El Senado debate la ley de "falsas denuncias" y una de sus principales impulsoras en Misiones está procesada por trata de personas

Este jueves el Senado tratará, además del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la iniciativa conocida como ley de "falsas denuncias". Mientras especialistas advierten que esta última podría desalentar las denuncias de violencia sexual y de género, en Misiones una de sus principales promotoras enfrenta un procesamiento confirmado por trata de personas con fines de explotación sexual. Además, continúa siendo docente titular del Consejo General de Educación.

Flor Bueno

El Senado Nacional debatirá el jueves 6 el proyecto impulsado por la senadora radical Carolina Losada que propone endurecer las penas por las denominadas "falsas denuncias".

Aunque en los últimos días el texto fue modificado para intentar reunir consensos,  especialistas en derecho, organismos de derechos humanos y organizaciones feministas sostienen que el problema de fondo sigue intacto: la iniciativa podría desalentar las denuncias de violencia de género, abuso sexual y violencia contra niñas, niños y adolescentes.

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una de las organizaciones que más viene siguiendo el tema, sostiene que la propuesta "no es una ley contra las denuncias falsas, sino una ley que castiga denunciar". Según ese organismo, las denuncias falsas ya están contempladas en el Código Penal, por lo que el proyecto no llena ningún vacío legal sino que incrementa las penas en un contexto donde el principal problema continúa siendo el subregistro de estos delitos.

Los números muestran esa realidad. Según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), alrededor de 500 mil personas sufren delitos sexuales cada año en Argentina, pero apenas una de cada diez realiza una denuncia. Casi el 40% de las víctimas son niñas, niños y adolescentes.

A eso se suma otro dato que preocupa: de acuerdo con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, solo el 18% de las mujeres víctimas de femicidio durante 2025 había denunciado previamente a su agresor. Para las organizaciones que cuestionan el proyecto, agregar una amenaza de prisión al momento de denunciar puede profundizar ese silencio.

El argumento central de quienes impulsan la iniciativa es proteger a personas acusadas injustamente. Sin embargo, especialistas advierten que la propuesta confunde dos situaciones completamente distintas: una denuncia deliberadamente falsa —que requiere demostrar que quien denunció sabía que mentía— y una denuncia que no pudo probarse, algo frecuente en delitos sexuales que suelen ocurrir sin testigos, en ámbitos privados y bajo situaciones de violencia, dependencia o amenazas.

Incluso la Organización de las Naciones Unidas recomendó al Estado argentino revisar la iniciativa para evitar que se convierta en un obstáculo para acceder a la Justicia.

Aunque la nueva versión del proyecto eliminó las referencias explícitas a la violencia de género y a los delitos sexuales, mantiene el endurecimiento de las penas y amplía las categorías sobre las que podría aplicarse. Para ELA, ese cambio no modifica el problema de fondo: una redacción más ambigua incluso podría habilitar interpretaciones más amplias por parte de los tribunales.

También cuestionan que el proyecto agrave las penas por consecuencias que no dependen de quien denuncia sino de decisiones posteriores de la Justicia, como una prisión preventiva o una restricción de acercamiento. En otras palabras, una persona podría enfrentar sanciones más severas por medidas que nunca decidió ni controló.

Las estadísticas tampoco respaldan la idea de una epidemia de denuncias falsas. Según datos del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos Fiscales, entre 2023 y 2025 apenas el 0,09% de más de ocho millones de causas analizadas correspondieron a denuncias falsas. Además, la enorme mayoría estuvo vinculada a conflictos patrimoniales, laborales o vecinales, y no a casos de violencia de género o abuso sexual.

La principal referente del proyecto en Misiones

Mientras esa discusión vuelve al recinto del Senado, en Misiones uno de los rostros más visibles de la campaña a favor de la ley enfrenta una situación judicial completamente distinta.

Se trata de Nilda "Lila" Dammer, quien desde la detención de su hijo Cristian Pereira encabezó movilizaciones tanto en Posadas como en la Ciudad de Buenos Aires reclamando la libertad de sus familiares y promoviendo públicamente el proyecto de Carolina Losada.

Durante los últimos meses participó de distintas convocatorias organizadas alrededor de la consigna de combatir las "falsas denuncias" y se convirtió en una de las principales impulsoras de esa agenda en la provincia.

Sin embargo, el jueves pasado la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó su procesamiento por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

La resolución rechazó el recurso presentado por su defensa, que pretendía el sobreseimiento o, al menos, la falta de mérito. Para los jueces Ramón González, Juan Manuel Iglesias y Rubén Quiñones, el procesamiento dictado durante la instrucción está respaldado por un conjunto de pruebas suficientes y no presenta arbitrariedades.

Con esa decisión, la investigación continúa avanzando hacia un eventual juicio oral, aunque todavía quedan instancias recursivas por agotar.

La causa investiga una presunta red de explotación sexual que habría funcionado en Posadas entre 2018 y 2019 y en la que también están procesados la expareja de Dammer, Benito Pereira, y su hijo Cristian Pereira. Ambos permanecen detenidos con procesamientos ya confirmados.

Según la acusación, la víctima fue captada mediante engaños, trasladada desde Buenos Aires hasta Posadas con la promesa de reencontrarse con su familia y posteriormente retenida durante varios meses en una vivienda de avenida Tomás Guido, donde habría sido obligada a mantener relaciones sexuales con distintos hombres a cambio de dinero que recibían los acusados.

El procesamiento confirmado y el avance de la causa

La investigación comenzó en septiembre de 2024, cuando una joven identificada como M.B.N. se presentó ante la División Trata de Personas de la Policía de Misiones para contar lo que, según su testimonio, había vivido durante años. A partir de esa denuncia se reconstruyó un recorrido que había comenzado mucho antes y que derivó en una causa por trata de personas con fines de explotación sexual.

Según la investigación judicial, la víctima conoció a Benito Pereira en 2012 y viajó con él a Buenos Aires. Allí comenzó a trabajar en un boliche donde, de acuerdo con su declaración, fue obligada a mantener relaciones sexuales con distintos hombres mientras Pereira administraba el dinero obtenido de esa explotación.

Ese primer tramo de los hechos dio origen a una causa independiente en la Justicia Federal de Buenos Aires, por la que Pereira permaneció detenido en dependencias de Gendarmería Nacional.

Años más tarde, en octubre de 2018, la joven fue trasladada nuevamente a Misiones. De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Justicia, el viaje fue organizado por Adriana Susana Matías, cuñada de Pereira, quien le prometió que finalmente podría reencontrarse con su familia.

Pero ese reencuentro nunca ocurrió.

Según la declaración de la víctima en Cámara Gesell, al llegar a una estación de servicio ubicada sobre la avenida Uruguay fue recibida por Nilda "Lila" Dammer y su hijo Cristian Pereira. Desde allí la llevaron a una vivienda de la avenida Tomás Guido al 5400, donde habría permanecido retenida durante varios meses.

La Cámara Federal entendió que existen elementos suficientes para sostener, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso, que Dammer participó activamente de esa maniobra. Por ese motivo confirmó su procesamiento por trata de personas agravada, prevista en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal.

Según el fallo, la docente habría intervenido en dos momentos centrales del delito: la captación de la víctima, al buscarla en la estación de servicio bajo el engaño de que volvería con su familia, y su posterior acogimiento, alojándola en la vivienda donde, siempre de acuerdo con la investigación, permaneció privada de su libertad y sometida a explotación sexual.

Un año bajo control permanente

La resolución judicial describe un escenario de aislamiento casi absoluto.

La joven declaró que le retiraron el teléfono celular, la documentación y el dinero que llevaba consigo. Tampoco podía comunicarse con su familia ni salir sola de la vivienda. Incluso relató que no tenía permitido utilizar el baño de la casa y que Dammer y su hijo controlaban todos sus movimientos.

De acuerdo con el expediente, era obligada a mantener relaciones sexuales con varios hombres por día. En su declaración recordó que algunas jornadas atendía a siete u ocho personas. El dinero, según reconstruyó la investigación, era recibido indistintamente por Nilda Dammer o por Cristian Pereira.

Los jueces sostienen que existen distintos elementos que respaldan ese relato y que no se trata únicamente del testimonio de la víctima.

Entre las pruebas mencionadas aparecen informes psicológicos, pericias realizadas durante la investigación, declaraciones de testigos y documentación elaborada por la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata.

También se incorporó un análisis de registros telefónicos elaborado por Gendarmería Nacional que ubicaría a la víctima en las inmediaciones de la vivienda durante todo el período investigado.

Otro elemento que la Cámara consideró especialmente relevante fueron los registros del Escuadrón Nº 50 de Gendarmería Nacional. Allí consta que entre noviembre de 2018 y abril de 2019 la joven visitó en al menos 38 oportunidades a Benito Pereira, quien permanecía detenido. En diez de esas visitas estuvo acompañada por Nilda Dammer, quien además declaró como domicilio el mismo inmueble de la avenida Tomás Guido donde la investigación ubica la explotación.

El embarazo y uno de los relatos más estremecedores de la causa

Uno de los pasajes más duros del expediente está vinculado al embarazo que atravesó la víctima durante ese período.

Según declaró, los acusados le exigían quedar embarazada lo antes posible cuando Benito Pereira obtuvo el beneficio del arresto domiciliario, porque entendían que eso podía favorecer su situación judicial y evitar la colocación de una tobillera electrónica.

La joven también contó que, cuando supieron que esperaba una niña, escuchó una conversación entre los acusados sobre qué hacer con la bebé una vez naciera.

Siempre según su testimonio, Cristian Pereira manifestó que no podían quedarse con la criatura, mientras que Nilda Dammer respondió que sí, porque representaría "otro ingreso más de dinero".

Ese tramo de la declaración fue incorporado por la Cámara como parte del análisis sobre el contexto de vulnerabilidad en el que se encontraba la víctima.

La Justicia rechazó los planteos de la defensa

Durante la apelación, la defensa de Dammer cuestionó la valoración de las pruebas y sostuvo que el procesamiento estaba basado en apreciaciones subjetivas del juez de instrucción.

La Cámara Federal descartó esos argumentos.

En su resolución afirmó que el procesamiento no se apoya exclusivamente en el relato de la denunciante sino en un conjunto de evidencias reunidas durante la investigación, suficientes para sostener la imputación en esta etapa del proceso.

Los camaristas también recordaron que el análisis definitivo sobre la responsabilidad penal recién se realizará durante un eventual juicio oral, donde las partes podrán producir toda la prueba y ejercer plenamente su derecho de defensa.

Docente titular del Estado provincial

Mientras la causa avanza en la Justicia Federal, Nilda Dammer continúa figurando como docente titular del Consejo General de Educación.

Según la planta nominal del organismo, integra el plantel de la Escuela para Adultos Nº 71, ubicada en el barrio Sol de Misiones, en Posadas, donde ocupa un cargo titular de 21 horas primarias.

La titularización fue otorgada mediante la Resolución Nº 1561/20, firmada por el entonces presidente del Consejo General de Educación, Juan Alberto "Colita" Galarza.

Los registros administrativos muestran que Dammer inició ese trámite en septiembre de 2019 y obtuvo la titularidad un año después.

Anteriormente también trabajó en el Bachillerato Orientado Provincial Nº 86 de Garupá.

En esa institución intentó obtener la titularización, aunque el Consejo General de Educación rechazó el pedido al considerar que su título no reunía los requisitos para acceder al cargo de Maestro de Enseñanza Práctica o Taller.

La documentación oficial también registra que en julio de 2019 obtuvo una licencia especial con goce de haberes mientras se desempeñaba en ese establecimiento.

El vínculo con Benilda Dammer y el silencio oficial

El BOP Nº 86 tiene otra particularidad: su directora titular es Benilda Dammer, exministra de Desarrollo Social de Misiones, quien continúa con licencia sin goce de haberes por desempeñar funciones dentro del Estado provincial.

Hasta el momento, ni el Consejo General de Educación ni Benilda Dammer realizaron declaraciones públicas sobre el procesamiento de Nilda Dammer ni sobre su continuidad como docente titular.

Tampoco hubo información oficial respecto de la apertura de algún sumario administrativo o de medidas adoptadas por el organismo educativo luego de que la Cámara Federal confirmara el procesamiento por un delito de extrema gravedad.

La situación adquiere una dimensión política adicional porque quien durante los últimos meses encabezó movilizaciones en defensa del proyecto de ley de "falsas denuncias" impulsado por Carolina Losada enfrenta ahora una causa que avanza hacia un posible juicio oral por trata de personas con fines de explotación sexual.

El contraste se produce, además, en la víspera del tratamiento previsto para este jueves 6 de agosto en el Senado, donde la iniciativa volverá a quedar en el centro del debate público junto con la reforma de la Ley de Tierras.