Pueblo Mbya: en defensa del territorio ancestral

Un operativo policial ejecutado este martes 5 de mayo contra la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II derivó en la detención de ocho de sus integrantes —entre ellos su mburuvicha (cacique) Santiago Ramos— y en el traslado a la comisaría de Garuhapé de todas las madres junto a sus hijos. Los teléfonos celulares de los miembros de la comunidad fueron incautados y se les prohibió regresar al lugar del que fueron retirados. El episodio es parte de un conflicto más amplio en el que las comunidades indígenas defienden su derecho al territorio ancestral frente a privados y a un Estado que los trata como usurpadores.

Cecilia Rodríguez

Una causa que ignora el derecho indígena

El procedimiento se originó en una denuncia penal por "usurpación y daño ambiental" presentada por el empresario forestal Alfredo Ruff, titular registral de los lotes a los que se había trasladado parte de la comunidad. Sin embargo, ese terreno forma parte del territorio sobre el que Puente Quemado II obtuvo en 2019 el reconocimiento de posesión y uso ancestral, al amparo de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena. En base a ese relevamiento, la comunidad había logrado en reiteradas oportunidades la suspensión de planes de manejo forestal y de cambio de uso del suelo que el Ministerio de Ecología había autorizado a Ruff.

El Juzgado de Instrucción Nro. 1 de Puerto Rico, a cargo del Dr. Balanda Gómez, y la policía de la provincia de Misiones actuaron sin constatar estos antecedentes ni aplicar los protocolos específicos de actuación con pueblos indígenas que existen en la provincia. Por ese motivo, Josefa Ramírez, titular del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA), calificó la medida como un "desalojo encubierto".

Si bien la totalidad de los integrantes de la comunidad detenidos fueron liberados en la misma jornada, fueron notificados de la causa penal iniciada en su contra.

Rodeados de pinos: el avance de Arauco

El traslado de la comunidad desde su núcleo de asentamiento a nuevas áreas de monte responde a la acuciante necesidad de escapar del cerco que la multinacional forestal Arauco tendió sobre su territorio. La empresa es dueña del 30% de la superficie de Misiones y posee más de 300 hectáreas dentro del territorio ancestral de Puente Quemado, donde arrasó la selva nativa para instalar monocultivos de pinos.

A principios de 2022, esas plantaciones sufrieron incendios de gran magnitud que pusieron en riesgo directo a la comunidad. Desde entonces, Puente Quemado II reclamó a las autoridades que Arauco desistiera de reforestar con especies exóticas y permitiera la regeneración natural de la selva. La empresa ignoró el reclamo y continuó con sus planes. Hoy, el núcleo poblacional de la comunidad está literalmente rodeado de pinos y con sus fuentes de agua contaminadas por el uso de agrotóxicos en las plantaciones.

El origen del conflicto antecede al Estado provincial

Lo ocurrido este martes no puede entenderse sin considerar algunos antecedentes. La desigualdad en el acceso a la tierra en Misiones tiene un origen claro en 1881, cuando su territorio había quedado bajo tutela de la provincia de Corrientes. Ante la inminente creación del Territorio Nacional de Misiones, la Legislatura correntina autorizó la venta de tierras fiscales misioneras a precio vil, sin mensuras ni constatación en terreno. Del proceso resultaron beneficiadas unas treinta familias correntinas, porteñas y extranjeras que se adjudicaron cerca de dos millones de hectáreas. El mayor beneficiario fue el coronel Rudecindo Roca, hermano del presidente Julio Argentino y primer interventor federal del nuevo territorio; otro fue el propio gobernador de Corrientes, Antonio Gallino, ideólogo de la operación.

Esa maniobra configuró casi instantáneamente la matriz de concentración de la tierra en muy pocas manos, condicionando el régimen de propiedad en Misiones hasta el día de hoy. Ni el Estado nacional ni el posterior Estado provincial cuestionaron jamás la legitimidad de aquellas adjudicaciones. Cuando décadas más tarde se implementaron políticas de acceso a la tierra para colonos, sus beneficiarios fueron casi exclusivamente inmigrantes europeos. Los pueblos indígenas, habitantes trashumantes de estas tierras desde siglos antes, fueron ignorados sistemáticamente —salvo cuando se los necesitó como mano de obra barata para las empresas extractivas que desangraron el territorio desde fines del siglo XIX.

Una ley insuficiente

La sanción de la Ley 26.160 en 2006 permitió a muchas comunidades realizar sus relevamientos territoriales y les dio herramientas —a veces más, a veces menos eficaces— para defender sus derechos. Pero la ley reconoce el uso y la posesión ancestral sin otorgar la titularidad registral de los territorios. 

La impulsora de la ley, la ex legisladora nacional Magdalena Odarda, proyectaba una futura Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, capítulo que nunca pudo concretarse. Fue así que con los avances que implicó en cuanto a resguardo de derechos territoriales, la ley 26.160 fue finalmente derogada por un decreto presidencial de Javier Milei.  Esta situación dejó a las comunidades frente a vacíos legales y conflictos de derechos que la Justicia y el Estado resuelven casi siempre en su contra, como volvió a quedar en evidencia este martes en Garuhapé.

Ante ese escenario, se vuelve urgente la construcción de voluntades políticas que aborden el solapamiento de derechos con soluciones estructurales: medidas reparatorias que reconozcan la preexistencia del pueblo mbya en Misiones y garanticen su derecho al territorio de manera efectiva.