Avanza el desmonte y la privatización de tierras indígenas
La comunidad mbya guaraní Mbokayaty denuncia el avance del desmonte sobre su territorio ancestral dentro del Parque Teyú Cuaré. Mientras el Estado Nacional no cumple con la Ley 26.160, los privados cercan, desmontan y bloquean accesos al río, afectando la vida, cultura y espiritualidad originarias. Silvio Méndez, representante legal indígena, señaló que pasan sobre sus creencias, sus conocimientos y su cosmovisión.
La comunidad Mbokayaty, que habita tierras relevadas en el marco de la Ley de Emergencia Territorial Indígena (N° 26.160), denuncia que los terrenos han sido privatizados y que el monte que allí se refugiaba se encuentra en peligro. El representante legal del Tekoa, Silvio Méndez, comentó a MANDIOCA que se han hecho pedidos en numerosas ocasiones para intentar que el Estado provincial realice una adquisición del terreno, tarea que no está realizando el Estado Nacional según dictamina la Ley N° 26.160.
En un rincón del Parque Provincial Teyú Cuaré, esta comunidad originaria resiste y denuncia una intrusión por parte de la Reserva Natural Privada Monte Victoria. Estos privados ostentan títulos de propiedad que desde esta comunidad mbya guaraní desconocen, al señalar que este territorio está debidamente nominado en el registro técnico, jurídico y catastral de terrenos ancestrales que dicta esta Ley. Este conflicto territorial pone en peligro la aplicación del espíritu de esta legislación, que fue aprobada para proteger los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, la cultura y la identidad.
La supuesta “reserva natural privada” llamada Monte Victoria figura a nombre de Leyrías-Giménez, quienes se adjudican la propiedad del lugar. Esta dupla ya estuvo involucrada en la deforestación dentro de la reserva Yasy Selva y Agua hace algunos años. En este caso, el conflicto comenzó con el cercamiento del territorio, prohibiéndoles el acceso al río y a los alimentos de la ribera. Más tarde, la comunidad comenzó a ver cómo desmontaban los árboles nativos. Sin embargo, Leyrías-Giménez no quedaron satisfechos y desmontaron también los que estaban al costado del camino, hasta avanzar por sobre el territorio de la comunidad.
En Misiones, la última medición oficial consigna la existencia de al menos 130 comunidades mbya guaraní. Gran parte de éstas están en conflicto territorial por, entre otros, la ausencia de políticas públicas que garanticen a las comunidades la posesión sobre la tierra que el mismo Estado reconoce que históricamente han habitado.
Esta no es la primera vez que la Comunidad Mbokayaty denuncia la intrusión de personas extrañas al lugar, y alertan que lo hacen para depredar la flora y la fauna del lugar, atacando a especies autóctonas y afectando considerablemente el ecosistema en el que viven estas familias. Esta afectación del derecho al hábitat es intolerable en la vida urbana, visto que -por ejemplo- en la ciudad de Posadas cientos de vecinos reclaman la contaminación sonora de los grupos de estudiantes que ensayan para su evento cúlmine de fines de septiembre. De igual manera, la población denuncia cuando los químicos que se vuelcan en el agua afectan los ríos, o una obra en construcción cercana derrumba los cimientos de una vivienda única familiar. Sin embargo, la justicia provincial no actúa con la misma premura cuando se trata de defender los derechos al hábitat de los pueblos indígenas.
La comunidad denuncia el cercamiento que vienen sufriendo hace años, donde actores ajenos al territorio deforestan la biodiversidad con sus plantas nativas y medicinales; mientras las autoridades son indiferentes o responden al poder de personas que no viven en el lugar, y que por el contrario, ponen en peligro a las familias de los pueblos originarios.
El comunicado que difundieron desde esta comunidad cuenta que la intrusión comenzó por bloquear el acceso al río, impidiendo a estas personas acceder al contacto con el agua y con los alimentos de la ribera. Luego, según relata, le prosiguió el desmonte de árboles nativos de gran porte al mismo tiempo que fue colocado el cartel de “Reserva Natural Privada”.
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Además, Méndez contó a MANDIOCA que se ve incumplida la carta orgánica municipal de San Ignacio, que reza en su artículo 17: “El municipio reconoce la preexistencia de los pueblos originarios de América, en especial a los de esta tierra, y refleja el pluralismo étnico. Promueve la conservación y enriquecimiento de su patrimonio cultural, histórico, lingüístico, ritual y artístico, con los medios y espacios a su alcance, en armonía y sustentabilidad con el ambiente en el cual conviven.”
Méndez, que también es referente de la Federación de Campesinos, Pueblos originarios y Productores agropecuarios populares, amplió su denuncia al comentar que las personas denunciadas de tomar el lugar, o los vecinos de la zona -todos no originarios-, consiguen con cierta facilidad que el municipio les asista a la hora de sostener la viabilidad de los caminos, o de construir la infraestructura básica para que un terreno sea loteado para la construcción civil. Esta comunidad, Mbokayaty, no tendría el acceso a esa benevolencia, y denuncian entonces que les cuesta mucho más acceder a la asistencia del Estado municipal.
El derecho a la consulta previa… ¿en algún escritorio de Buenos Aires?
Desde la Dirección de Asuntos Guaraníes dijeron a MANDIOCA que una vez hecho el relevamiento, corresponde al Estado Nacional la compra del terreno para hacer la cesión a esta u otra comunidad originaria que se encuentre nominada en el Registro de la Ley de Emergencia Territorial Indígena. Además, Francisco Rodríguez -director del área- comentó que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ha firmado un convenio con la Provincia en septiembre del 2024 -que fue publicado el lunes 7 de julio del 2025 en el Boletín Oficial del Estado Nacional- para avanzar en fortalecer la aplicación efectiva del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.
Además, el funcionario comentó que “en este caso el Ministerio de Ecología ya hizo un sumario administrativo y ordenó verificar que no remuevan el lugar” y que la responsabilidad de resolver la cuestión catastral del conflicto no recaería en el Estado provincial porque, según la ley, “una vez culminado los relevamientos la Cámara de diputados nacionales debía analizar los territorios que se comprarían para las comunidades”, y eso nunca pasó.