# summary
corrupción // La historia del empresario que convirtió al Estado en su mejor cliente

# content
La pantalla quedó en negro.

No fue una falla técnica ni un recurso estético. Fue el desenlace de un conflicto laboral que llevaba meses incubándose dentro de Blender, uno de los canales de streaming con mayor crecimiento de los últimos años. En plena transmisión de Último Aviso, Fiorella Sargenti denunció al aire que varios trabajadores habían sido despedidos luego de reclamar mejoras salariales y el cumplimiento de sus condiciones laborales. La periodista en solidaridad con sus compañeros despedidos sostuvo "No podemos seguir haciendo el programa así... Echaron a muchos de nuestros compañeros por hacer un reclamo vinculado con nuestros salarios y los aumentos", aseguró que los trabajadores despedidos no fueron habilitados a retirar sus pertenencias y que fueron intimados a retirarse del edificio por el personal de seguridad. “Hay guardias esperándonos afuera”, llegó a decir Sargenti justo antes de que se cortara la transmisión.

El episodio dejó expuesta una contradicción difícil de ignorar: uno de los medios que construyó buena parte de su identidad hablando de derechos laborales, feminismos y justicia social terminaba protagonizando un conflicto con denuncias de despidos y precarización.

Pero la historia no termina en Blender. En realidad, recién empieza.

Porque detrás del canal aparece un empresario, que hasta hace pocos meses se manejó en las sombras. Augusto Marini, de apenas 31 años que, en muy pocos años, construyó un holding con presencia en sectores tan distintos como la salud, los ferrocarriles, la energía, la agroindustria, la televisión y los medios de comunicación.

Su empresa, Cale Group, controla Blender, el canal de linea libertaria Carajo —conducido por Daniel "Gordo Dan" Parisini—, la plataforma de telemedicina AlegraMed, la firma ferroviaria Motora Argentina y un conjunto de compañías vinculadas a infraestructura, mantenimiento y servicios.

La diversidad de rubros podría leerse como una historia de éxito empresarial. Sin embargo, cuando se observa con detenimiento el mapa de negocios aparece un rasgo común: muchos de sus principales contratos dependen, directa o indirectamente, de decisiones estatales.

Es ahí donde Misiones deja de ser una provincia más para transformarse en una pieza clave del crecimiento de este grupo empresario.

Mientras Blender atravesaba una crisis por despidos, Marini continuaba expandiendo sus negocios con contratos ferroviarios, avanzaba en la preadjudicación del Canal de la Ciudad de Buenos Aires y seguía administrando, mediante AlegraMed, una parte importante del sistema público de salud misionero.

La pregunta entonces deja de ser qué ocurrió en un canal de streaming.

La pregunta es cómo un empresario que construyó una imagen asociada a la innovación tecnológica logró posicionarse, en apenas unos años, como proveedor de servicios en áreas estratégicas del Estado, desde hospitales hasta trenes, pasando por medios públicos.

Y también por qué, cada vez que su nombre aparece en una investigación periodística, Misiones vuelve a ocupar un lugar destacado.

Porque la provincia funciona desde hace años como un laboratorio político singular. Un territorio donde la Renovación gobierna sin alternancia desde hace más de dos décadas y donde buena parte de las decisiones públicas se concentran en estructuras con escasos mecanismos de control externo. En ese ecosistema surgió uno de los contratos más importantes del holding de Marini: AlegraMed, una plataforma que administra turnos, historias clínicas, teleconsultas y campañas sanitarias para cientos de miles de usuarios.

La aplicación representa mucho más que una herramienta tecnológica. Es una puerta de entrada a uno de los presupuestos más sensibles del Estado: la salud pública.

Y, al mismo tiempo, resume una lógica que parece repetirse.

Mientras los trabajadores de Blender denunciaban salarios atrasados y despidos, el grupo empresario continuaba ampliando su presencia en sectores donde la rentabilidad depende menos del mercado que de la capacidad para convertirse en proveedor del propio Estado.

No se trata solamente de medios.

No se trata solamente de salud.

No se trata solamente de trenes.

Se trata de un modelo de negocios que crece alrededor de decisiones políticas, contratos públicos y estructuras estatales, mientras hacia adentro reproduce conflictos laborales que contradicen el discurso moderno, joven y disruptivo con el que suele presentarse.

Para entender cómo se llegó hasta acá hay que mirar bastante más allá del streaming. Y, sobre todo, hay que mirar hacia Misiones.

Del streaming a la salud pública: quién es Augusto Marini y cómo construyó un holding alrededor del Estado

Hasta hace pocos años, Augusto Marini era un empresario prácticamente desconocido fuera del mundo de los negocios. Hoy, aparece vinculado a sectores sensibles de la economía argentina: medios de comunicación, salud, transporte ferroviario, infraestructura, energía y servicios públicos.

El crecimiento fue tan acelerado como llamativo.

A través de Cale Group, el holding que preside, fue incorporando empresas de rubros completamente distintos. Hoy controla los canales de streaming Blender y Carajo, la plataforma de telemedicina AlegraMed, la empresa ferroviaria Motora Argentina, compañías dedicadas al mantenimiento industrial, la infraestructura, la energía solar, la agroindustria y hasta negocios vinculados al agua y la construcción.

A primera vista podría parecer la historia de un empresario con capacidad para detectar oportunidades donde otros no las ven. Pero cuando se observa el recorrido completo aparece un patrón difícil de pasar por alto: buena parte de la expansión de Cale Group ocurrió en actividades donde el principal cliente es el Estado o donde las decisiones políticas resultan determinantes para el negocio.

No se trata solamente de vender un producto. Se trata de administrar servicios públicos, operar infraestructura estratégica o gestionar áreas donde el presupuesto estatal mueve millones.

Ese recorrido comenzó mucho antes de que Marini apareciera en las entrevistas hablando de innovación o de la nueva economía digital.

Entre 2017 y 2018 el grupo desembarcó en los servicios de asistencia médica para viajeros y en proyectos vinculados a energía renovable. Luego adquirió la histórica marca EG3 y, más adelante, dio un salto mucho más ambicioso: quedarse con las operaciones de TMH Argentina para crear Motora Argentina, una empresa dedicada al mantenimiento y reparación de locomotoras y material rodante.

El negocio ferroviario terminó confirmando que el holding ya no buscaba competir únicamente en el sector privado.

Hace apenas unas semanas, trascendió que Motora Argentina obtuvo un contrato cercano a los 3,8 millones de dólares con Trenes Argentinos para la reparación de treinta formaciones destinadas a las líneas Roca y Mitre. Antes ya había recibido otra adjudicación de menor escala. Mientras el Gobierno nacional impulsa un nuevo esquema de concesiones ferroviarias, el grupo de Marini ya ocupa un lugar dentro del sistema.

La expansión no terminó ahí.

Otra de sus empresas quedó preadjudicada para operar el Canal de la Ciudad de Buenos Aires durante los próximos cinco años, sumando una nueva pieza al armado mediático del holding.

Así, el mismo empresario que financia dos canales de streaming con perfiles editoriales completamente distintos también administra empresas que dependen de contratos públicos, concesiones o licitaciones estatales.

La paradoja resulta difícil de ignorar.

Mientras buena parte del discurso libertario insiste en reducir el tamaño del Estado, algunos de los empresarios que crecieron al calor de esa nueva etapa encontraron precisamente en el Estado a su principal fuente de expansión.

No hace falta mirar muy lejos para encontrar el ejemplo más claro, está en Misiones. Y lleva el nombre de AlegraMed.

Porque fue en la provincia donde Cale Group dejó de ser solamente un grupo empresario para convertirse en un actor con participación directa en el funcionamiento cotidiano de un servicio esencial como la salud pública.

Ahí empieza el capítulo más sensible de esta historia.

AlegraMed: la aplicación que administra la salud pública y el contrato que nadie termina de explicar

Si Blender puso a Augusto Marini en el centro de una discusión por las condiciones laborales dentro de uno de sus medios, en Misiones su nombre aparece asociado a otro debate aun más delicado: el manejo de recursos públicos destinados a la salud.

El vehículo de ese negocio se llama AlegraMed. La aplicación comenzó a funcionar durante la pandemia con el objetivo de permitir consultas médicas virtuales, ordenar turnos y reducir la circulación de personas en hospitales y centros de salud. Con el paso de los años dejó de ser una herramienta complementaria para convertirse en una pieza central del sistema sanitario provincial.

Hoy la plataforma administra turnos presenciales, teleconsultas, historias clínicas digitales, seguimiento de pacientes, campañas de vacunación y distintos procesos internos del sistema público de salud. Según datos difundidos por la propia empresa, supera los 350 mil usuarios registrados y gestiona cada mes entre 60 mil y 100 mil usuarios activos, según reveló la coordinadora operativa de la aplicación, Silvina Martínez en entrevista con Radio Up. En cuanto los números son inciertos, porque el medio oficial de Misiones, Canal 12, elevó aún más la apuesta del uso de la empresa de Marini: habló de entre 350 mil y 400 mil usuarios activos mensuales. Al parecer la app pasó de herramienta sanitaria a ventanilla obligada para una parte enorme del sistema.

Si nos basamos solo en las investigaciones periodísticas, la empresa le cuesta al fisco provincial 9 dólares por paciente. Si a eso sumamos la información compartida el año pasado por la coordinadora operativa de la aplicación, la empresa a cargo de Alegramed estaría cobrando arriba de los 3.150.000 dólares. En pesos, la estimación publicada en ese momento fue de 4.032 millones. El dato es estimativo, porque no hay contratos a la vista. Y ahí está el asunto: cuando los montos son tan altos y la documentación no se conoce, las dudas se multiplican.

La discusión nunca estuvo centrada en la tecnología, sino en conocer cómo son los mecanismos por los cuales el Estado Misionero realiza las contrataciones de servicios como el de telemedicina de Alegramed que fue rechazada por prepagas y sindicatos debido a sus altos costos.

La respuesta conduce a una estructura institucional poco conocida fuera del ámbito sanitario: la Fundación Parque de la Salud.

Aunque administra recursos públicos y tiene a su cargo buena parte del funcionamiento del sistema de alta complejidad de la provincia, la Fundación posee un esquema jurídico diferente al de un ministerio o un organismo estatal tradicional. Esa particularidad la deja excenta de control sobre las contrataciones y los fondos que administra.

Es precisamente esa fundación la que contrató AlegraMed, la app de Augusto Marini, de manera directa, sin difundir contratos ni montos.

La diputada provincial Rosa Margarita Kurtz presentó un pedido de informes para conocer cómo fue contratado el servicio, cuál es el monto actualizado que paga el Estado provincial, cuánto dura el convenio, qué mecanismos de control existen sobre esos recursos y cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar a la empresa.

Entre los argumentos del proyecto, la legisladora planteó que el sistema continúa presentando dificultades para conseguir turnos médicos pese al elevado costo que tendría su implementación.

Hasta el momento, las respuestas oficiales siguen sin darse.

El caso adquirió todavía mayor repercusión cuando el periodista Alejandro Bercovich expuso el tema en C5N y vinculó el crecimiento de AlegraMed con la expansión del grupo empresario encabezado por Marini. Desde entonces comenzaron a multiplicarse las preguntas sobre la relación entre el holding y distintos sectores del poder político provincial.

Es allí donde aparecen los vínculos personales.

Diversas investigaciones reconstruyeron la cercanía de Marini con integrantes del círculo político y empresarial que rodea a Carlos Rovira. Entre los nombres mencionados aparecen Ramiro Rovira, Joaquín Basanta y otros empresarios con participación en sociedades comerciales desarrolladas en la provincia.

Por sí sola, una relación personal no constituye una irregularidad.

Pero cuando alrededor de esos vínculos confluyen contratos públicos de gran magnitud, estructuras con escasos controles externos y negocios que dependen de decisiones estatales, la discusión deja de ser privada para convertirse en un asunto de interés público.

Lo que está en debate no es solamente una aplicación. Es quién administra una parte estratégica del sistema de salud, cuánto dinero público recibe por hacerlo y bajo qué mecanismos puede la sociedad conocer cómo se utilizan esos recursos.

Del Parque de la Salud a los trenes: un holding que crece donde el Estado sigue pagando

Si AlegraMed convirtió a Cale Group en un actor con influencia dentro del sistema de salud misionero, el resto de los negocios de Augusto Marini muestran que esa estrategia no fue un caso aislado.

Con el mismo holding fue desembarcando en otros sectores donde el Estado sigue siendo un cliente central, aun en tiempos donde el discurso oficial dice querer reducir su tamaño.

Uno de los ejemplos más claros es Motora Argentina.

La empresa nació después de que Cale Group adquiriera las operaciones de TMH Argentina, dedicada al mantenimiento y reparación de locomotoras y vagones ferroviarios. Poco tiempo después comenzaron a llegar las adjudicaciones.

Este año trascendió que Motora Argentina obtuvo un contrato cercano a los 3,8 millones de dólares con Trenes Argentinos para reparar treinta formaciones de las líneas Roca y Mitre. No fue el primero. Durante 2024 la firma ya había recibido otra adjudicación vinculada al sistema ferroviario nacional.

Mientras el Gobierno nacional impulsa privatizaciones, concesiones y la apertura de nuevas unidades de negocio, el grupo de Marini ya ocupa un lugar privilegiado dentro de ese esquema.

La lógica vuelve a repetirse, el discurso habla de un Estado más pequeño, pero los negocios aparecen alrededor del Estado que sigue contratando.

La misma situación se observa en el terreno de los medios de comunicación.

Mientras Blender atravesaba un conflicto laboral que terminó con despidos y denuncias de precarización, otra empresa del holding avanzaba en un negocio completamente distinto: la operación del Canal de la Ciudad de Buenos Aires.

La administración porteña preadjudicó la concesión de la señal pública por cinco años a una firma vinculada al grupo empresario de Marini.

Así, el mismo holding pasó a tener presencia en un canal de streaming identificado con una audiencia progresista, otro alineado con el oficialismo libertario y, al mismo tiempo, quedó en condiciones de administrar un medio público de la Ciudad de Buenos Aires.

No parece una estrategia basada en afinidades ideológicas.

Parece una estrategia basada en ocupar espacios.

En construir influencia donde se produce la conversación pública y, al mismo tiempo, consolidar negocios en sectores cuya rentabilidad depende de decisiones estatales.

La expansión tampoco termina ahí.

Empresas del grupo aparecen vinculadas a infraestructura, energía, mantenimiento industrial, agroindustria, construcción y otros servicios regulados. Rubros diferentes, pero con un denominador común: todos requieren licitaciones, concesiones, adjudicaciones o contratos donde el Estado tiene capacidad de decisión.

En ese contexto, Misiones deja de verse como una excepción.

Empieza a aparecer como uno de los primeros territorios donde ese modelo de negocios encontró condiciones para desarrollarse.

Un empresario joven, un holding que crece a velocidad inusual, contratos públicos de gran magnitud, estructuras estatales con escasos mecanismos de control y una expansión que luego se replica en otras jurisdicciones.

La pregunta ya no es únicamente cómo creció Augusto Marini.

La pregunta es por qué un mismo grupo empresario logra consolidarse, casi al mismo tiempo, en áreas tan distintas como la salud pública, el transporte ferroviario, la comunicación y la infraestructura.

Porque cuando un mismo nombre empieza a repetirse en tantos sectores estratégicos, ya no estamos ante una simple expansión de negocios. Estamos frente a una forma de construir poder, usando recursos del Estado y precarizando a los trabajadores.

¿Qué tienen en común Blender y Misiones?

A simple vista, poco.

Por un lado, un canal de streaming con estética juvenil, panelistas conocidos y millones de reproducciones en redes sociales. Por el otro, una provincia donde la Renovación gobierna hace más de dos décadas, no por estabilidad sino por una convivencia entre el poder político, judicial, mediático y empresarios que se enriquecen a costa de pagarle miseria a los trabajadores.

Sin embargo, cuando se sigue el recorrido del dinero, de las empresas y de las decisiones políticas, empiezan a aparecer demasiados puntos de contacto.

En Blender, trabajadores denuncian despidos, salarios deteriorados y un vaciamiento de los derechos laborales mientras el grupo empresario continúa expandiendo sus negocios.

En Misiones, el mismo holding administra una parte importante de la infraestructura digital del sistema público de salud mediante un contrato cuyos montos, condiciones y mecanismos de contratación siguen siendo motivo de cuestionamientos y pedidos de informes.

En Buenos Aires, ese mismo grupo suma contratos ferroviarios millonarios y avanza sobre la administración de un canal público.

No son hechos aislados. Son piezas de un mismo modelo.

Un modelo donde la innovación suele presentarse como argumento suficiente para evitar discusiones sobre transparencia, donde el discurso de la eficiencia convive con la concentración de negocios y donde la precarización laboral parece ser el costo que siempre pagan los trabajadores, nunca los empresarios.

También es un modelo que habla de una nueva forma de construir poder.

Durante años, la Renovación consolidó su influencia mediante una amplia red de medios tradicionales sostenidos, en buena medida, por la pauta oficial. Ese esquema empezó a modificarse después de la pandemia. Las conferencias de prensa desaparecieron, los medios locales fueron perdiendo centralidad y la comunicación política migró hacia las redes sociales, los influencers y las plataformas digitales.

No fue un fenómeno exclusivamente misionero.

El gobierno de Javier Milei convirtió esa lógica en política de Estado. Redujo drásticamente la pauta oficial para buena parte de los medios tradicionales mientras fortaleció un ecosistema de comunicación basado en redes sociales, canales de streaming y figuras con enorme capacidad de instalar agenda sin los controles editoriales propios del periodismo.

En ese escenario, empresarios como Augusto Marini encontraron un lugar privilegiado. No porque representen una ideología determinada. Sino porque entendieron antes que muchos que el negocio ya no consiste solamente en tener medios. Consiste en administrar plataformas de comunicación, prestar servicios al Estado, participar de sectores estratégicos y construir influencia en todos esos espacios al mismo tiempo.

Blender y Carajo son, quizás, la mejor síntesis de esa lógica.

Dos canales con identidades aparentemente opuestas, financiados por el mismo grupo empresario. Dos públicos distintos. Dos discursos diferentes. Un mismo dueño.

La grieta puede ser un buen negocio cuando ambos lados terminan facturando para la misma empresa.

Mientras tanto, los trabajadores denuncian despidos, el Estado continúa tercerizando funciones estratégicas, los organismos de control siguen sin acceder a información completa sobre algunos contratos y los recursos públicos continúan alimentando negocios privados cuya magnitud recién comienza a conocerse.

La historia de Augusto Marini no habla solamente de un empresario, habla de una época.

Una época donde el Estado no necesariamente se achica. Cambia de manos.

Y donde detrás del discurso de la modernización, la eficiencia y la innovación pueden esconderse viejas prácticas: concentración económica, privilegios para unos pocos, opacidad en el uso de fondos públicos y ajuste para quienes viven de su trabajo.

Quizás por eso Blender y Misiones se parecen más de lo que parece.

No por el streaming. No por la telemedicina. Menos por los trenes.

Se parecen porque muestran cómo el poder económico y el poder político pueden retroalimentarse mientras quienes producen, informan, atienden pacientes o sostienen el funcionamiento cotidiano de esos sistemas terminan pagando el costo de negocios que se presentan como modernos, pero reproducen una lógica conocida: privatizar las ganancias y socializar la miseria.

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La historia del empresario que convirtió al Estado en su mejor cliente

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La pantalla quedó en negro.

No fue una falla técnica ni un recurso estético. Fue el desenlace de un conflicto laboral que llevaba meses incubándose dentro de Blender, uno de los canales de streaming con mayor crecimiento de los últimos años. En plena transmisión de Último Aviso, Fiorella Sargenti denunció al aire que varios trabajadores habían sido despedidos luego de reclamar mejoras salariales y el cumplimiento de sus condiciones laborales. La periodista en solidaridad con sus compañeros despedidos sostuvo "No podemos seguir haciendo el programa así... Echaron a muchos de nuestros compañeros por hacer un reclamo vinculado con nuestros salarios y los aumentos", aseguró que los trabajadores despedidos no fueron habilitados a retirar sus pertenencias y que fueron intimados a retirarse del edificio por el personal de seguridad. “Hay guardias esperándonos afuera”, llegó a decir Sargenti justo antes de que se cortara la transmisión.

El episodio dejó expuesta una contradicción difícil de ignorar: uno de los medios que construyó buena parte de su identidad hablando de derechos laborales, feminismos y justicia social terminaba protagonizando un conflicto con denuncias de despidos y precarización.

Pero la historia no termina en Blender. En realidad, recién empieza.

Porque detrás del canal aparece un empresario, que hasta hace pocos meses se manejó en las sombras. Augusto Marini, de apenas 31 años que, en muy pocos años, construyó un holding con presencia en sectores tan distintos como la salud, los ferrocarriles, la energía, la agroindustria, la televisión y los medios de comunicación.

Su empresa, Cale Group, controla Blender, el canal de linea libertaria Carajo —conducido por Daniel "Gordo Dan" Parisini—, la plataforma de telemedicina AlegraMed, la firma ferroviaria Motora Argentina y un conjunto de compañías vinculadas a infraestructura, mantenimiento y servicios.

La diversidad de rubros podría leerse como una historia de éxito empresarial. Sin embargo, cuando se observa con detenimiento el mapa de negocios aparece un rasgo común: muchos de sus principales contratos dependen, directa o indirectamente, de decisiones estatales.

Es ahí donde Misiones deja de ser una provincia más para transformarse en una pieza clave del crecimiento de este grupo empresario.

Mientras Blender atravesaba una crisis por despidos, Marini continuaba expandiendo sus negocios con contratos ferroviarios, avanzaba en la preadjudicación del Canal de la Ciudad de Buenos Aires y seguía administrando, mediante AlegraMed, una parte importante del sistema público de salud misionero.

La pregunta entonces deja de ser qué ocurrió en un canal de streaming.

La pregunta es cómo un empresario que construyó una imagen asociada a la innovación tecnológica logró posicionarse, en apenas unos años, como proveedor de servicios en áreas estratégicas del Estado, desde hospitales hasta trenes, pasando por medios públicos.

Y también por qué, cada vez que su nombre aparece en una investigación periodística, Misiones vuelve a ocupar un lugar destacado.

Porque la provincia funciona desde hace años como un laboratorio político singular. Un territorio donde la Renovación gobierna sin alternancia desde hace más de dos décadas y donde buena parte de las decisiones públicas se concentran en estructuras con escasos mecanismos de control externo. En ese ecosistema surgió uno de los contratos más importantes del holding de Marini: AlegraMed, una plataforma que administra turnos, historias clínicas, teleconsultas y campañas sanitarias para cientos de miles de usuarios.

La aplicación representa mucho más que una herramienta tecnológica. Es una puerta de entrada a uno de los presupuestos más sensibles del Estado: la salud pública.

Y, al mismo tiempo, resume una lógica que parece repetirse.

Mientras los trabajadores de Blender denunciaban salarios atrasados y despidos, el grupo empresario continuaba ampliando su presencia en sectores donde la rentabilidad depende menos del mercado que de la capacidad para convertirse en proveedor del propio Estado.

No se trata solamente de medios.

No se trata solamente de salud.

No se trata solamente de trenes.

Se trata de un modelo de negocios que crece alrededor de decisiones políticas, contratos públicos y estructuras estatales, mientras hacia adentro reproduce conflictos laborales que contradicen el discurso moderno, joven y disruptivo con el que suele presentarse.

Para entender cómo se llegó hasta acá hay que mirar bastante más allá del streaming. Y, sobre todo, hay que mirar hacia Misiones.

Del streaming a la salud pública: quién es Augusto Marini y cómo construyó un holding alrededor del Estado

Hasta hace pocos años, Augusto Marini era un empresario prácticamente desconocido fuera del mundo de los negocios. Hoy, aparece vinculado a sectores sensibles de la economía argentina: medios de comunicación, salud, transporte ferroviario, infraestructura, energía y servicios públicos.

El crecimiento fue tan acelerado como llamativo.

A través de Cale Group, el holding que preside, fue incorporando empresas de rubros completamente distintos. Hoy controla los canales de streaming Blender y Carajo, la plataforma de telemedicina AlegraMed, la empresa ferroviaria Motora Argentina, compañías dedicadas al mantenimiento industrial, la infraestructura, la energía solar, la agroindustria y hasta negocios vinculados al agua y la construcción.

A primera vista podría parecer la historia de un empresario con capacidad para detectar oportunidades donde otros no las ven. Pero cuando se observa el recorrido completo aparece un patrón difícil de pasar por alto: buena parte de la expansión de Cale Group ocurrió en actividades donde el principal cliente es el Estado o donde las decisiones políticas resultan determinantes para el negocio.

No se trata solamente de vender un producto. Se trata de administrar servicios públicos, operar infraestructura estratégica o gestionar áreas donde el presupuesto estatal mueve millones.

Ese recorrido comenzó mucho antes de que Marini apareciera en las entrevistas hablando de innovación o de la nueva economía digital.

Entre 2017 y 2018 el grupo desembarcó en los servicios de asistencia médica para viajeros y en proyectos vinculados a energía renovable. Luego adquirió la histórica marca EG3 y, más adelante, dio un salto mucho más ambicioso: quedarse con las operaciones de TMH Argentina para crear Motora Argentina, una empresa dedicada al mantenimiento y reparación de locomotoras y material rodante.

El negocio ferroviario terminó confirmando que el holding ya no buscaba competir únicamente en el sector privado.

Hace apenas unas semanas, trascendió que Motora Argentina obtuvo un contrato cercano a los 3,8 millones de dólares con Trenes Argentinos para la reparación de treinta formaciones destinadas a las líneas Roca y Mitre. Antes ya había recibido otra adjudicación de menor escala. Mientras el Gobierno nacional impulsa un nuevo esquema de concesiones ferroviarias, el grupo de Marini ya ocupa un lugar dentro del sistema.

La expansión no terminó ahí.

Otra de sus empresas quedó preadjudicada para operar el Canal de la Ciudad de Buenos Aires durante los próximos cinco años, sumando una nueva pieza al armado mediático del holding.

Así, el mismo empresario que financia dos canales de streaming con perfiles editoriales completamente distintos también administra empresas que dependen de contratos públicos, concesiones o licitaciones estatales.

La paradoja resulta difícil de ignorar.

Mientras buena parte del discurso libertario insiste en reducir el tamaño del Estado, algunos de los empresarios que crecieron al calor de esa nueva etapa encontraron precisamente en el Estado a su principal fuente de expansión.

No hace falta mirar muy lejos para encontrar el ejemplo más claro, está en Misiones. Y lleva el nombre de AlegraMed.

Porque fue en la provincia donde Cale Group dejó de ser solamente un grupo empresario para convertirse en un actor con participación directa en el funcionamiento cotidiano de un servicio esencial como la salud pública.

Ahí empieza el capítulo más sensible de esta historia.

AlegraMed: la aplicación que administra la salud pública y el contrato que nadie termina de explicar

Si Blender puso a Augusto Marini en el centro de una discusión por las condiciones laborales dentro de uno de sus medios, en Misiones su nombre aparece asociado a otro debate aun más delicado: el manejo de recursos públicos destinados a la salud.

El vehículo de ese negocio se llama AlegraMed. La aplicación comenzó a funcionar durante la pandemia con el objetivo de permitir consultas médicas virtuales, ordenar turnos y reducir la circulación de personas en hospitales y centros de salud. Con el paso de los años dejó de ser una herramienta complementaria para convertirse en una pieza central del sistema sanitario provincial.

Hoy la plataforma administra turnos presenciales, teleconsultas, historias clínicas digitales, seguimiento de pacientes, campañas de vacunación y distintos procesos internos del sistema público de salud. Según datos difundidos por la propia empresa, supera los 350 mil usuarios registrados y gestiona cada mes entre 60 mil y 100 mil usuarios activos, según reveló la coordinadora operativa de la aplicación, Silvina Martínez en entrevista con Radio Up. En cuanto los números son inciertos, porque el medio oficial de Misiones, Canal 12, elevó aún más la apuesta del uso de la empresa de Marini: habló de entre 350 mil y 400 mil usuarios activos mensuales. Al parecer la app pasó de herramienta sanitaria a ventanilla obligada para una parte enorme del sistema.

Si nos basamos solo en las investigaciones periodísticas, la empresa le cuesta al fisco provincial 9 dólares por paciente. Si a eso sumamos la información compartida el año pasado por la coordinadora operativa de la aplicación, la empresa a cargo de Alegramed estaría cobrando arriba de los 3.150.000 dólares. En pesos, la estimación publicada en ese momento fue de 4.032 millones. El dato es estimativo, porque no hay contratos a la vista. Y ahí está el asunto: cuando los montos son tan altos y la documentación no se conoce, las dudas se multiplican.

La discusión nunca estuvo centrada en la tecnología, sino en conocer cómo son los mecanismos por los cuales el Estado Misionero realiza las contrataciones de servicios como el de telemedicina de Alegramed que fue rechazada por prepagas y sindicatos debido a sus altos costos.

La respuesta conduce a una estructura institucional poco conocida fuera del ámbito sanitario: la Fundación Parque de la Salud.

Aunque administra recursos públicos y tiene a su cargo buena parte del funcionamiento del sistema de alta complejidad de la provincia, la Fundación posee un esquema jurídico diferente al de un ministerio o un organismo estatal tradicional. Esa particularidad la deja excenta de control sobre las contrataciones y los fondos que administra.

Es precisamente esa fundación la que contrató AlegraMed, la app de Augusto Marini, de manera directa, sin difundir contratos ni montos.

La diputada provincial Rosa Margarita Kurtz presentó un pedido de informes para conocer cómo fue contratado el servicio, cuál es el monto actualizado que paga el Estado provincial, cuánto dura el convenio, qué mecanismos de control existen sobre esos recursos y cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar a la empresa.

Entre los argumentos del proyecto, la legisladora planteó que el sistema continúa presentando dificultades para conseguir turnos médicos pese al elevado costo que tendría su implementación.

Hasta el momento, las respuestas oficiales siguen sin darse.

El caso adquirió todavía mayor repercusión cuando el periodista Alejandro Bercovich expuso el tema en C5N y vinculó el crecimiento de AlegraMed con la expansión del grupo empresario encabezado por Marini. Desde entonces comenzaron a multiplicarse las preguntas sobre la relación entre el holding y distintos sectores del poder político provincial.

Es allí donde aparecen los vínculos personales.

Diversas investigaciones reconstruyeron la cercanía de Marini con integrantes del círculo político y empresarial que rodea a Carlos Rovira. Entre los nombres mencionados aparecen Ramiro Rovira, Joaquín Basanta y otros empresarios con participación en sociedades comerciales desarrolladas en la provincia.

Por sí sola, una relación personal no constituye una irregularidad.

Pero cuando alrededor de esos vínculos confluyen contratos públicos de gran magnitud, estructuras con escasos controles externos y negocios que dependen de decisiones estatales, la discusión deja de ser privada para convertirse en un asunto de interés público.

Lo que está en debate no es solamente una aplicación. Es quién administra una parte estratégica del sistema de salud, cuánto dinero público recibe por hacerlo y bajo qué mecanismos puede la sociedad conocer cómo se utilizan esos recursos.

Del Parque de la Salud a los trenes: un holding que crece donde el Estado sigue pagando

Si AlegraMed convirtió a Cale Group en un actor con influencia dentro del sistema de salud misionero, el resto de los negocios de Augusto Marini muestran que esa estrategia no fue un caso aislado.

Con el mismo holding fue desembarcando en otros sectores donde el Estado sigue siendo un cliente central, aun en tiempos donde el discurso oficial dice querer reducir su tamaño.

Uno de los ejemplos más claros es Motora Argentina.

La empresa nació después de que Cale Group adquiriera las operaciones de TMH Argentina, dedicada al mantenimiento y reparación de locomotoras y vagones ferroviarios. Poco tiempo después comenzaron a llegar las adjudicaciones.

Este año trascendió que Motora Argentina obtuvo un contrato cercano a los 3,8 millones de dólares con Trenes Argentinos para reparar treinta formaciones de las líneas Roca y Mitre. No fue el primero. Durante 2024 la firma ya había recibido otra adjudicación vinculada al sistema ferroviario nacional.

Mientras el Gobierno nacional impulsa privatizaciones, concesiones y la apertura de nuevas unidades de negocio, el grupo de Marini ya ocupa un lugar privilegiado dentro de ese esquema.

La lógica vuelve a repetirse, el discurso habla de un Estado más pequeño, pero los negocios aparecen alrededor del Estado que sigue contratando.

La misma situación se observa en el terreno de los medios de comunicación.

Mientras Blender atravesaba un conflicto laboral que terminó con despidos y denuncias de precarización, otra empresa del holding avanzaba en un negocio completamente distinto: la operación del Canal de la Ciudad de Buenos Aires.

La administración porteña preadjudicó la concesión de la señal pública por cinco años a una firma vinculada al grupo empresario de Marini.

Así, el mismo holding pasó a tener presencia en un canal de streaming identificado con una audiencia progresista, otro alineado con el oficialismo libertario y, al mismo tiempo, quedó en condiciones de administrar un medio público de la Ciudad de Buenos Aires.

No parece una estrategia basada en afinidades ideológicas.

Parece una estrategia basada en ocupar espacios.

En construir influencia donde se produce la conversación pública y, al mismo tiempo, consolidar negocios en sectores cuya rentabilidad depende de decisiones estatales.

La expansión tampoco termina ahí.

Empresas del grupo aparecen vinculadas a infraestructura, energía, mantenimiento industrial, agroindustria, construcción y otros servicios regulados. Rubros diferentes, pero con un denominador común: todos requieren licitaciones, concesiones, adjudicaciones o contratos donde el Estado tiene capacidad de decisión.

En ese contexto, Misiones deja de verse como una excepción.

Empieza a aparecer como uno de los primeros territorios donde ese modelo de negocios encontró condiciones para desarrollarse.

Un empresario joven, un holding que crece a velocidad inusual, contratos públicos de gran magnitud, estructuras estatales con escasos mecanismos de control y una expansión que luego se replica en otras jurisdicciones.

La pregunta ya no es únicamente cómo creció Augusto Marini.

La pregunta es por qué un mismo grupo empresario logra consolidarse, casi al mismo tiempo, en áreas tan distintas como la salud pública, el transporte ferroviario, la comunicación y la infraestructura.

Porque cuando un mismo nombre empieza a repetirse en tantos sectores estratégicos, ya no estamos ante una simple expansión de negocios. Estamos frente a una forma de construir poder, usando recursos del Estado y precarizando a los trabajadores.

¿Qué tienen en común Blender y Misiones?

A simple vista, poco.

Por un lado, un canal de streaming con estética juvenil, panelistas conocidos y millones de reproducciones en redes sociales. Por el otro, una provincia donde la Renovación gobierna hace más de dos décadas, no por estabilidad sino por una convivencia entre el poder político, judicial, mediático y empresarios que se enriquecen a costa de pagarle miseria a los trabajadores.

Sin embargo, cuando se sigue el recorrido del dinero, de las empresas y de las decisiones políticas, empiezan a aparecer demasiados puntos de contacto.

En Blender, trabajadores denuncian despidos, salarios deteriorados y un vaciamiento de los derechos laborales mientras el grupo empresario continúa expandiendo sus negocios.

En Misiones, el mismo holding administra una parte importante de la infraestructura digital del sistema público de salud mediante un contrato cuyos montos, condiciones y mecanismos de contratación siguen siendo motivo de cuestionamientos y pedidos de informes.

En Buenos Aires, ese mismo grupo suma contratos ferroviarios millonarios y avanza sobre la administración de un canal público.

No son hechos aislados. Son piezas de un mismo modelo.

Un modelo donde la innovación suele presentarse como argumento suficiente para evitar discusiones sobre transparencia, donde el discurso de la eficiencia convive con la concentración de negocios y donde la precarización laboral parece ser el costo que siempre pagan los trabajadores, nunca los empresarios.

También es un modelo que habla de una nueva forma de construir poder.

Durante años, la Renovación consolidó su influencia mediante una amplia red de medios tradicionales sostenidos, en buena medida, por la pauta oficial. Ese esquema empezó a modificarse después de la pandemia. Las conferencias de prensa desaparecieron, los medios locales fueron perdiendo centralidad y la comunicación política migró hacia las redes sociales, los influencers y las plataformas digitales.

No fue un fenómeno exclusivamente misionero.

El gobierno de Javier Milei convirtió esa lógica en política de Estado. Redujo drásticamente la pauta oficial para buena parte de los medios tradicionales mientras fortaleció un ecosistema de comunicación basado en redes sociales, canales de streaming y figuras con enorme capacidad de instalar agenda sin los controles editoriales propios del periodismo.

En ese escenario, empresarios como Augusto Marini encontraron un lugar privilegiado. No porque representen una ideología determinada. Sino porque entendieron antes que muchos que el negocio ya no consiste solamente en tener medios. Consiste en administrar plataformas de comunicación, prestar servicios al Estado, participar de sectores estratégicos y construir influencia en todos esos espacios al mismo tiempo.

Blender y Carajo son, quizás, la mejor síntesis de esa lógica.

Dos canales con identidades aparentemente opuestas, financiados por el mismo grupo empresario. Dos públicos distintos. Dos discursos diferentes. Un mismo dueño.

La grieta puede ser un buen negocio cuando ambos lados terminan facturando para la misma empresa.

Mientras tanto, los trabajadores denuncian despidos, el Estado continúa tercerizando funciones estratégicas, los organismos de control siguen sin acceder a información completa sobre algunos contratos y los recursos públicos continúan alimentando negocios privados cuya magnitud recién comienza a conocerse.

La historia de Augusto Marini no habla solamente de un empresario, habla de una época.

Una época donde el Estado no necesariamente se achica. Cambia de manos.

Y donde detrás del discurso de la modernización, la eficiencia y la innovación pueden esconderse viejas prácticas: concentración económica, privilegios para unos pocos, opacidad en el uso de fondos públicos y ajuste para quienes viven de su trabajo.

Quizás por eso Blender y Misiones se parecen más de lo que parece.

No por el streaming. No por la telemedicina. Menos por los trenes.

Se parecen porque muestran cómo el poder económico y el poder político pueden retroalimentarse mientras quienes producen, informan, atienden pacientes o sostienen el funcionamiento cotidiano de esos sistemas terminan pagando el costo de negocios que se presentan como modernos, pero reproducen una lógica conocida: privatizar las ganancias y socializar la miseria.