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El libro es una extraña mercancía. Es una función social, un bien cultural y, al mismo tiempo, un objeto de comercio. Esa triple condición explica por qué numerosos países entendieron que el libro no puede ser tratado como un producto más. Si el pan, los medicamentos o la energía requieren regulaciones por el rol que cumplen en la sociedad, el libro también necesita políticas que protejan aquello que el mercado, por sí solo, no garantiza: la diversidad editorial, la circulación de ideas y el acceso a una oferta amplia y plural.

En Argentina, la Ley del Libro nació como el resultado de décadas de organización y trabajo de editores, libreros, autores, bibliotecarios y diversos actores de la cadena del libro. Fue la expresión de un consenso que reconoce que el libro ocupa un lugar singular en el latido cultural y democrático de un país, y que necesita herramientas específicas para sostener esa función.

Hoy, frente a los intentos de modificar esa legislación, vuelve una pregunta fundamental: ¿qué sostiene realmente la Ley del Libro?

Un ecosistema, no un mercado

Decir que sostiene una industria sería quedarse corto. Lo que sostiene es un ecosistema.

Las librerías independientes invitan al descubrimiento, forman lectores, recomiendan catálogos, construyen comunidades y mantienen viva una conversación cultural que ningún algoritmo puede reemplazar.

Las editoriales independientes asumen riesgos editoriales, traducen autores desconocidos, recuperan obras olvidadas y apuestan por libros que difícilmente encontrarían su lugar si el único criterio fuera la rentabilidad inmediata.

Y es ese diálogo el que sostiene a imprentas, distribuidores, traductores, ilustradores, correctores, diseñadores, bibliotecas, ferias y, en definitiva, la posibilidad de que existan muchos libros distintos para muchos tipos de lectores distintos.

Lo que pasa cuando desaparecen las reglas

La experiencia internacional demuestra que no se trata de una discusión meramente teórica. En el Reino Unido, la eliminación del Net Book Agreement, que durante décadas había regulado el precio de venta de los libros, aceleró un proceso de concentración comercial que favoreció a las grandes cadenas y, posteriormente, a las plataformas de venta. En los años siguientes cerraron un tercio de las librerías independientes y el mercado quedó cada vez más concentrado en un puñado de grandes actores. En cambio, países como Francia, Alemania, España o Noruega mantienen sistemas de precio fijo o regulado que buscan preservar una red diversa de librerías y garantizar condiciones de competencia menos desiguales para todo el sector.

El mercado, por sí solo, no produce necesariamente diversidad cultural. Cuando la lógica comercial se convierte en el único criterio, los primeros en desaparecer suelen ser los libros más arriesgados, los catálogos más pequeños y las voces que todavía no encontraron un lugar en las listas de los más vendidos.

Quienes sostienen editoriales independientes conocen bien esa realidad. Muchos de los libros que publican existen porque hay librerías que los reciben, los recomiendan y les dan el tiempo y el lugar necesarios para encontrar a sus lectores. No suelen convertirse en fenómenos editoriales inmediatos ni ocupar las mesas de novedades durante semanas. Sin embargo, amplían el horizonte de lectura y encuentran a sus lectores gracias al trabajo paciente de libreros, bibliotecas, clubes de lectura, ferias y comunidades lectoras.

En ese entramado, la Feria de Editores se ha consolidado como uno de los principales espacios de encuentro para la edición independiente en América Latina. Cada año reúne a más de trescientas editoriales y miles de lectores alrededor de un mismo objetivo: ampliar la circulación de libros y fortalecer un ecosistema basado en la bibliodiversidad. Este año, una sola editorial misionera participará de esa feria. Más que un logro individual, esa presencia evidencia cuánto cuesta para los proyectos editoriales del nordeste incorporarse a los principales circuitos nacionales del libro y, al mismo tiempo, la importancia de construir redes que permitan reducir esas distancias.

Desde una provincia como Misiones, donde el ecosistema del libro sigue siendo pequeño y frágil, esta discusión adquiere una dimensión particular. Cada librería independiente, cada editorial, cada feria y cada biblioteca representan mucho más que un emprendimiento cultural: son espacios vitales donde circulan ideas, se forman lectores y se fortalece la vida comunitaria. Allí, cualquier retroceso en las políticas que protegen al libro tiene un impacto mayor.

Defender, valga la redundancia, la Ley de Defensa de la Actividad Librera y la Ley de Fomento del Libro y la Lectura significa defender las condiciones materiales que hacen posible que existan editoriales independientes, librerías vivas, bibliotecas activas y lectores con acceso a una oferta diversa. No se trata únicamente de equilibrar un mercado, sino de preservar una política cultural que garantiza que las voces de todo el país —también las que nacen lejos de los grandes centros editoriales— puedan circular y ser escuchadas.

La pregunta, entonces, no es únicamente qué sostiene la Ley del Libro. La pregunta es qué país queremos sostener nosotros cuando decidimos defenderla.

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El libro es una extraña mercancía. Es una función social, un bien cultural y, al mismo tiempo, un objeto de comercio. Esa triple condición explica por qué numerosos países entendieron que el libro no puede ser tratado como un producto más. Si el pan, los medicamentos o la energía requieren regulaciones por el rol que cumplen en la sociedad, el libro también necesita políticas que protejan aquello que el mercado, por sí solo, no garantiza: la diversidad editorial, la circulación de ideas y el acceso a una oferta amplia y plural.

En Argentina, la Ley del Libro nació como el resultado de décadas de organización y trabajo de editores, libreros, autores, bibliotecarios y diversos actores de la cadena del libro. Fue la expresión de un consenso que reconoce que el libro ocupa un lugar singular en el latido cultural y democrático de un país, y que necesita herramientas específicas para sostener esa función.

Hoy, frente a los intentos de modificar esa legislación, vuelve una pregunta fundamental: ¿qué sostiene realmente la Ley del Libro?

Un ecosistema, no un mercado

Decir que sostiene una industria sería quedarse corto. Lo que sostiene es un ecosistema.

Las librerías independientes invitan al descubrimiento, forman lectores, recomiendan catálogos, construyen comunidades y mantienen viva una conversación cultural que ningún algoritmo puede reemplazar.

Las editoriales independientes asumen riesgos editoriales, traducen autores desconocidos, recuperan obras olvidadas y apuestan por libros que difícilmente encontrarían su lugar si el único criterio fuera la rentabilidad inmediata.

Y es ese diálogo el que sostiene a imprentas, distribuidores, traductores, ilustradores, correctores, diseñadores, bibliotecas, ferias y, en definitiva, la posibilidad de que existan muchos libros distintos para muchos tipos de lectores distintos.

Lo que pasa cuando desaparecen las reglas

La experiencia internacional demuestra que no se trata de una discusión meramente teórica. En el Reino Unido, la eliminación del Net Book Agreement, que durante décadas había regulado el precio de venta de los libros, aceleró un proceso de concentración comercial que favoreció a las grandes cadenas y, posteriormente, a las plataformas de venta. En los años siguientes cerraron un tercio de las librerías independientes y el mercado quedó cada vez más concentrado en un puñado de grandes actores. En cambio, países como Francia, Alemania, España o Noruega mantienen sistemas de precio fijo o regulado que buscan preservar una red diversa de librerías y garantizar condiciones de competencia menos desiguales para todo el sector.

El mercado, por sí solo, no produce necesariamente diversidad cultural. Cuando la lógica comercial se convierte en el único criterio, los primeros en desaparecer suelen ser los libros más arriesgados, los catálogos más pequeños y las voces que todavía no encontraron un lugar en las listas de los más vendidos.

Quienes sostienen editoriales independientes conocen bien esa realidad. Muchos de los libros que publican existen porque hay librerías que los reciben, los recomiendan y les dan el tiempo y el lugar necesarios para encontrar a sus lectores. No suelen convertirse en fenómenos editoriales inmediatos ni ocupar las mesas de novedades durante semanas. Sin embargo, amplían el horizonte de lectura y encuentran a sus lectores gracias al trabajo paciente de libreros, bibliotecas, clubes de lectura, ferias y comunidades lectoras.

En ese entramado, la Feria de Editores se ha consolidado como uno de los principales espacios de encuentro para la edición independiente en América Latina. Cada año reúne a más de trescientas editoriales y miles de lectores alrededor de un mismo objetivo: ampliar la circulación de libros y fortalecer un ecosistema basado en la bibliodiversidad. Este año, una sola editorial misionera participará de esa feria. Más que un logro individual, esa presencia evidencia cuánto cuesta para los proyectos editoriales del nordeste incorporarse a los principales circuitos nacionales del libro y, al mismo tiempo, la importancia de construir redes que permitan reducir esas distancias.

Desde una provincia como Misiones, donde el ecosistema del libro sigue siendo pequeño y frágil, esta discusión adquiere una dimensión particular. Cada librería independiente, cada editorial, cada feria y cada biblioteca representan mucho más que un emprendimiento cultural: son espacios vitales donde circulan ideas, se forman lectores y se fortalece la vida comunitaria. Allí, cualquier retroceso en las políticas que protegen al libro tiene un impacto mayor.

Defender, valga la redundancia, la Ley de Defensa de la Actividad Librera y la Ley de Fomento del Libro y la Lectura significa defender las condiciones materiales que hacen posible que existan editoriales independientes, librerías vivas, bibliotecas activas y lectores con acceso a una oferta diversa. No se trata únicamente de equilibrar un mercado, sino de preservar una política cultural que garantiza que las voces de todo el país —también las que nacen lejos de los grandes centros editoriales— puedan circular y ser escuchadas.

La pregunta, entonces, no es únicamente qué sostiene la Ley del Libro. La pregunta es qué país queremos sostener nosotros cuando decidimos defenderla.