Contra el presupuesto: este miércoles marchan las universidades

Pablo García

Mientras los diputados se preparan para la sesión del 17 de septiembre, donde se van a tratar los recientes vetos del Presidente a distintos proyectos de ley, las comunidades afectadas por estos vetos también planean sus arremetidas para intentar torcer la voluntad de los “indecisos” y contrarrestar las políticas del gobierno nacional.

El 10 de septiembre, días después de una derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires que enturbió las aguas puertas adentro del oficialismo, el presidente Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario. Ese mismo miércoles, las comunidades de las universidades nacionales se encontraban alertas, esperando la decisión de Milei y desde la Federación de Docentes de Universidades y la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales se sentó una postura que fue común también en los distintos claustros: Si hay veto, hay marcha. Y así será.

_{Arrua, Ruiz, Fernández y Vancsik estuvieron ausentes en la votación en diputados del 6 de agosto}

El presidente dispuso dejar sin efecto esta iniciativa, arriesgándose a que el Congreso vuelva a revertir una ley originalmente vetada por el presidente, como sucedió el 6 de septiembre con la Ley de Emergencia en Discapacidad -que el ejecutivo nacional busca judicializar para no tener que ejecutarla. Desde los centros de estudiantes, los rectorados, los centros de investigación y los distintos espacios institucionales, la comunidad universitaria de todo el país se organiza para volver a enfrentar al gobierno en distintas plazas este miércoles 17, en el momento en el que Cámara Baja se reunirá para tratar si aceptan o rechazan este y otros vetos.

En Misiones existen dos universidades nacionales, y en ambas convocan a marchar y protestar. Desde la Universidad Nacional de Misiones se proponen tres convocatorias para las 15:30: en Posadas, en el Mástil de Mitre y Uruguay hacia la Plaza 9 de julio; en Oberá, desde el Campus Regional hasta el Centro Cívico; y en Eldorado, desde la plaza El Colono (km 6) hacia la plaza Sarmiento (km 9). Desde la Universidad Nacional del Alto Uruguay, por su parte, convocan en San Vicente a una jornada en el aula B2 de la UNAU para luego marchar hacia la plaza San Martín.

Además, desde la Universidad de la Cuenca del Plata han anunciado que van a acompañar la iniciativa de las comunidades de las universidades públicas. Desde los institutos superiores públicos pero provinciales no se han registrado expresiones públicas en apoyo a esta movilización y protesta. La movilización popular en la provincia, más allá de los avales institucionales, es clave para pensar el rol de “los misioneros” como se conoce en Buenos Aires a los cuatro diputados de Innovación Federal que vienen protagonizando cada votación por formar parte del grupo de los “a convencer”.

Arrua, Ruiz, Fernández y Vancsik estuvieron ausentes en la votación en diputados del 6 de agosto, que dio media sanción a este proyecto de Ley, mientras que Klipauka, Goerling y Bianchetti votaron en contra. En diputados, de todas maneras, la lupa está puesta en los roviristas, en la semana en la que el gobierno nacional giró $4.000 millones a Misiones mediante Fondos del Aporte del Tesoro Nacional (ATN). En el Senado, el pasado 21 de agosto, los renovadores votaron a favor de la ley que sus compañeros de espacio político no fueron a votar en Diputados.

A nivel nacional, las movilizaciones prometen ser masivas, a quienes marchan en defensa de las universidades nacionales se sumarán organizaciones sociales y políticas opositoras al gobierno, trabajadores de la salud, jubilados, personas con discapacidad y hasta la CGT, desde donde anunciaron la adhesión y la lectura de un documento en la plaza de los Congresos a las 17:00.

La actualidad de las universidades nacionales

En las 64 universidades nacionales del país está claro que no se puede seguir funcionando con el presupuesto que hoy asigna el gobierno nacional, ya que las instituciones vienen postergando tareas de funcionamiento o de mantenimiento y en los 20 meses de gestión de Milei han caído más de 30% los presupuestos y los salarios del personal universitario. Es decir, si se analiza el presupuesto universitario de 2025 ha crecido 174% respecto a noviembre de 2023, período de tiempo en el que el nivel general de precios creció 227%.

Uno de los reclamos centrales, más allá de este veto, tiene que ver con el desfinanciamiento ya vigente en el sistema universitario y en los institutos de investigación y de ciencia aplicada como CONICET; INTI e INTA (estos últimos dos bajo amenaza de cierre producto de la motosierra de Milei). Desde el Consejo Interuniversitario Nacional señalan que la pérdida de presupuesto para las universidades por este veto del presidente es de 0,2% del PIB, una cifra cercana al billón de pesos (un millón de millones de pesos).

El proyecto que se convirtió en Ley antes de ser vetado contiene en su texto la actualización automática de las partidas de funcionamiento de las universidades nacionales en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con actualizaciones bimestrales o reglas automáticas para no perder capacidad de gasto frente a la inflación. Reapertura de paritarias para docentes y no docentes, con recomposición salarial desde diciembre de 2023 y mecanismos para ajustes periódicos, y el aumento y expansión de becas estudiantiles y creación/financiamiento de fondos específicos (por ejemplo: Fondo para Carreras Estratégicas, programas de investigación e infraestructura).

La cronología de la Ley de Financiamiento Universitario

6 de agosto de 2025 — Cámara de Diputados: la ley obtuvo media sanción en Diputados: 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones. La iniciativa fue impulsada por el bloque Democracia para Siempre junto con rectores de universidades (CIN) y buscaba actualizar automáticamente por inflación las partidas de funcionamiento de las universidades, reabrir paritarias y aumentar becas. Los diputados misioneros se ausentaron.

21 de agosto de 2025 — Senado: el proyecto fue sancionado por el Senado con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones. El texto aprobado en la Cámara alta fijaba actualizaciones bimestrales por IPC de las partidas de funcionamiento, recomposición salarial desde diciembre de 2023 y convocatorias paritarias periódicas. Los senadores misioneros votaron a favor.

10 de septiembre de 2025 — Veto presidencial y publicación: el Poder Ejecutivo (presidencia de Javier Milei) firmó el veto total al proyecto y lo remitió formalmente al Congreso mediante el Decreto 647/2025 (publicado en Boletín Oficial). El Ejecutivo argumentó que la norma implicaba un “costo fiscal inaceptable” y que el debate sobre recursos corresponde al proyecto de Presupuesto 2026 que el gobierno presentaría más adelante en la semana.

El contexto político de Milei 

_{El candidato renovador Oscar Herrera Ahuad visitó la UNaM y llamó a votar "contra el veto"}

No es la primera vez que la comunidad universitaria se convoca a las calles contra Milei. Las tres veces que las universidades se movilizaron de modo masivo en lo que va del gobierno de Milei, fue un hecho político que sacudió el panorama nacional por la cantidad de personas que se movilizaron en todo el país.

Esta épica busca repetirse en un mes de septiembre muy convulsionado para la gestión nacional, luego de la derrota en PBA, la reversión de un veto y los mercados que no acompañan con el MERVAL en pleno desplome y el dólar oficial coqueteando con la banda superior de flotación dispuesta en el marco del acuerdo con el FMI.

Javier Milei presentó el pasado lunes 15 de septiembre un texto de Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 de 6.767 páginas, y lo hizo en una cadena nacional grabada en la Casa Rosada en la que estuvo prácticamente solo: lo acompañaban únicamente dos granaderos. La presentación llegó una semana después de una derrota electoral importante para el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, y el gobierno, lejos de moderar su agenda, respondió con un envío masivo de normas y cifras.

En la presentación, Milei (con un tono menos agresivo que el que suele mostrar en sus canales de streaming favoritos y foros con empresarios que pagan miles de dólares por ver al presidente insultar a “la casta”) defendió el equilibrio fiscal, criticó con dureza al “kirchnerismo” y a la clase política en general, se quejó del supuesto cerrojo del sistema financiero internacional sobre Argentina y cerró con la frase “lo peor ya pasó”, una sentencia que revive el estrés post traumático en parte de la población que reconoce el momento de incertidumbre que se avecina cuando se escucha a un político de esta talla referir una frase de este tino.

El proyecto que presentó el gobierno proyecta un superávit fiscal primario de alrededor del 1,5% del PIB para 2026 y un superávit financiero (después de pago de deuda) cercano a 0,3%. Estima una inflación anual de 10,1% para 2026 y un crecimiento del PBI en torno al 5% (la presentación también contiene proyecciones del tipo de cambio promedio: ~$1.423 por dólar en su estimación). 

Según el Ejecutivo, el 85% del gasto “social” se destinaría a esas partidas, con aumentos reales (por encima de la inflación proyectada) —por ejemplo: salud +17%, educación +8% y jubilaciones +5% en términos reales— y recursos específicos para universidades. Sin embargo, estos datos son muy relativizables ya que la inflación proyectada o el mismo valor del dólar del proyecto no parece condecir con la realidad del país en este momento. Este proyecto incorpora una “cláusula gatillo” que desactiva gastos fiscales si las metas de financiamiento no se cumplen.

Los bloques opositores cuestionaron la verosimilitud de las proyecciones macro (particularmente la inflación del 10,1%) y exigieron el cumplimiento efectivo de las leyes sociales que el Gobierno viene vetando. Varios referentes del peronismo y del radicalismo criticaron la presentación como una pantalla para intentar revertir la pérdida de imagen tras la derrota bonaerense.

Germán Martínez, jefe de bloque de UP en Diputados, señaló que “el presupuesto enviado “elimina el 6% del PBI para educación, la inversión progresiva en ciencia hasta el 1% del PBI, el Fondo Especial de las Escuelas Técnicas y la inversión progresiva en defensa nacional”.

El PRO (alejado en ocasiones, cercano en otras) emitió declaraciones más templadas y, según coberturas, algunos dirigentes de Juntos por el Cambio la calificaron como “una señal de madurez” en clave institucional, mientras que sectores del Frente de Todos (y gobernadores provinciales) mostraron desconfianza y advirtieron que vigilarán la ejecución presupuestaria.

Para este miércoles, la oposición afirma tener números y confianza para insistir con la mayoría de las leyes vetadas, y prepara la sesión con presión desde la calle. El Gobierno, por su parte, buscará disciplinar a sus bloques aliados y negociar eventuales ausencias para bloquear la mayoría calificada. El desenlace dependerá del quórum y de eventuales “cómplices” o grietas en los bloques.