Eran niñas: se cumplieron cuatro años del infanticidio en Paraguay
En septiembre se cumplieron 4 años del crimen de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) en la localidad de Yby Yaú, departamento de Concepción de la República del Paraguay. Crimen en el que ejecutaron a 2 niñas de 11 años misioneras, argentinas. En aquella ocasión, el presidente Mario Abdo Benítez, posó uniformado en los medios, anunciando un “operativo exitoso” y exhibiendo los cuerpos de las niñas.
El caso
Laura Mariana Villalba (37) cruzó a Paraguay en diciembre de 2019 con María Carmen (11), Lilian Mariana (11) y sus primas Tania Tamara, Carmen Elizabeth (“Lichita”, de 14) y Anahí. Las niñas anhelaban conocer a sus papás, integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Todas ellas residían en la localidad misionera de Puerto Rico, en Argentina, y llevaban una vida normal a la vista de los vecinos. Las niñas iban a la escuela 228; “Lichita” a la EPET 10; Laura estudiaba enfermería y trabajaba de forma precarizada en un reconocido hospital de la localidad. Ellas quedaron varadas en Concepción, Paraguay, debido a la pandemia y el cierre de las fronteras.
El 2 de septiembre de 2020, en un operativo poco esclarecido, el Estado paraguayo irrumpió en un campamento donde permanecían las niñas. Según declaraciones de Tamara, una de las sobrevivientes de aquella noche fatal, las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) del Ejército paraguayo secuestró a Lilian y a Maria Carmen, posteriormente las habrían torturado y luego las ejecutaron.
A esta atrocidad que viola tratados internacionales y que constituye un grave crimen de estado, se sumaron las mentiras y los montajes por los medios nacionales, la destrucción de evidencia, impidieron que la familia forme parte de la autopsia y de los procesos de investigación. En estos años no se avanzó un solo paso en la investigación de lo ocurrido, no se logró determinar quiénes fueron los involucrados y en qué circunstancias fueron abatidas las niñas. Sí se avanzó en criminalizar a las mujeres y madres de la familia Villalba, de “reclutar” niños para el EPP, de sostener una “guardería de guerrilleros”, las han denunciado ante organismos internacionales.
Desde ese momento, el Estado Paraguayo garantizó su propia impunidad y la de todos los responsables e implicados en el caso. No accedió al pedido de organizaciones y familiares, para que el Equipo Argentino de Antropología Forense realice una autopsia de los cuerpos y pueda determinar de qué manera murieron las niñas. Además, el Estado Paraguayo ha puesto en duda más de una vez los datos de la filiación y del registro argentino. Esto, además de perseguir a todes lxs activistas que osaron denunciar semejante crimen en Paraguay, contando con los medios para criminalizar a quienes se manifestaron aquellos días en Asunción. Es importante mencionar que las Fuerzas de Tarea Conjunta fueron creadas en el 2013 bajo el mandato del cuestionado Horacio Cartes, para “controlar” la frontera paraguaya con Brasil, zona en disputa de narcos y ganaderos, fueron entrenados por la Mossad y contaron con un presupuesto de 14.000.000 de dólares, especialmente para combatir al EPP. Son integradas por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la SENAD (Sec. Nacional AntiDrogas).
Laura Villalba, el chivo expiatorio
El 25 de diciembre del 2020 fue noticia que Laura Villalba fue detenida en un retén de la Policía Nacional en Amambay, norte del Paraguay. Ella se encontraba buscando a “Lichita”, de quien no tenía noticias desde el 30 de noviembre y al día de hoy continúa desaparecida. Ambas fueron testigos claves de aquel 2 de septiembre, y permanecían escondidas huyendo de la FTC desde aquel día. Consiguieron escapar dos de las niñas que hicieron el viaje, Tamara y Anahí, quienes pudieron salir con la ayuda de los pobladores. Esas niñas han dado su versión de los hechos de ese día ante un comisionado de la ONU: afirman que a las niñas se las habrían llevado vivas de un campamento que no era de la guerrilla, y que luego fueron torturadas y ejecutadas. A Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, no la han buscado ni un sólo día las fuerzas públicas, ni han investigado al respecto. Esto no sorprende porque Lichita habría sido víctima de una desaparición forzada por partes de las mismas fuerzas, esto es afirmado por testimonios de pobladores del norte paraguayo, que aseguraron ver que las FTC se habrían llevado a la niña, de 14 años en ese entonces.
A Laura la detuvieron sin una orden de captura, la encontraron desnutrida, desorientada y sin portación de armas o uniformes. Por 8 meses la mantuvieron aislada y presa de manera totalmente irregular, en un cuartel militar. Luego la trasladaron a un penal de Encarnación y luego a uno en San Juan Bautista, donde está detenida actualmente. Laura es señalada como el chivo expiatorio del crimen de Estado, fue condenada a 31 años de cárcel por “faltar al deber de cuidado" y por ser “terrorista” integrante del EPP. A pesar de que vivió en Misiones hasta el 2019, las pruebas de ello nunca fueron admitidas en su defensa. Ambos juicios llevados adelante en Asunción, estuvieron plagados de inconsistencias, irregularidades y a la defensa no le aceptaron evidencias ni testigos, además de negarles absurdos como hacer preguntas en guaraní. De esta manera, el Estado paraguayo se amaña para convertir a las víctimas en victimarios, mientras encubre su responsabilidad en los hechos.
La persecusión al resto de la familia continúa
La familia Villalba es perseguida desde hace décadas. Desde Concepción Paraguay, tuvieron que exiliarse en Clorinda, Formosa, pero la persecución y el asedio continuó, hasta llegar a la modalidad de desquitarse con lxs niñxs de la familia: Néstor Oviedo Villalba de 12 años de edad fue asesinado en Clorinda en el 2010, envenenado por personas extrañas cuando regresaba de la escuela. A raíz del asesinato tampoco esclarecido, se mudaron a Misiones, de donde tuvieron que volver a emigrar luego del crimen de las niñas, tras semanas de asedio en su pequeña chacra, a metros del río que separa Puerto Rico de las costas paraguayas. Se exiliaron a un lugar donde ya no pueden sostener su modo de vida rural. Son víctimas de la persecución de todo un Estado, y fueron víctimas de la omisión de ayuda del gobierno provincial de la Renovación. En un 3er exilio, gracias a la lucha y movilización en solidaridad de decenas de organizaciones en toda Argentina, obtuvieron el estatus de refugio político otorgado en 2021, esto les dió un poco de respiro para reforzar la lucha en búsqueda de justicia, pero lamentablemente duró poco.
El 9 de abril de este año, la Cancillería argentina presentó ante diferentes juzgados federales una “Solicitud de Detención preventiva con fines de posterior extradición” presentada por la embajada paraguaya en nuestro país, invocando el Tratado bilateral de extradición entre ambos países. Pero, en realidad, la Cancillería al presentar ese pedido de detención violó tanto el Tratado como la ley argentina N° 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal. La Cancillería no lo devolvió, sino que lo presentó al Poder Judicial Federal y el juez Julian Ercolini, no sólo no lo rechazó, tampoco le indicó al ministerio que cumpliera con la ley, sino que mandó a la Policía Federal – Interpol a detenerlas. Allanaron tanto el domicilio de Myrian en Avellaneda como el de Maria Rosa en Moreno, dichos procedimientos fueron muy violentos con aproximadamente 70 personales de la policía federal como INTERPOL. En el operativo, hombres munidos con armas de grueso calibre apuntaron a niños/as, los amenazaron con llevarlos a un instituto para menores, los interrogaron y sacaron fotos a cada uno de forma individual.
Ese mismo día, el Juez Ercolini, levantó las órdenes de captura, aunque impuso medidas de aseguramiento improcedentes, es decir prohibición de salir del país y obligación de presentarse e informar cambios de domicilio. Actualmente el gobierno argentino redobló sus amenazas y sus mentiras, constituyendo a toda velocidad las nuevas autoridades de la Comisión Nacional para los Refugiados con el solo objeto de quitarles el refugio.
Se constituyó así una grave vulneración a la protección de los derechos humanos para personas refugiadas; derechos reconocidos internacionalmente, amparados por tratados por cuyo cumplimiento vela la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR). Es inadmisible e ilegal que la ministra Bullrich, viole el deber de confidencialidad que todo funcionario estatal debe respetar cuando se trata de personas refugiadas.
Las organizaciones sociales y políticas que acompañan a la familia Villalba, organizaron manifestaciones denunciando todas estas infamias e injusticias; en diferentes puntos del país como en CABA en la Embajada Paraguaya, en consulados de Rosario, Chaco, Misiones y en otros países como Ecuador y Uruguay. En todas las manifestaciones se denunció la persecución criminal a la familia Villalba por parte del Estado paraguayo y argentino, que implica Crímenes de Lesa Humanidad por parte de la Fuerza de Tareas Conjunta, el posterior encarcelamiento, juicio y criminalización arbitraria y antidemocrática de Laura Villalba. En las manifestaciones realizadas el pasado 2 de septiembre exigieron su libertad. Las organizaciones que se manifestaron en este aniversario fatídico, además muestran preocupación por la situación de los niños y niñas de la familia Villalba que viven en Argentina y exigen la inmediata y efectiva protección de los derechos de la niñez y adolescencia, reclaman también la búsqueda de Lichita Oviedo Villalba.