El cuento misionero

“Encuentro misionero” nuevo nombre viejas mañas. Tras varios intentos frustrados por lavar la imagen del partido que gobierna el territorio provincial de forma ininterrumpida desde su fundación en el año 2003, en las últimas semanas Carlos Rovira lanzó una campaña para sepultar al Frente Renovador de la Concordia Social y anunció que el espacio pasará a llamarse Encuentro Misionero.

Tras varios intentos por renovar la imagen del espacio político que gobierna Misiones de manera ininterrumpida desde 2003, Carlos Rovira anunció en las últimas semanas el reemplazo del Frente Renovador de la Concordia Social por una nueva denominación: Encuentro Misionero. El relanzamiento busca dejar atrás el desgaste acumulado por más de dos décadas de gestión, en un contexto de creciente descontento social y pérdida de caudal electoral.

No es la primera vez que el oficialismo provincial intenta cambiar de piel o renovar su skin care. Primero llegaron las versiones “Renovación 2.0” y “3.0”, luego la etiqueta “neo”, utilizada para destacar a los llamados “nativos FRC”, dirigentes surgidos íntegramente dentro del espacio y sin pasado partidario previo. Más recientemente, con la llegada de Javier Milei al gobierno nacional, apareció el concepto “Blend”, una fórmula destinada a justificar la convivencia entre renovadores y libertarios.

Ahora, Encuentro Misionero intenta despegarse del desgaste de la figura de Rovira. Sin embargo, la estrategia parece chocar con una contradicción evidente: fue el propio “conductor” quien encabezó la presentación del nuevo sello político y convocó a los mismos dirigentes que durante años formaron parte de la estructura renovadora.

La maniobra ocurre además en un momento simbólico. Se cumplen dos años del llamado Misionerazo, la masiva protesta que reunió a trabajadores estatales de distintos sectores para denunciar salarios de indigencia, precarización laboral, corrupción y nepotismo dentro del Estado provincial. Desde entonces, el oficialismo intenta recomponer su legitimidad con distintas acciones de impacto mediático, entre ellas los recientes “narcotest” realizados a funcionarios, ampliamente celebrados en redes sociales por cuentas afines al gobierno provincial o bien llamados trolls.

Contrataciones millonarias y vínculos políticos

Mientras el oficialismo ensaya un cambio de nombre, persisten cuestionamientos vinculados al manejo de fondos públicos y a las contrataciones estatales.

Uno de los casos señalados es el de Mega Seguridad SRL. Según el Boletín Oficial N.º 16579, publicado el 24 de abril de 2026, la empresa perteneciente a la familia Stanganelli recibió del Estado provincial $940.225.651,84. A esa cifra se suma una contratación directa realizada en 2025 por $1.654.797.146,88. En conjunto, ambas transferencias representan cerca de dos millones de dólares al tipo de cambio oficial.

El vínculo político también aparece en el centro de las críticas. Cristian Ariel Stanganelli, hijo del titular de la firma, fue candidato a concejal de Posadas por el sublema La ciudad que quiero y actualmente ocupa el cargo de subsecretario de Carrera, Running y Disciplinas de Carreras Continuas.

El escándalo del IFAI y la impunidad

Otro de los episodios que continúa generando cuestionamientos es el conocido caso del IFAI —actualmente IMaC—, considerado por distintos sectores como una muestra extrema de prácticas de abuso de poder dentro del Estado provincial.

A comienzos de 2022 se filtraron conversaciones que involucraban al entonces titular del organismo, Marcelo “Turco” Rodríguez, en una trama de contrataciones irregulares de alrededor de 40 mujeres. Según las denuncias y chats difundidos públicamente, las contrataciones estaban atravesadas por pedidos de favores sexuales a cambio de mantener acuerdos laborales, subsidios y otros beneficios económicos.

Entre los nombres mencionados apareció el de Marisa Figueredo, hoy directora de Programas y Eventos Especiales de Gobernación, así como el de María Cristina De Lima, exdirectora de Economía Social de la Municipalidad de Posadas. Ambas continúan figurando con contratos activos dentro del SIAP (Sistema Integrado de Administración de Personal).

Los chats filtrados en abril de 2022 también daban cuenta de que estas prácticas se realizaban, según las conversaciones difundidas, a sabiendas del actual gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua. Uno de los intercambios publicados el 18 de abril de ese año menciona a Marisa Figueredo, hoy directora de Programas y Eventos Especiales de Gobernación: “Sí, esta persona es de Hugo, sin relación. Llámale el lunes para que firme su contrato, ¿sabés? O llamala hoy, vos tenés todos los datos ahí, para que pase el lunes cerca del mediodía a firmar su contrato... porque ya me tiene cansado Passalacqua preguntándome...” (Ver video https://www.dailymotion.com/video/x9xmf4a )

A pesar de la gravedad de las acusaciones, nunca se abrió una investigación judicial de oficio. Ningún fiscal avanzó sobre las denuncias y tampoco hubo explicaciones públicas por parte de Roque Gervasoni, quien asumió posteriormente al frente del organismo.

Paradójicamente, la única causa judicial vinculada al escándalo IFAI Gate fue iniciada por el propio “Turco” Rodríguez, quien denunció el hackeo de su teléfono celular ante el juez Ricardo Walter Balor. El caso expuso una estructura de favores sexuales, de utilización política de contratos estatales y el alto nivel de impunidad que rodea a funcionarios con poder dentro de la provincia.

El relato oficial y el malestar social

Según el manifiesto de Encuentro Misionero, la provincia “tiene recursos naturales, capital humano, una posición estratégica y una identidad cultural que es fuente de pertenencia y orgullo”. Además, el nuevo espacio reivindica “una trayectoria de gobierno que convirtió esa riqueza en servicios, desarrollo y estabilidad para su gente”.

Ese es el capital político que Encuentro Misionero asume como punto de partida. Pero surge inevitablemente la pregunta: ¿es ese mismo capital político del que hablan el que hoy alimenta el descontento generalizado de gran parte de la población misionera? La persistencia de salarios bajos, el deterioro de las condiciones laborales, las denuncias de corrupción y el agotamiento de un modelo político que lleva más de dos décadas en el poder parecen explicar un malestar social cada vez más visible. Una sociedad que no vio reflejados en su vida cotidiana ni los servicios, ni el desarrollo, ni la estabilidad prometida, y que empieza a buscar alternativas por fuera del esquema construido durante más de 20 años por Rovira y sus secuaces.

El IFAI Gates y los contratos millonarios con Mega Seguridad pueden leerse apenas como botones de muestra de una estructura mucho más amplia, sostenida por años de poder ininterrumpido. Los casos citados no son excepciones aisladas sino parte de una lógica política que, pese a los cambios de nombre y de relato, mantiene intactos sus mecanismos de funcionamiento. En su deriva por alinearse con Javier Milei, el oficialismo misionero parece haber agotado todos los disfraces posibles: de la Renovación “neo” al “blend”, hasta llegar ahora a Encuentro Misionero. Pero el misionerismo sigue siendo el gran cuento político construido por Carlos Rovira. Un relato que intentan reforzar en redes sociales, aunque difícilmente resista un análisis profundo después de 25 años de gobierno. Los indicadores de pobreza, empleo precario y acceso a derechos básicos como agua, energía, cloacas continúan estancados o incluso empeoraron, mientras los problemas estructurales de la provincia siguen intactos más allá del discurso oficial.

La presentación de Encuentro Misionero volvió a mostrar además las caras de siempre: Paula Franco, Lucas Romero Spinelli, Sebastián Macias, Leonardo “Lalo” Stelatto, Anazul Centeno, entre otros dirigentes que acompañaron el lanzamiento del nuevo sello político. También estuvieron representados los legisladores nacionales del oficialismo misionero —Oscar Herrera Ahuad, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce— que en el Congreso acompañan sistemáticamente las políticas del Gobierno nacional: votaron contra la educación pública, las jubilaciones, los derechos de las personas con discapacidad y los trabajadores, además de respaldar la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), eliminando una herramienta histórica para fijar precios y regular las cosechas. Cambian los nombres, los slogans y las campañas, pero las caras, las prácticas y el modelo político siguen siendo los mismos.