Abuso sexual infantil: Misiones encabeza las peores estadísticas
Hay datos que son insoportables y titulares que son brutales. Lo cierto es que pasan los años y este delito sigue en aumento en la tierra colorada, al igual que los embarazos y partos forzados de niñas y adolescentes. La impunidad de los hijos del poder está siempre a la orden del día, y las infancias crecen en un contexto de aumento mundial del grooming y de la producción y difusión de material de abuso sexual infantil (MASI), en medio de una brutal desfinanciación de los pocos programas preventivos que funcionaban.
No hay falsas denuncias, faltan denuncias. Un panorama que exige ESI YA
Las infancias no mienten: existen métodos y pericias científicas que permiten constatar la veracidad de un relato, y la Justicia debería arbitrar los medios necesarios para realizarlas con equipos interdisciplinarios idóneos.
La impunidad empieza desde el principio, con la prescripción de las causas en el fuero judicial. Sabemos que a una persona que sufrió abuso sexual en la infancia puede llevarle años hablar. Por eso, además, las víctimas exigen instancias de reparación, como protocolos de salud integral y de protección. La inocencia y la vulnerabilidad propias de la infancia favorecen la naturalización de estas prácticas abusivas por parte de quienes deberían protegerlas, ya que en la mayoría de los casos ocurren puertas adentro, en sus propias casas.
Desde la Secretaría de Acceso a la Justicia del Poder Judicial provincial se difundieron estas cifras: hasta noviembre del año pasado, esa oficina recibió 1.100 denuncias, de las cuales 215 involucran a niñas, niños y adolescentes. Dentro de ese grupo, 161 fueron por abuso sexual. Además, los informes internos revelaron que el 80% de estos hechos ocurrió en el entorno familiar y que los agresores son, en su mayoría, del círculo íntimo de la víctima. Misiones encabezó el ranking de denuncias en el NEA.
En el movimiento de mujeres y madres protectoras no nos cansamos de exigir Educación Sexual Integral (ESI), laica y científica, en todas las escuelas y comunidades. Son incontables los casos en que, a raíz de estas clases, niñas y niños pudieron identificar estas prácticas y denunciarlas. Es una ley vigente hace 20 años, pero poco aplicada en las aulas misioneras, y la responsabilidad por esa inacción recae en los ministerios de Educación nacional y provincial. Se trata de niñxs en emergencia que no pueden contar ni identificar el infierno que viven.
El cuadro de impunidad se completa con el gobierno de Javier Milei, que desde 2024 impulsa la mal llamada “ley de falsas denuncias”, primero de la mano de Mariano Cúneo Libarona y después de la senadora Carolina Losada. El proyecto busca reformar artículos del Código Penal vinculados a la falsa denuncia (art. 245), el falso testimonio (art. 275) y el encubrimiento (art. 277). Con esta ley dan un paso más en materia de encubrimiento de abusadores: apunta directamente contra las madres protectoras y los funcionarios públicos que denuncian, y busca garantizar la impunidad de estos casos.
Misiones, foco de la producción de MASI
La fiscalía de Ciberdelitos de Misiones comenzó a funcionar formalmente el 2 de enero de 2025 y recibió ese año un total de 386 reportes, según el fiscal Juan Pablo Espeche, quien reconoció un escenario en expansión de las formas de explotación sexual infantil. De esos 386 reportes, 262 son por MASI, es decir, por conductas que implican producir, financiar, ofrecer, comerciar, publicar, facilitar, divulgar o distribuir cualquier representación de una persona menor de 18 años en actividades sexuales explícitas o de sus partes íntimas.
Espeche subrayó que los reportes llegan a través de una organización internacional: “Todo lo que tenga que ver con material de abuso sexual infantil y grooming las denuncias o los reportes ingresan por una ONG, el National Center for Missing & Exploited Children”. Reconoció que “ese organismo detecta contenido sospechoso y lo remite a las autoridades, en un circuito que pasa por Buenos Aires antes de llegar a la provincia de Misiones.”
Es decir que en Misiones esta fiscalía no cuenta con la tecnología adecuada ni con procedimientos periódicos para detectar canales de difusión o producción de MASI. A juzgar por las estadísticas, tampoco cuenta con la voluntad política para hacerlo.
Los hijos del poder y las redes de pedofilia: Kiczka es la regla, no la excepción
Caso de José Raúl García Ramos. Es hijo de Silvina Ramos, quien fue durante décadas una de las directivas y contadoras del IPRODHA. El proceso judicial se inició en 2013, cuando la víctima tenía 5 años. El caso llegó a los medios nacionales cuando la víctima, ya con 15 años, cansada de esperar el juicio oral e ignorada por el Tribunal Penal presidido por la jueza Viviana Cukla (junto a Juan Manuel Monte y Ángel De Jesús Cardozo), exigió por medio de una carta escrita a puño y letra a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones ser escuchada y poder brindar su testimonio. El 12 de octubre de 2022, tras casi una década de encubrimiento y dilaciones, el tribunal absolvió al abusador por “beneficio de la duda”, en un fallo escandaloso. En 2024 esa absolución fue anulada y, gracias a la incansable lucha de sus abuelos, su madre y muchas mujeres que abrazaron a la familia, hace pocos días José García fue sentenciado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y la guarda, reiterado en múltiples oportunidades bajo concurso real. Actualmente cumple condena en una cárcel común de Misiones.

Caso de Fernando Ariel Skuarek. Es hijo de Hugo Skuarek, contador de las empresas Petrovalle, de Maurice Closs. La causa se inició en 2017 e involucró a menores víctimas de privación de la libertad, drogas y violencia. El juicio se realizó recién en septiembre de 2025, y el abusador contó con Francisco Oneto como abogado, también asesor legal de Javier Milei. Inicialmente Skuarek fue beneficiado con prisión domiciliaria, medida que se revocó en 2023. Tras un breve período detenido, logró su internación en una clínica privada de salud mental. Finalmente acordó una pena de 9 años en juicio abreviado. Sigue alojado en esa clínica, aunque no se le detectó ninguna enfermedad o trastorno que lo justifique.

Caso de los hermanos Kiczka. La investigación, impulsada por una ONG internacional, derivó en allanamientos a los domicilios de los Kiczka en Apóstoles. Desde el primer allanamiento, en febrero de 2024, la justicia federal demoró al menos cinco meses en proceder con los demás, pese a que ya contaba con la información necesaria. Recién en agosto el juez Farías dictó la orden de detención contra ambos hermanos y difundió el contenido incautado de los dispositivos: más de 600 archivos de material de abuso infantil, incesto y pedofilia. También los encubrió la Cámara de Diputados de la provincia, que debía proceder de inmediato al desafuero del diputado puertista Germán Kiczka y tardó cinco meses.

Finalmente, tras fugas y dilaciones, los hermanos recibieron una condena ejemplar, en un tiempo sin antecedentes dada la relevancia que tomó el caso a nivel nacional: Germán Kiczka fue condenado a 14 años de prisión efectiva por tenencia, facilitación y distribución de MASI, y Sebastián, a 12 años. Sin embargo, la Justicia misionera no hizo ninguna mención de reparaciones a las posibles víctimas, no desplegó operativos ni equipos interdisciplinarios en la localidad de Apóstoles, y no abrió nuevas investigaciones para dar con toda la red que se evidenció operar. Esto, a pesar de las varias denuncias previas de fiestas clandestinas con menores en los domicilios allanados y de que eran públicas las declaraciones escandalosas sobre abuso de menores de su socio e íntimo amigo Pedro Puerta, también legislador provincial en ese momento.
Son niñas, no madres: abusadas y forzadas a parir
En Misiones la natalidad no bajó, sino que creció: en 2025 se registraron 17.274 nacimientos en la provincia. De ese total, 71 corresponden a niñas de 10 a 14 años y 2.046 a adolescentes de 15 a 19 años. En el caso de las niñas, hubo una disminución de 22,2% (19 menos) respecto del año anterior. En cambio, entre las adolescentes hubo un aumento de 18 casos. En total, 2.117 niñas y adolescentes cursaron un embarazo y dieron a luz, lo que representa el 12,2% de todos los nacimientos del año.
El embarazo en niñas y adolescentes tiene un impacto directo en su educación: se traduce en deserción escolar, precarización y empobrecimiento. Esto ocurre en el contexto de los recortes al Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA) desde la llegada de Javier Milei a la presidencia.
La gestación es forzada cuando se trata de una menor y el embarazo es producto de una situación de abuso sexual y violación (art. 119 del Código Penal), dado que las niñas no tienen capacidad legal para consentir una relación de esas características. Organismos internacionales de derechos humanos, como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), consideran el embarazo y la maternidad infantil forzados formas de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esta calificación aplica cuando se obliga a una niña o adolescente menor de 15 años a llevar a término una gestación producto de violencia sexual, o cuando el Estado obstaculiza o niega su acceso a la interrupción legal del embarazo.
Según el informe de la cartera sanitaria provincial, el departamento General Belgrano encabeza la cantidad de niñas embarazadas, con 10 casos. Le siguen Iguazú y Capital, con 8 cada uno, y en tercer lugar San Pedro, Guaraní y Cainguás, con 7 cada uno. Apóstoles, Candelaria y Concepción registran un embarazo infantil cada uno. Entre las adolescentes embarazadas, los departamentos con más casos fueron Capital (330), Guaraní (229) y Oberá (218).
Actualmente, a través del Programa Provincial de Salud Integral del Adolescente, funcionan en la provincia 30 consultorios de atención adolescente, distribuidos en sólo 18 de los 79 municipios. El programa superó las 6.000 atenciones durante el primer semestre de 2026.
Exigimos el cumplimiento de la Interrupción Legal del Embarazo, que debe aplicarse de inmediato. También denunciamos la intervención de ONG cristianas en los hospitales, que cumplen el rol de “convencer” a las niñas de continuar los embarazos y parir.
¿Quiénes cuidan a las niñas y niños judicializados?
Algunos antecedentes
Año 2018. Un titular se repitió en los portales de los medios locales: “Violaron a niña en albergue de Desarrollo Social”. La adolescente tenía 16 años y había denunciado a su madre por violencia, por lo que el Estado provincial debía ponerla a resguardo. El juez la envió a un albergue, “y en ese lugar fue violada por un promotor de salud encargado del CAI (Centro de Atención Integral) dependiente de la Dirección de Infancia del Ministerio de Desarrollo Social provincial”. El caso fue denunciado por una psicóloga de un CAPS. Los medios no publicaron el nombre del violador, pero aseguraron que fue detenido.
Esta fue una de las denuncias que salpicó la gestión del entonces Ministro de Desarrollo Social, Lisandro Benmaor, quien actualmente continúa como funcionario público en el IPS.
En 2026, Benmaor reconoció que durante su gestión como ministro, en 2018, 201 niñas menores de 14 años fueron obligadas a continuar embarazos producto de violación en Misiones. Tras ese reconocimiento fue señalado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no haber informado lo actuado por el Ministerio.
Año 2019. Una mujer que trabajaba como cuidadora en un hogar de niños para infantes vulnerables de Puerto Rico aceptó, en juicio abreviado, una condena a 25 años por corrupción de menores agravada, ocurrida entre 2015 y 2018. Estuvo dos años prófuga.
“Ausencias y fugas” de los hogares estatales
Los antecedentes mencionados anteriormente no son los únicos. En los últimos años se repitieron “fugas” del Hogar “Papa Francisco”, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que no fueron denunciadas. Es momento de preguntarnos qué está pasando en esta institución estatal.
Muchas veces, los funcionarios que deberían actuar de oficio, realizando las denuncias formales por ausencia y desaparición, o la policía, que debería recibir esas denuncias de inmediato, recurren al concepto de “fuga adolescente” para deslindarse de toda responsabilidad de búsqueda o minimizar la gravedad de la situación. En una provincia con tantos pasos fronterizos y con tantos antecedentes de trata de personas, las primeras horas son clave para dar con el paradero.
Una compilación de los últimos hechos registrados en medios públicos
Septiembre de 2024. Dos adolescentes se fugaron un jueves del Hogar Papa Francisco, ubicado en la intersección de las avenidas Domínguez y Ruiseñor, en la ciudad de Posadas. Las jóvenes, identificadas como S. M. y M. A., de 16 y 14 años respectivamente, fueron intensamente buscadas por las autoridades. Tras el pedido de búsqueda registrado en septiembre de 2024, no se encuentran registros públicos que confirmen la aparición de las adolescentes.
Octubre de 2025. Dos niñas de 13 y 12 años se ausentaron sin autorización del Hogar Papa Francisco. Habrían sido engañadas y víctimas de grooming, y captadas por al menos cuatro hombres, entre ellos un policía de la provincia, que las secuestraron con fines de abuso y explotación sexual. Una de ellas logró escapar y pidió ayuda en una comisaría, donde indicó el lugar en el que retenían a la otra niña. Esta fue hallada el 14 de octubre en el predio abandonado de una fábrica en Ñú Porá, Garupá.
La Justicia dictó la prisión preventiva para tres de los hombres investigados. Están imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por dos o más personas y deberán permanecer alojados en la Unidad Penal VI. Sin embargo, el juzgado otorgó un beneficio a Cristian Rolando M. (39), el policía implicado, que también permanecía detenido: fue excarcelado bajo caución juratoria, lo que implica la prohibición de salir del país y una restricción de acercamiento y contacto con la víctima.
Año 2026. En lo que va de este año, los medios locales dieron cuenta de otras “fugas” de hogares estatales que involucraron a cinco menores. En agosto, tres menores se “ausentaron” del Hogar San Francisco: M. O. A., de 16 años, y M. L. Pérez, de 17 años, junto a la hija de una de ellas, de 2 años. La última “fuga” ocurrió en noviembre, cuando dos adolescentes de 14 y 16 años, alojadas en el Hogar Papa Francisco, permanecieron desaparecidas durante nueve días. Afortunadamente, todas fueron encontradas sanas y salvas, pero no se ahondó en las condiciones en las que se encuentran alojadas en estos hogares.
La responsabilidad del Estado
Estos hogares dependen administrativamente de la Subsecretaría del Niño, Niña y Adolescente, órgano estatal que debería garantizar las medidas de protección integral conforme a la Ley Nacional 26.061, de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En ese marco legal e institucional, le corresponde la supervisión, la regulación y la acción en materia de hogares convivenciales y similares. Esta estructura forma parte del Ministerio de Desarrollo Social de Misiones, que tiene la responsabilidad directa de supervisar los hogares convivenciales y garantizar la integridad de los menores alojados.
Entonces, ¿cómo es posible que, estando bajo custodia estatal, logren fugarse y queden expuestas a redes de trata?
Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes. Esta efeméride internacional nos invita a reflexionar sobre la desprotección y el nulo compromiso del Estado, tanto provincial como nacional, frente al drama que viven niñas y niños de los sectores más vulnerables de la provincia. No es un problema de algunas familias: las cifras van en aumento a nivel mundial.