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A 30 años del “No a Corpus”: la voluntad popular que aún incomoda al poder
Tres décadas después del plebiscito que frenó la represa de Corpus Christi, la memoria colectiva vuelve a interpelar un modelo energético que dejó territorios alterados, promesas incumplidas y tarifas impagables. El aniversario no es sólo un recuerdo: es una advertencia política sobre quién decide sobre los ríos y quién se queda con los beneficios de la energía.
Florencia Aguirre y Flor Bueno
El domingo 14 de abril de 1996, el pueblo misionero votó en el primer plebiscito vinculante de la historia argentina en materia ambiental: el referéndum por la hidroeléctrica de Corpus Christi. La jornada fue el punto culminante de años de movilización social, asambleas comunitarias, debates públicos y campañas de concientización que atravesaron toda la provincia y pusieron en discusión el modelo de desarrollo que se intentaba imponer sobre el territorio. No fue solo una consulta electoral: fue un ejercicio colectivo de soberanía territorial. Votaron 299.420 personas y el 88,63 por ciento dijo "No" a las megarepresas en cualquier emplazamiento sobre el río, sin la aprobación explícita de la ciudadanía mediante un nuevo proceso de consulta, dejando una marca histórica que aún hoy interpela a quienes toman decisiones sobre los ríos y los bienes naturales.
Fue un “No” masivo que logró frenar un proyecto presentado como inevitable y necesario, pero que para amplios sectores sociales y la mayoría de los misioneros representaba una amenaza directa al territorio, la producción local y al ambiente.
A finales del 2007, el revuelo resurgió ante un nuevo acuerdo firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández con Lula presidente de Brasil, en ese entonces aseguraba que la construcción de la hidroeléctrica comenzaría en 2008. Con este nuevo acuerdo volvieron las asambleas provinciales y las movilizaciones, haciendo inviable el comienzo de la construcción, y el gobierno provincial, por entonces de Maurice Closs no quiso pagar el costo político con tanto rechazo de la población en general. El pueblo misionero volvió a ganar la pulseada de poder.
Treinta años después, aquella decisión sigue siendo incómoda para quienes impulsan grandes proyectos energéticos sin debate profundo. Porque el tiempo demostró que las advertencias que se levantaron en los años noventa no eran exageraciones: eran diagnósticos anticipados sobre un modelo de desarrollo que prometía beneficios que nunca llegaron a las comunidades.
El liderazgo de Piña y la defensa del territorio
Entre las figuras que marcaron aquel proceso, el obispo Joaquín Piña tuvo un rol que fue determinante para consolidar el rechazo social al proyecto de Corpus y para instalar en la agenda pública una discusión que excedía lo técnico.
Piña no se limitó a expresar una opinión religiosa o moral. Fue un actor político en el sentido más profundo del término: un referente territorial que denunció con claridad que la represa implicaría la inundación de miles de hectáreas productivas, el desplazamiento de familias y la pérdida de tierras fértiles fundamentales para la economía regional.
Su posicionamiento se apoyó en una idea que sigue vigente: las grandes obras de infraestructura no pueden justificarse únicamente en nombre del progreso si sus costos sociales y ambientales recaen sobre las comunidades locales. Para Piña, Corpus no era una necesidad para los habitantes de Misiones, sino una imposición que respondía a intereses externos al territorio.
Ese liderazgo contribuyó a transformar el rechazo en una causa colectiva. No fue una batalla individual, sino un proceso social donde confluyeron organizaciones ambientales, sectores productivos, comunidades rurales y vecinos que entendieron que la defensa del río era también la defensa de su forma de vida.
Represas alrededor, tarifas impagables
Treinta años después del plebiscito, el mapa energético regional muestra una realidad que refuerza las advertencias de entonces. Misiones convive con represas en todas sus fronteras: Yacyretá al sur, Itaipú al norte, múltiples emprendimientos en Brasil y la represa Urugua-í dentro del propio territorio provincial.
Sin embargo, esa presencia masiva de infraestructura hidroeléctrica no se tradujo en bienestar energético para la población. Por el contrario, las tarifas eléctricas siguen siendo una carga creciente para miles de hogares. En numerosos casos, las familias pagan la luz en cuotas o se endeudan para evitar cortes de suministro.
Las promesas que acompañaron a Yacyretá —tarifas accesibles o incluso simbólicas— se convirtieron en una de las grandes frustraciones energéticas de la región. La energía se produce en territorios cercanos, pero los beneficios no se distribuyen de manera equitativa.
La ecuación se repite: los territorios aportan recursos naturales y soportan impactos ambientales, mientras los beneficios económicos y estratégicos se concentran en otros niveles de decisión.
La memoria que se moviliza
El aniversario del “No a Corpus” no se limita a actos protocolares. Se expresa en movilizaciones concretas que buscan mantener vigente la defensa del territorio.
La “Bicicleteada por los 30 años del plebiscito NO a Corpus”, impulsada por el Grupo Cuña Pirú y el Foro por la Niñez Misiones con apoyo de la CTA, recorrió 88 kilómetros desde Aristóbulo del Valle hasta el acceso a la localidad de Corpus. El trayecto atravesó Campo Grande y Campo Viera, convirtiéndose en un gesto colectivo que reafirma la memoria territorial.
Las actividades continuaron con conversatorios y encuentros en distintas localidades, como el realizado en El Soberbio en defensa de los ríos y la voluntad popular. En Posadas, organizaciones sociales y ambientales se concentrarán frente a la Casa de Gobierno para exigir el tratamiento del proyecto de Ley “Libertad de los Ríos”, presentado en 2015 y aún sin debate legislativo.
La persistente postergación de esa iniciativa no es un dato menor. Refleja una tensión política que atraviesa a la provincia desde hace décadas: la distancia entre las decisiones institucionales y las demandas sociales que emergen desde los territorios.
Ríos libres en tiempos de retrocesos ambientales
La conmemoración del “No a Corpus” coincide con un momento clave en la política ambiental argentina. En los últimos días, el Congreso aprobó una controvertida reforma a la Ley de Glaciares, una norma que desde 2010 protegía estas reservas estratégicas de agua dulce.
La modificación fue aprobada por 137 votos a favor y 111 en contra, y habilita a las provincias a definir qué actividades podrán desarrollarse en zonas cercanas a glaciares y ambientes periglaciares, áreas consideradas fundamentales para la provisión de agua.
Mientras el Gobierno sostiene que la reforma busca eliminar trabas y generar condiciones para nuevas inversiones, organizaciones ambientales, científicos y sectores sociales advierten que los cambios flexibilizan los niveles de protección ambiental y abren la puerta a actividades extractivas en zonas sensibles.
Este debate nacional dialoga directamente con la historia de Corpus. Porque tanto en los glaciares cordilleranos como en los ríos misioneros, lo que está en juego es el control de un recurso estratégico: el agua.
La defensa de los ríos libres en Misiones no puede leerse como un episodio aislado del pasado. Forma parte de una disputa mayor sobre el destino de los bienes comunes y sobre los límites que las sociedades están dispuestas a establecer frente a proyectos extractivos o energéticos.
El valor político de decir “No”
El plebiscito de 1996 no fue solo un rechazo a una represa. Fue una afirmación política sobre el derecho a decidir qué modelo de desarrollo se quiere construir.
Treinta años después, esa decisión sigue funcionando como referencia para nuevas discusiones energéticas y ambientales. La defensa del río Paraná en aquel momento anticipó debates que hoy se repiten en distintos territorios del país: quién decide sobre los recursos naturales, qué intereses se priorizan y cómo se distribuyen los beneficios del desarrollo.
El “No a Corpus” no fue un acto aislado. Fue una advertencia sobre los riesgos de imponer proyectos sin consenso social y sin evaluar sus impactos a largo plazo.
Hoy, en un contexto donde se discuten reformas que afectan reservas estratégicas de agua en todo el país, la memoria del plebiscito adquiere una nueva dimensión. Porque demuestra que las comunidades pueden organizarse y frenar decisiones que comprometen su futuro.
Treinta años después, el mensaje sigue vigente: la energía no es solo un asunto técnico, y el agua no es un recurso cualquiera. Es un bien estratégico cuya defensa define la soberanía de los territorios.
Y cada vez que vuelve la discusión sobre nuevas represas, sobre ríos intervenidos o sobre leyes que modifican la protección del agua, la historia de Corpus reaparece como una pregunta incómoda para el poder: ¿Cuánto vale la voluntad popular cuando se enfrenta a los intereses económicos?