Cannabis en Misiones: el proyecto presentado por la Diputada Soler retrocede en derechos humanos

El texto presentado en la Cámara como continuidad del trabajo de la Mesa Provincial de Cannabis elimina el autocultivo, la participación y el enfoque de derecho a la salud, deja la autoridad de aplicación en el Ministerio de Gobierno y trata a la planta como un problema de control. Lo que se dijo antes de la presentación no coincide con lo que dice el papel.

Flor Bueno

El jueves 22 de octubre, la diputada Arabela Soler presentó en la Cámara de Representantes de Misiones el proyecto de «Ley Provincial de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial» (expediente D-71652-26), firmado junto a otros seis legisladores, para su tratamiento en comisiones. Se esperaba que fuera la versión legislativa del trabajo de la Mesa Provincial Interinstitucional de Abordaje del Cannabis, el espacio creado en septiembre de 2024 por el Ministerio del Agro y la Producción, que reúne a los tres poderes del Estado, universidades, colegios profesionales, productores, cultivadores, usuarios y organizaciones civiles. Leído el texto, queda claro que el proyecto ingresado no es el que elaboró la Mesa.

Una invitación sin texto

La diputada y el Ministerio del Agro invitaron a integrantes de la Mesa a la presentación. El proyecto que se iba a presentar no fue enviado antes, algo que llamó la atención de varios integrantes del colectivo.

Antes de ingresar al recinto, frente a más de treinta personas de la comunidad cannábica, la diputada dijo que el texto tenía algunos cambios de forma, pero que respetaba e incluía el espíritu del proyecto de la Mesa, y que se sentía orgullosa de formar parte de ese equipo. También contó que el diputado Carlos Rovira no estaba de acuerdo con presentarlo ahora y que había sugerido esperar hasta junio de 2027.

El comentario se inscribe en el reacomodamiento político reciente: el bloque de la Renovación se dividió entre Encuentro Misionero y Movimiento por lo que viene, el espacio de Hugo Passalacqua, del que Soler forma parte.

Quienes escuchamos esas palabras esperábamos un texto fiel al de la Mesa. En cambio, lo que se presentó es otro proyecto.

Lo que cambió no es la forma

Se eliminó el organismo propio. El proyecto de la Mesa creaba la Agencia Misionera de Cáñamo Industrial y Cannabis Medicinal, con los ministerios de Salud, Agro e Industria trabajando en sus áreas. El presentado no crea ninguna agencia y designa como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Gobierno.

Se eliminó la participación. El Consejo Asesor de la Mesa tenía 15 integrantes, 8 de ellos de asociaciones y personas autorizadas, junto con el CONICET, las universidades y organismos científicos y de salud. En el texto presentado no existe ningún espacio de participación.

Desapareció el autocultivo. El proyecto de la Mesa lo reconocía de forma expresa, para sí, para un familiar o para una tercera persona. La palabra no aparece ni una sola vez en el texto presentado, que además aclara que las licencias provinciales no habilitan el transporte.

Las organizaciones dejan de ser actores. Ya no se inscriben en el registro provincial ni cuentan con el programa de adecuación para asociaciones y pequeños productores. Solo pueden pedir una licencia, con dictamen previo de un ministerio y además de las autorizaciones nacionales. Un dictamen desfavorable impide otorgarla, sin que la ley fije criterios ni plazos.

Se perdió el enfoque de derechos. Los fundamentos de la Mesa partían del derecho a la salud. Los del texto presentado son administrativos y no mencionan a la Mesa. Tampoco se conservaron el Banco de Germoplasma, que resguardaba variedades locales, ni la incorporación del cannabis y sus derivados al Vademécum de Salud Pública.

La autoridad de aplicación

La Policía de Misiones depende del Ministerio de Gobierno, es decir, está bajo la órbita del Poder Ejecutivo. El ministro de Gobierno, cargo que hoy ocupa Marcelo Pérez, ejerce la conducción política y la supervisión de la fuerza, coordina la política de seguridad provincial y los operativos, y trabaja con la plana mayor junto al jefe de Policía. Pérez está en el cargo desde el 10 de diciembre de 2015 y ha sido una de las piezas centrales del gobierno a lo largo de distintas gestiones. Su permanencia, a pesar de las rupturas políticas recientes, invita a pensar que los realineamientos son más de cara a la tribuna que de fondo.

Es esa cartera la que el proyecto designa para conducir una ley que debería garantizar el acceso a un tratamiento de salud. En la Mesa, el malestar por esa decisión fue una de las primeras reacciones puertas adentro. De nuevo, la policía antes que los productores y los usuarios y usuarias.

Un retroceso en derechos y un paso hacia la criminalización

El proyecto de la Mesa se apoyaba en el derecho a la salud y en la autonomía de las personas para elegir su tratamiento. El presentado retrocede en ese punto. Quita el reconocimiento del autocultivo, que para muchos pacientes es la única vía de acceso posible, y deja afuera a quienes usan y producen cannabis de las decisiones sobre cómo se aplica la ley.

Esa lógica demoniza la planta: la presenta como un riesgo a controlar y no como una herramienta terapéutica. La conducción queda en el Ministerio de Gobierno, cada actividad exige licencia y dictamen previo, y el régimen de sanciones, que suma la suspensión o revocación de licencias, no distingue entre un paciente, un cultivador y un operador comercial. Ese régimen ya existía en el proyecto de la Mesa, pero allí estaba equilibrado por derechos que ahora desaparecen.

Sin autocultivo reconocido y sin transporte habilitado, quienes cultivan para sí o para otros quedan fuera del marco legal. El texto no habla de criminalizar, pero esa combinación deja a muchos usuarios y cultivadores sin amparo y muy cerca de ser tratados como infractores.

Hay un antecedente reciente. En octubre de 2025, cultivadores registrados de Posadas fueron allanados por la Policía de Misiones y criminalizados en distintos medios, que replicaron la versión policial. Según relatan, contaban con su REPROCANN y con toda la documentación en regla, y estaban armando una asociación civil. En el allanamiento perdieron decenas de plantines y todo el equipamiento para un cultivo controlado. Hoy enfrentan un proceso judicial y no pudieron retomar su producción. Según relatan los afectados y consta en la causa, el procedimiento fue irregular y en el expediente no hay constancia de cuántas plantas se secuestraron; la cifra que circuló en los medios provino de la versión policial. La Mesa se pronunció entonces mediante un comunicado en el que repudió el «accionar desmedido» y la «exageración judicial», y exigió «una actuación judicial y policial basada en derechos humanos, evidencia científica y respeto a la ley». Y no es el único caso.

Ese antecedente alimenta la desconfianza hacia el papel que el proyecto le asigna al Ministerio de Gobierno.

El foco, corrido hacia el cáñamo

El capítulo de cáñamo industrial es valioso, y nadie en la Mesa se opone a él. Pero el texto presentado dedica tres artículos al acceso medicinal y cuatro al cáñamo, y es el único capítulo con fomento, capacitación y financiamiento. Lo que era un proyecto de acceso, participación y derecho a la salud se convirtió en uno de desarrollo productivo.

Intereses en juego

No es un fenómeno exclusivo de Misiones: en todo el país, donde se regula el cannabis a nivel local, intereses comerciales buscan incidir en el diseño de las leyes. Es una conversación que atraviesa congresos y encuentros del sector.

En el ámbito provincial, una asociación del sector tiene acceso directo al Ministerio del Agro, donde se creó el cargo de asesor de cannabis. Esa persona es la que más interés tiene en que prospere el proyecto presentado por la diputada Soler, con su foco en el cáñamo. Una vez más, el negocio de unos pocos amenaza con ponerse por encima de los derechos de los usuarios y usuarias, los pacientes y los trabajadores, de la salud y del acceso seguro.

Qué viene

Según el plan de labor de las comisiones publicado en la web de la Cámara, el proyecto figura por ahora en la agenda de la Comisión de Salud, que lo trata el jueves 29 de octubre a las 9:15. Después se irá girando a otras comisiones. Esta es la última semana de trabajo en comisiones y de sesiones del año, por lo que el debate continuará en 2027. La Mesa se reúne en estos días para consensuar y debatir cuáles son los puntos no negociables. Hay una premisa compartida: las leyes casi nunca se aprueban tal como se presentan, así que conviene definir con claridad qué no puede faltar.

Entre los reclamos que aparecen como centrales:

• El reconocimiento expreso del autocultivo, planteado por integrantes de la Mesa como un punto irrenunciable.

• Un espacio de participación con peso real para pacientes, cultivadores, asociaciones y el ámbito científico.

• Un enfoque centrado en el derecho a la salud y una autoridad de aplicación acorde, con participación activa de Salud Pública.

• Un lugar para las asociaciones y ONGs en el registro y en un programa de adecuación.

• Sanciones proporcionales, que distingan a un paciente de un operador comercial.

• La convocatoria formal de la Mesa para trabajar durante el tratamiento en comisiones.

La Mesa nació para que el acceso seguro al cannabis medicinal se discuta con quienes lo necesitan y lo producen. Ese es el espíritu que no puede perderse en el camino a la ley.