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Criminalización de la protesta: juicio a la lucha popular en Misiones
En un hecho sin precedentes en Misiones, el próximo 25 de noviembre se dará inicio en Posadas al juicio oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez. Según la acusación, son penalmente responsables por el corte de la Avenida Uruguay de Posadas, en el marco de las protestas salariales docentes entre mayo y junio de 2024.
La causa judicial, caratulada “GURINA OLGA MONICA / SÁNCHEZ LEANDRO JAVIER S/ DESOBEDIENCIA JUDICIAL Y ENTORPECIMIENTO DEL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE POR TIERRA EN CONCURSO IDEAL” es la primera en Misiones en la que la criminalización de acciones de protesta social llega a la instancia de juicio oral.
La decisión, sin dudas política, de llevar la protesta salarial al ámbito judicial muestra un endurecimiento de la posición de las autoridades frente al conflicto social. Esto sucede al tiempo que se agudiza la crisis económica, se profundiza el ajuste del gasto público y el gobierno nacional avanza hacia la ya anunciada reforma laboral. En ese sentido este juicio puede ser toda una señal de lo que vendrá.
Iniciada con el comienzo del turno del Juzgado de Instrucción N° 7 el día 1 de Junio de 2024, la causa fue impulsada por la Fiscal de Instrucción Patricia Clérici y sorprendió por la celeridad de sus actuaciones.
En sólo tres días, la fiscalía ya había determinado responsabilidades penales de ambos acusades por un hecho multitudinario como lo fue el Acampe Docente y les citó a prestar declaración indagatoria para el día 5 de junio. En apenas cuatro meses la causa fue elevada a juicio, si bien posteriormente el inicio del debate oral fue suspendido en dos oportunidades y se fijó finalmente para el próximo 25 de noviembre.
Hay que decir que tanta celeridad se corresponde con la absoluta ausencia de pruebas concretas, por lo que la causa avanzó en base a interpretaciones forzadas para mostrar al Acampe Docente - una manifestación pacífica, pública, multitudinaria - como un hecho delictivo en el cual dos dirigentes tienen una responsabilidad magnificada.
Reescribiendo el derecho a la protesta
El desconocimiento del derecho a la protesta social es central en el armado de la causa judicial en la que el próximo 25 de noviembre Mónica Gurina y Leandro Sánchez se sentarán en el banquillo de los acusados.
La fiscal Clérici lo expresa en sus presentaciones ante el Juzgado de Instrucción, en las cuales sostiene, por ejemplo, que el derecho de les trabajadores a reclamar salario se limita al derecho a huelga, a la retención de la fuerza de trabajo, pero no abarca la ocupación del espacio público. Tal afirmación, que desconoce livianamente tanto décadas de legislación y jurisprudencia como de tradiciones políticas de la clase trabajadora en Argentina, es el punto de partida de la acusación.
Fuera de esa pretensión de reescribir el derecho a la protesta - ampliamente tutelado en la legislación nacional e internacional- no hay en el expediente pruebas de conductas dolosas ni se explica cómo se determinaron responsabilidades atribuibles a les acusades. Los denunciantes -dos comerciantes de la zona de la Av. Uruguay - no mencionan a quienes serán llevados a juicio en sus denuncias.
Seis de los nueve testigos presentados por la Fiscalía son agentes policiales que participaron de diversas diligencias de notificaciones e intimaciones de desalojo del Acampe, pero ninguno de ellos señala conducta delictiva alguna.
Mónica Gurina y Leandro Sánchez fueron parte de la representación de los sectores docentes en la Mesa de Negociación con el gobierno realizada el día 7 de junio , dos días después de haber prestado declaración indagatoria en la causa. Esa instancia hizo posible una mejora sensible en la situación salarial de la docencia misionera, permitió destrabar el conflicto y consecuentemente el levantamiento de las medidas de lucha en ese momento. Tales hechos demuestran por qué el derecho a la protesta es considerado por juristas y constitucionalistas “el primer derecho”, ya que a través de él se preservan y se logra la reparación de otros derechos fundamentales.
Sin embargo, para el Juez Miguel Mattos tal hecho constituye prueba de que Gurina y Sánchez tenían el poder de decisión de lo que sucedía en el Acampe y por lo tanto prueba de su responsabilidad penal.
Acciones colectivas ante una crisis profunda
La imputación contra Mónica Gurina, Secretaria General de la CTA A Misiones, y Leandro Sánchez, su Secretario General Adjunto y también dirigente de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones, se produjo en el marco de un prolongado conflicto salarial de diversos sectores de trabajadores estatales que se empezó a manifestar meses antes.
La gravísima crisis inflacionaria profundizada por la devaluación realizada por la entonces flamante gestión nacional de Javier Milei se sumaba a la decisión del gobierno provincial de no actualizar los salarios de lxs trabajadores del Estado provincial durante varios meses.
Estas medidas políticas derrumbaron el poder adquisitivo de los salarios y en Misiones empujó a las calles a miles de trabajadores, entre los cuales se destacaron los sectores docentes, de salud y de agentes policiales y penitenciarios, cada uno con sus propias medidas de acción y ámbitos de decisión.
Lo peor de la crisis se manifestó en mayo de 2024, cuando el salario amplió su diferencia con respecto a la inflación, y esos guarismos se reflejaron en la multiplicación de las protestas y en la extensión del conflicto a toda la provincia.
La presencia de todos esos sectores de trabajadores en las calles fue llamada por los medios nacionales “el Misionerazo”. Si bien los acampes sobre la Av. Uruguay fueron su expresión más visible, la protesta se caracterizó por su multiplicidad, su masividad, su extensión y en muchos casos, el rechazo a las representaciones sindicales.
En el caso del sector docente, la lucha apareció motorizada por el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) que nuclea a organizaciones sindicales no oficialistas, a agrupaciones docentes y a espacios “autoconvocados”. El Movimiento Pedagógico de Liberación, con mayor presencia en Montecarlo y el norte misionero también realizó un aporte fundamental al conflicto. Sin embargo, en las calles, gran parte de la docencia se hizo presente con los carteles alusivos a sus escuelas, dando visibilidad a la emergencia de las asambleas escolares como forma de organización de bases.
La Asamblea fue también el ámbito por excelencia de debate y toma de decisiones en el Acampe, por encima de las pertenencias a las diversas organizaciones que confluían en la medida.
El gobierno provincial intentó desactivar las demandas de varias maneras y encontró salidas para cada uno de los sectores. En el caso de la docencia y de los trabajadores de salud pública, la salida al conflicto estuvo dada por la mejora sustancial en la oferta salarial por parte del gobierno, si bien a más de un año de esos sucesos quienes fueron parte desde el sector de lxs trabajadorxs señalan incumplimientos y retrocesos en lo conquistado.
Lejos de profundizar en la línea del diálogo y la llegada a soluciones concretas, el gobierno provincial optó por el camino de la judicialización de los conflictos, que dio lugar al inicio de causas penales que hoy en día alcanzan a más de una treintena de trabajadores de la salud y de la educación, sin contar las causas judiciales abiertas contra los agentes policiales y penitenciarios, que tienen otro marco legal.
La causa contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez es la primera de las que fueron abiertas en el marco del conflicto salarial de 2024 que llega a juicio. El caso concita la atención de las organizaciones sindicales, sociales y políticas tanto en Misiones como en el resto del país, por constituir un precedente preocupante en el tratamiento de la protesta social por parte de las autoridades.
Porque como dicen varios sectores sociales y sindicales, en Misiones en las protestas de 2024 “todos estuvimos”.
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