Agua potable para pocos: medio año después, el reclamo contra SAMSA sigue sin resolverse

El reclamo de los vecinos contra SAMSA por aire en las cañerías y facturas de agua desproporcionadas sigue sin respuesta técnica. La pericia que aclararía si se cobró aire aún no tiene fecha, la deuda discutida acumula intereses y las familias se endeudan para no perder servicios básicos.

Flor Bueno

La Argentina en la que vivimos suma cada día más gente que se endeuda para cubrir lo básico. Según un informe del Instituto Argentino Grande citado en la nota ¿Cuánto más abuso? de Mandioca, uno de cada cuatro hogares se endeuda para llegar a fin de mes. En Misiones el problema tiene cifras propias, que repasamos al final.

En ese contexto, Mandioca volvió sobre un reclamo que empezó a principio de año y todavía no se resolvió: el de los vecinos que cuestionan facturas de agua desorbitantes de SAMSA. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo está hoy esa deuda que discuten?

Un reclamo que empezó a principio de año

Todo comenzó con vecinos de Itaembé Guazú que desconocían los consumos que les facturaba la empresa. Sostenían que la baja presión de la red y el ingreso de aire hacían girar los medidores. Cuando Mandioca publicó el manifiesto ciudadano, eran 15 familias con amparo. Hoy son 28 usuarios.

Así lo confirmó a Mandioca el abogado que los representa, Horacio Enrique Koncke. «En el litigio principal contra SAMSA represento a 28 usuarios, y patrocinamos además a vecinos que promovieron un segundo amparo conexo», explicó. Lo que los une, dijo, es «la dificultad de las familias para afrontar facturas que consideran desproporcionadas y para obtener una explicación técnica clara de los consumos reclamados».

Una deuda que no se puede pagar

Uno de los documentos que Koncke facilitó a Mandioca, muestra de qué magnitud hablamos. Es un resumen de cuenta corriente de SAMSA emitido el 20 de febrero de 2026, con vencimiento el 5 de marzo. Informa un monto a pagar de $2.618.801,90.

_{Resumen de cuenta corriente de SAMSA emitido el 20 de febrero de 2026. Documento aportado por el abogado Horacio Enrique Koncke, con datos personales ocultos.}

Con ingresos por debajo de la canasta familiar, una cifra así no se paga ni en cuotas. Según explicó Koncke, una factura elevada puede llevar a una familia a postergar alimentos o medicamentos para evitar el corte de un servicio esencial. Ya en marzo, en diálogo con otros medios, había advertido que mientras el reclamo no se resuelve la boleta sigue generando intereses.

También aclaró que no puede afirmar que todos los aumentos respondan a una misma causa técnica, ni que sean la principal causa del sobreendeudamiento en la provincia. Lo que reclaman, dijo, es que cada consumo cuestionado se verifique antes de exigir su pago.

Cuotas sobre una deuda discutida

Ahí aparece otro problema. Consultado sobre si existe una estrategia para generar «deudores cautivos», el abogado fue cauteloso: «No atribuiría una estrategia deliberada sin pruebas». Lo que sí ve es que, cuando se ofrece un plan de cuotas sobre una deuda cuyo origen técnico sigue en discusión, el usuario «puede sentirse obligado a aceptarlo para conservar el servicio», sin embargo; «Un convenio de pago no debería sustituir la investigación del consumo impugnado», afirmó.

En qué quedó la causa

Según el letrado, la acción principal fue reconducida a juicio sumarísimo y se dictó una medida cautelar de protección del suministro. La cautelar protege «a los usuarios expresamente alcanzados por la resolución». Ordena no cortarles el servicio por las deudas cuestionadas, reconectarlo sin costo si ya fue interrumpido y les permite optar por abonar el consumo mínimo de 15 m³ mientras se resuelve el litigio. También dispone medidas sobre la facturación y la ejecución de determinadas deudas. Koncke pidió no confundir el número de actores con el alcance de la cautelar. Sobre su cumplimiento actual, dijo que está verificando la situación de cada usuario y los eventuales incumplimientos.

La controversia se concentra hoy en la prueba hidráulica. Los usuarios solicitaron que la realice un perito ingeniero hidráulico designado judicialmente, con control de las partes. Debería examinar la presión de la red, la presencia de aire y su eventual incidencia en la medición del consumo. La Cámara rechazó una queja vinculada con esa prueba, y los usuarios presentaron un recurso extraordinario que fue elevado al Superior Tribunal de Justicia. Un segundo amparo conexo acaba de ser remitido al juzgado de la causa principal.

Que el STJ haga lugar al recurso no implica que la pericia se ordene automáticamente, aclaró Koncke. Por eso, dijo, «hoy no sería responsable dar un plazo concreto». Es decir, medio año después, la prueba que podría aclarar si se cobró aire todavía no tiene fecha.

El ente regulador y un informe fuera de plazo

Según informó el abogado, tanto SAMSA como el EPRAC hicieron presentaciones en el expediente. La empresa controvierte el reclamo. El EPRAC presentó un informe técnico que el juzgado declaró extemporáneo. Después el organismo cuestionó el cómputo del plazo, pero el juzgado mantuvo su decisión.

Koncke pide no sacar de ahí más conclusiones de las que corresponden. «Eso no significa, por sí solo, que las deudas queden anuladas o que el reclamo de los usuarios esté automáticamente probado», advirtió. Sí exige, agregó, que se respete el efecto procesal de esa decisión y que cualquier uso posterior del informe tenga «una fundamentación adecuada».

En su Nota 622/26, el EPRAC reconoció la posibilidad de ingreso de aire a la red en determinadas circunstancias y anunció controles. La Justicia le requirió que informara si había realizado el monitoreo de presión previsto y, de no haberlo hecho, cuándo lo haría. El abogado dijo no tener acreditada la conclusión de una auditoría que esclarezca «integralmente los hechos denunciados».

Qué puede hacer quien no tiene abogado

El letrado recomendó reclamar primero ante la prestataria, y luego acudir a Defensa del Consumidor y al ente regulador. Aconsejó conservar facturas, números de reclamo y registros de las interrupciones del servicio. Sobre la actuación de Defensa del Consumidor y del Defensor del Pueblo en estos casos, dijo no contar con información suficiente para evaluarla, en otras palabras, que actuación se puede evaluar si estos funcionarios nada hicieron por defender a lxs usuarios. 

«Lo importante es que exista una vía accesible para impugnar una factura y obtener una respuesta técnica antes de que la deuda se agrave», sostuvo. Pero sabemos que no todo se cocina en el escritorio de los funcionarios, en las notas presentadas o en los reclamos. Desde el manifiesto publicado en mandioca, inferimos que este escándalo de sobrefacturación sólo tomó estado de debate público cuando existe una organización entre los diferentes vecinxs, reclamos en la calle frente a la entidad, que destapan una caja provincial en la que todos se lavan las manos y algunos se llevan las valijas. El Eprac saca el 3% de cada factura pagada, con lo que podemos entender cuales son los intereses detrás de la poca predisposición para resolver las sobrefacturaciones. En medio del conflicto, La voz de Misiones publicó un informe donde denuncia que la proyección de la firma para 2025, de su plan de inversión, era de casi 5.000 millones de pesos para la mejora de servicios, pero apenas se ejecutaron 1.450 millones, el contrato firmado en 1999 finaliza en 2030, y las inversiones en infraestructura para Posadas y Garupá culminaron. El grupo a cargo de este servicio es un fondo de inversiones que está a la venta; en el medio el EPRAC sigue sin controlar, el gobernador no se expidió sobre el tema y los vecinos de las ciudades más habitadas de Misiones siguen en el medio de esta estafa. 

Cada verano, barrios enteros de Posadas sufren cortes o sólo tienen suministro de agua potable en algunas franjas horarias. Una factura promedio del barrio Rocamora, ronda los 70 mil pesos (es decir el 10% del salario promedio de un misionero), mientras que un barrio más retirado ronda los 30 mil pesos, no se entiende de qué depende la facturación, ¿del consumo,  o de la cercanía del barrio al centro de Posadas?. 

En otras provincias donde el agua lleva un proceso de desalinización, las facturas promedio rondan entre 15 y 20 mil pesos. Además, hay casos en que se cobra un mínimo de 15 mt cúbicos por “defecto”, y en los casos que no se llega a ese consumo el usuario debe realizar un trámite más, que se gestiona presencialmente en el EPRAC, para que te “beneficien” con un descuento por “cuidar el agua”.  

El problema tampoco es solo del suministro de agua. Koncke patrocina a al menos cinco usuarios en un caso contra Energía de Misiones, por facturas de energía eléctrica que consideran excesivas y cuya correspondencia con el consumo real piden verificar.

El pedido central, resumió Koncke, no es que se dé por cierta la denuncia de cobro de aire, sino que se produzca la prueba técnica necesaria para confirmar o descartarla. «Los usuarios tienen derecho a conocer qué se les está cobrando y por qué», sostuvo. 

Endeudarse para no quedarse sin servicio

Lo que pasó en Itaembé Guazú no es un caso aislado dentro del panorama provincial. Un dossier del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con datos del Banco Central y de la Central de Deudores, muestra que a julio de 2026 había en Misiones 165.158 personas con deudas en situación irregular. De ellas, 109.974 estaban clasificadas como «irrecuperables»: dos de cada tres morosos, el 66,6%, en la categoría más severa de insolvencia.

El endeudamiento misionero tiene una particularidad: el peso de las billeteras virtuales. La morosidad llega al 11,2% en los bancos tradicionales y al 41% en las plataformas de crédito digital. De los 165.158 morosos de la provincia, 98.443 tienen deudas irregulares exclusivamente con billeteras virtuales. El monto promedio de deuda morosa es de $1.668.401, por debajo del promedio nacional, pero concentrado en segmentos de alto riesgo.

El perfil también preocupa. El 70,8% de los deudores tiene entre 25 y 54 años, y el grupo más golpeado es el de 25 a 34 (50.284 personas): gente en plena edad laboral. Misiones ocupa el noveno lugar del país en cantidad de morosos y el 16 en tasa de morosidad, con un 17,1% frente al 15,7% del promedio argentino. Passalacqua dió una solución que no soluciona, solo te pueden descontar el 30% del salario si sos empleado estatal, mientras los aumentos de salarios provinciales no acompañan hace mucho tiempo el costo de la canasta familiar, lo único que crece es la deuda. 

Los datos no dicen para qué se tomó cada deuda. Pero detrás de las cifras se repite una lógica: pagar la luz o el agua para evitar el corte, cancelar una tarjeta, cubrir un costo de vida cada vez más alto con ingresos que no acompañan. En ese cuadro, discutir una factura no es un capricho: puede ser la diferencia entre pagar de más y quedar endeudado. Y para los vecinos que empezaron el reclamo a principio de año, la respuesta técnica sigue pendiente.