está el agua que dicen haber vendido? ¿Cuánta agua potable produjeron sus plantas en los últimos 12 meses? ¿Cuánta agua facturaron en el mismo período? El consumo eléctrico, ya que "vendieron más agua", debe haber aumentado, ya que bombearon más agua. ¿Cuánto aumentó ese consumo eléctrico? Si no aumentó, ¿cómo justifican haber bombeado más agua?

Ahora bien, nosotros somos simples ciudadanos y si bien en la vida democrática tenemos la suficiente fuerza como para poder cambiar las cosas, lo cierto es que existen organismos del Estado que deben hacer este trabajo. Pensemos en el EPRAC, que justamente debe controlar a SAMSA, hacerse las mismas preguntas que nos hacemos y buscar respuestas. Pero no lo hace. ¿Es el EPRAC cómplice, o es negligente. En los dos casos es grave, porque implica delito. Si es cómplice, es un delito gravísimo, si es negligente, no está cumpliendo sus funciones.

Misma situación con el Defensor del Pueblo. Imaginen la siguiente situación. Están en la calle, un policía camina a metros tuyos. De imprevisto, un ladrón se materializa y te roba el celular. El policía mira la situación y no hace nada. Cuando lo increpas, te dice "señor, primero tiene que hacer la denuncia". Sirva o no la analogía, así está operando el Defensor del Pueblo. Ve que hay robo en las facturas, pero no actúa de oficio, cuando lo lógico es que así actúe. Le pide a los usuarios que vayan uno a uno a llevar sus denuncias. ¿Por qué no actúa de oficio? ¿Es cómplice o negligente?

Plan de lucha

No nos alcanza con quejarnos. No sirve la frase repetida y cristalizada "todos son corruptos" sin mover un dedo. Como ciudadanos, como dueños de la soberanía, como participes activos de una sociedad, necesitamos un plan, una estructura y acciones para poder dar la pelea contra SAMSA. Algo de eso tenemos y lo queremos comunicar.

Compilación de evidencia estadística

Creemos, y estamos bastante seguros, que no se trata de casos aislados sino de una practica sistemática de la empresa. Para esto, como vecinos organizados, se nos ocurrió hacer algo que, ya que no lo realiza el EPRAC, lo haremos nosotros: crearemos un formulario online donde los usuarios van a poder cargar su consumo histórico de un año (12 meses). El objetivo es conseguir al menos 1000 usuarios o más que carguen esa información. Con esta data podremos armar una base de datos de consumo histórico y poder analizarla para ver en qué momento hay subidas estrepitosas de consumo para de esta forma demostrar estadísticamente que es imposible que miles de familias cambien sus hábitos de consumo al mismo tiempo sin una causa externa.

Iniciativa popular

Como ciudadanos plenos de derecho podemos pedir el recurso de iniciativa popular, el cual consiste en juntar un porcentaje de firmas de acuerdo al padrón electoral para una iniciativa en concreto. En nuestro caso, queremos que se termine la concesión con la prestataria SAMSA, ya que no cumple con el contrato de concesión y actúa más como una financiera que como una prestadora de servicios públicos. Para esto nos presentamos ante el HCD de Posadas para que nos briden las hojas foliadas y timbradas para comenzar a juntar firmas. Si se niega, iremos con el Poder Ejecutivo con el mismo pedido. Si se niega, iremos a la justicia electoral. Si se niega, iremos donde la justicia indique que hay que ir.

Amparos y auditorias

Rige en curso un amparo presentado por el abogado Koncke, avalado por la jueza Bagicalupi, el cual restituyó el servicio a 15 familias que tenían cortado el suministro de agua, pero que además, intimó al EPRAC y a SAMSA a que realicen los controles en distintos puntos de Itaembé Guazú para corroborar el estado de la red en relación a la presión de agua. Si la presión del agua es baja, entra aire en la cañería. Si entra aire, hace girar el medidor, generando un consumo apócrifo. Si el consumo es apócrifo, entonces la factura es nula de nulidad total. Si es nula, entonces, todas las otras facturas anteriores se pueden poner en duda. Al momento de publicarse esto, ni SAMSA ni el EPRAC han respondido al pedido de la jueza. Si se corrobora fehacientemente que hay aire en las cañerías, esto podría desencadenar una infinidad de demandas a la empresa.

Control ciudadano del EPRAC

El EPRAC se financia con las facturas de SAMSA. A grosso modo, si hay 106 mil usuarios de SAMSA, y si todos esos usuarios consumen el mínimo (que no sucede), el EPRAC estaría recibiendo, números mas, números menos, unos 120 millones de pesos al mes. Si al EPRAC lo financiamos de nuestros bolsillos, ¿por qué no podemos ser nosotros quienes decidan a su directorio? Si el EPRAC es cómplice o negligente, ¿por qué no somos los ciudadanos quienes podamos echar a sus directivos y vocales? ¿Por qué el EPRAC tampoco actúa de oficio?

La billetera del laburante no es zona liberada

Usted, vecino de Posadas, ciudadano de Misiones, soberano de esta tierra, tiene derecho a saber. Tiene derecho a exigir. Tiene derecho a que los números cierren. Tiene derecho a que el agua que corre por su cañería sea real y no una ficción en una boleta. No deje que lo anestesien. No deje que lo duerman. No deje que le hagan dudar de su propia realidad.

Despiértese en medio de la noche, sí. Pero esta vez no para hacerse un mate y sufrir en silencio. Esta vez para juntar sus boletas, sumar sus números, hablar con sus vecinos, y construir la evidencia que va a hacer temblar este sistema de abuso. No podemos seguir permitiendo que la empresa y los organismos del estado que la deben controlar, hagan de nuestras billeteras una zona liberada para el robo a cara descubierta.