Cuando el Estado es el que mata: seis años de impunidad por el infanticidio de las niñas Villalba en Paraguay

El 2 de septiembre de 2020, las niñas Lilian Mariana y María Carmen Villalba (11) fueron asesinadas por militares de la Fuerza de Tarea Conjunta en el norte de Paraguay. Desde ese hecho atroz el Estado paraguayo no solo lo ha justificado, sino que ha profundizado el hostigamiento y la estigmatización y la persecución política contra el grupo familiar.

Cecilia Rodríguez

El crimen  de las niñas Villalba fue presentado por el entonces presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, como resultado de "un operativo exitoso" contra la organización Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en el que la FTC había abatido a dos mujeres dirigentes de la guerrilla.

En pocas horas se supo que se trataba de las dos niñas argentinas de 11 años, familiares de integrantes del EPP, que habían sido asesinadas por militares tras haber sido capturadas con vida en una zona boscosa de Yby Yaú, Concepción, Paraguay.

Ambas habían viajado desde su lugar de residencia en Puerto Rico, Misiones, Argentina. Las acompañaban su tía Laura y tres primas para conocer a sus padres, miembros del EPP, y fueron interceptadas por militares cuando intentaban regresar a su casa.

El fiscal Federico Delfino, responsable del operativo en el que las niñas fueron capturadas y asesinadas, se ufanó ante la prensa del seguimiento realizado por la FTC sobre la actividad en el improvisado campamento donde se encontraba el grupo familiar mientras buscaba el camino de salida de la zona boscosa, lo que indica que conocían la composición del grupo y su condición de civiles desarmadas.

Tras el impacto del anuncio sobre el "operativo exitoso", la versión oficial se cayó en minutos cuando la abogada Daisy Irala denunció la identidad y la edad de las víctimas. Sin embargo, lejos de admitir cuestionamientos, el gobierno paraguayo reordenó rápidamente su versión: primero afirmó que se trataba de adolescentes y, luego, ante la evidencia irrefutable de la edad de las niñas, responsabilizó a su familia por su suerte. 

En cuestión de horas, la familia Villalba, ya cuestionada por la pertenencia de algunos de sus miembros al EPP, pasó a ser presentada como una organización terrorista, como un esquema de adoctrinamiento para el reclutamiento de miembros de la guerrilla, como el sostén de la actividad terrorista en Paraguay desde su residencia en Argentina.

Una de las consecuencias de esta versión fue la imputación de la totalidad de las mujeres adultas de la familia y su pedido de captura internacional. Mientras tanto, el ataque del 2 de septiembre había sido solo el primero de una larga persecución: en él también resultó herida una de las primas de las niñas asesinadas, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba (14), hija de los principales referentes del EPP, quien recibió un disparo en la rodilla que la dejó con graves dificultades para desplazarse.

En esas condiciones, el grupo siguió intentando regresar a Argentina, bajo el hostigamiento permanente de las fuerzas militares, que lograron extraviarlas en zonas de la selva que desconocían totalmente. En noviembre de 2020 la FTC asesinó a tres integrantes del EPP que oficiaban de guías. Pocos días después, el grupo familiar se dispersó y se extravió en la zona del Cerro Guasú, en Canindeyú. Allí, bajo el cerco militar, se produjo la desaparición forzada de Lichita.

En diciembre de 2020, Laura Villalba fue capturada por la FTC mientras buscaba desesperadamente a su sobrina, en inmediaciones del lugar donde la habían dejado mientras iban a buscar agua y comida. Desde entonces permanece en prisión y es la única condenada por la muerte de las niñas, acusada de "omisión del deber de cuidado".

Poco después Carmen Villalba, la presa política más conocida del Paraguay y madre de Lichita, fue condenada a 18 años de prisión en una causa armada, justo cuando estaba terminando de cumplir la sentencia por la que se encuentra en prisión desde 2004.

Además, desde 2021 el Estado paraguayo ha sometido a Laura y Carmen Villalba y a su compañera Francisca Andino a condiciones degradantes de aislamiento y encierro, que actualmente cumplen en la ciudad de Emboscada.

El infanticidio de las niñas Villalba nunca fue investigado por el Estado paraguayo. El expediente fue iniciado por una denuncia de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), sin que ningún fiscal se interesara por el caso. Hasta la fecha, la justicia nunca permitió a la familia tomar conocimiento del contenido del expediente. Este año, la prensa paraguaya informó sobre el pedido de un fiscal para cerrar el caso.

Las denuncias presentadas ante instancias internacionales y la declaración del Comité por los Derechos del Niño de la ONU de 2025 sobre la responsabilidad del Estado paraguayo en el doble crimen no generaron preocupación alguna en las autoridades locales.

En cuanto a Lichita, a pesar de innumerables pedidos realizados por organismos de derechos humanos y de la recomendación del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU —que sugirió al Paraguay la aplicación de protocolos de búsqueda e investigación y la incorporación de la familia a esas tareas—, el caso nunca fue atendido por las autoridades paraguayas. 

Estas se niegan a investigar los crímenes cometidos contra las niñas y cargan la responsabilidad de lo ocurrido sobre la familia cuidadora, a la que acusan de criar niñas y niños para enviarlos a las filas de la guerrilla.

Por estas acusaciones, todo el grupo familiar que residía en Argentina debió pedir refugio político, soportó nuevamente el desarraigo, hostigamientos y allanamientos, y actualmente se encuentra en un exilio forzado, luego de que en 2024 la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipara la intención de la gestión nacional encabezada por Javier Milei de entregar al grupo familiar a Paraguay.

En estos largos seis años los gobiernos paraguayo y argentino han profundizado los lazos de cooperación en materia represiva y han cerrado filas tras la justificación de la violencia estatal sin límites. Actualizan asi viejas practicas tenebrosas: la represión ilegal, la violencia represiva sobre niñas y niños justificada en la actividad “terrorista” de sus congéneres.

Ante ese lenguaje de la muerte, se vuelve mas urgente que nunca el ejercicio de la memoria como resistencia a la deshumanización, y sobre todo para recordar a quienes quieren obviar lo inocultable: Lilian Mariana, María Carmen y Lichita ERAN NIÑAS.