Mientras el Senado debate los límites de venta de tierras, en Misiones ya se pasaron varios pueblos a manos extranjeras

El 6 de agosto volverá a debatirse el proyecto que elimina los límites a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. Mientras el Gobierno nacional busca reunir los votos para aprobarlo, en Misiones la discusión no es una hipótesis: más de 325 mil hectáreas ya pertenecen a propietarios extranjeros y la empresa chilena Arauco concentra buena parte del territorio sobre el corredor del río Paraná.

Florencia Aguirre y Flor Bueno

El próximo 6 de agosto el Senado volverá a debatir el proyecto denominado "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei que, entre otros cambios, elimina las restricciones establecidas por la Ley de Tierras Rurales para la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros.

El oficialismo busca conseguir el quórum necesario para avanzar con una reforma que organizaciones sociales, campesinas, ambientales y de derechos humanos consideran un paso más hacia la concentración de la tierra y la pérdida de soberanía sobre territorios estratégicos.

En Misiones, el debate adquiere una dimensión particular. No se trata de discutir una posibilidad futura. La provincia ya es uno de los casos más representativos del proceso de extranjerización de la tierra en Argentina.

Los datos oficiales analizados por el Observatorio de Tierras, Recursos Naturales y Medio Ambiente muestran que el 11,29% del territorio misionero, unas 325.750 hectáreas, ya pertenece a propietarios extranjeros. La mayor parte de esas tierras está en manos de capitales chilenos, con fuerte presencia sobre los departamentos que bordean el río Paraná.

No es un dato menor. Allí se concentra una de las mayores reservas de biodiversidad del país, nacientes, cursos de agua, áreas protegidas y una parte importante de la producción forestal y agrícola de Misiones.

El corredor del Paraná, bajo control privado

A diferencia de otras provincias donde la propiedad extranjera se distribuye entre distintos países, en Misiones existe un predominio del capital chileno.

Casi ocho de cada diez hectáreas extranjerizadas pertenecen a empresas o propietarios de ese origen. Detrás de esa cifra aparece un nombre conocido: Arauco, la multinacional forestal que opera en Argentina a través de Alto Paraná S.A. y otras sociedades vinculadas.

La empresa posee más de 240.000 hectáreas en Misiones, lo que la convierte en uno de los mayores propietarios privados de tierras del país.

Su actividad se basa en un modelo de plantaciones industriales de pino y eucalipto destinadas a la producción de celulosa. Distintos sectores productivos y organizaciones rurales cuestionan desde hace años la expansión de este esquema por el impacto que genera sobre la diversificación productiva, el acceso a la tierra y el arraigo de pequeños productores, además del daño al suelo y a los caudales de agua de alrededor. 

Los departamentos con mayor nivel de extranjerización coinciden, además, con el corredor del Paraná.

Iguazú encabeza el ranking provincial: cerca del 40% de su superficie rural pertenece a propietarios extranjeros. Le siguen Montecarlo, General San Martín y Eldorado, todos con porcentajes superiores al 16%. Un botón de muestra es el Hotel Internacional Hilton en el medio Parque Nacional, la selva Yryapú, territorio donde antes se asentaban comunidades mbya que fueron desplazadas para la explotación extranjera del lujoso Hotel. 

En otras palabras, el principal corredor ambiental, productivo y estratégico de Misiones también es el corredor donde la propiedad extranjera expande su presencia.

Puerto Libertad: un pueblo rodeado por una empresa

Las consecuencias de esa concentración ya forman parte de la vida cotidiana de algunas localidades.

Puerto Libertad es uno de los ejemplos más claros.

Según explicó públicamente su intendente, Fernando Ferreira, alrededor del 80% de las tierras útiles del municipio pertenece a una única empresa forestal, Arauco. Esa situación limita el crecimiento urbano, dificulta la apertura de nuevos barrios, la construcción de infraestructura y condiciona la planificación del desarrollo local.

Ante ese escenario, el municipio inició gestiones para comprar parte de esas tierras con el objetivo de garantizar futuras áreas de expansión para la ciudad.

Las declaraciones del jefe comunal pusieron sobre la mesa una realidad que trasciende a Puerto Libertad y que también preocupa a otros municipios donde la concentración de la tierra condiciona las posibilidades de desarrollo.

Más de veinte intendentes misioneros manifestaron inquietudes similares.

Una preocupación que trasciende 

El rechazo al proyecto que debatirá el Senado no proviene únicamente de sectores políticos opositores.

Más de treinta organizaciones sociales, campesinas, sindicales y ambientales de Misiones difundieron un documento conjunto en el que advierten sobre las consecuencias que podría tener la eliminación de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.

Entre los espacios firmantes se encuentran APAM, la Federación Nacional Campesina, la CTA Autónoma, ATE, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Movimiento Campesino de Liberación y diferentes organizaciones políticas y territoriales.

En ese documento recuerdan que tres empresas ya concentran más del 20% de toda la tierra rural de Misiones y sostienen que el 14% de las mejores tierras productivas de la provincia pertenece a capitales extranjeros.

Para estas organizaciones, flexibilizar aún más la legislación profundizará un proceso que lleva décadas y cuyos efectos ya son visibles en el territorio. Después de más de 20 años de gobierno del espacio político renovador, son cientos las familias rurales que aún no cuentan con la regularización de los títulos de propiedad de su terreno, por la burocracia y los costos que eso implica, con esta ley, también se corre riesgo de desalojos en cadena que dejen a nuestros productores en situación de mayor vulnerabilidad. 

Un debate que corre a la vera del Paraná

La situación no termina en la provincia.

Los informes del Observatorio muestran que Corrientes y Entre Ríos también presentan elevados niveles de propiedad extranjera sobre el corredor del Paraná, mientras que otras regiones del país, como Neuquén y parte de la Patagonia, arrastran desde hace años conflictos vinculados a la concentración de grandes extensiones de tierra en manos de empresarios y fondos de inversión extranjeros.

Sin embargo, Misiones aparece como uno de los casos más emblemáticos por la magnitud de la concentración y por el peso que tiene una sola empresa sobre buena parte de su territorio. En Posadas es muy notable como nos han dejado sin acceso a las costas naturales del río, a la que solo pueden acceder socios de clubes y políticos que hicieron sus mansiones y cercaron la costa con vistas privilegiadas. A cambio nos implantaron playas artificiales, sin sombra, donde el agua se estanca en bahías, se contamina y se llena de palometas en verano, es decir playas que poco podemos disfrutar en los veranos. 

Cómo se construyó la concentración de la tierra en Misiones

La concentración de la tierra en pocas manos es el resultado de un proceso que lleva décadas.

Durante los años noventa, en el marco de las políticas de privatización y apertura económica, grandes extensiones de tierras fiscales y activos públicos pasaron a manos privadas. En ese contexto, la entonces empresa Alto Paraná S.A. amplió su patrimonio hasta convertirse en uno de los principales propietarios de tierras del país. Con el tiempo fue adquirida por la multinacional chilena Arauco, que consolidó un modelo basado en grandes plantaciones de pino y eucalipto destinadas a la producción de celulosa.

Mientras la empresa crecía, cientos de pequeños productores, comunidades rurales y pueblos originarios enfrentaron cada vez más dificultades para acceder a la tierra o sostener su producción. El avance del monocultivo forestal transformó el paisaje de buena parte del norte misionero y profundizó un modelo económico concentrado en pocas manos.

La discusión que hoy vuelve al Senado se da sobre esa realidad. No parte de un escenario de igualdad, sino de una provincia donde una parte importante de las mejores tierras ya está concentrada y donde la expansión de grandes grupos económicos convive con las dificultades de miles de familias para acceder a un pedazo de tierra donde producir o vivir.

Los sectores que impulsan la reforma

Mientras organizaciones sociales, ambientales y campesinas rechazan el proyecto, parte del sector forestal salió a respaldarlo.

La Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) expresó públicamente su apoyo a la eliminación de los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros. Según publicó Plan B Misiones, la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM) también podría acompañar esa posición.

El argumento empresarial es que flexibilizar la legislación permitiría atraer inversiones y generar nuevas oportunidades para el sector forestal.

Sin embargo, las organizaciones que cuestionan el proyecto advierten que la experiencia de las últimas décadas muestra otra realidad. Sostienen que la llegada de grandes capitales no evitó la concentración de la tierra ni fortaleció el desarrollo equilibrado de las comunidades locales. Por el contrario, consolidó un modelo donde cada vez menos actores controlan mayores extensiones del territorio.

El debate, entonces, no se limita al origen del capital. También pone sobre la mesa quiénes toman las decisiones sobre el uso de la tierra, qué actividades económicas se priorizan y quiénes se benefician de la riqueza que generan los recursos naturales de Misiones.

En una provincia donde tres empresas concentran más del 20% de la tierra rural y donde una sola multinacional posee alrededor de 240.000 hectáreas, distintos sectores advierten que eliminar los límites existentes podría profundizar un proceso de concentración económica que ya condiciona el desarrollo de numerosos municipios y reduce las posibilidades de acceso a la tierra para las futuras generaciones. 

El voto de los senadores misioneros

El próximo 6 de agosto el proyecto volverá al recinto del Senado.

En ese contexto, organizaciones sociales, ambientales y campesinas convocaron a una movilización en Misiones para exigir que los tres representantes de la provincia —Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y Martín Goerling— rechacen la iniciativa.

La convocatoria plantea que la discusión excede una reforma legal. Para la mayor parte de la población, lo que está en juego es el control sobre la tierra, el agua, la biodiversidad y el modelo de desarrollo que tendrá la provincia en las próximas décadas.

Mientras el Gobierno nacional busca reunir los votos para aprobar la iniciativa, en Misiones el debate ya no gira únicamente alrededor de una ley. También interpela una pregunta de fondo: quiénes serán los dueños del territorio y quién decidirá sobre el futuro de los bienes naturales de una de las provincias con mayor biodiversidad del país.